“Duque tuvo todo para unir a Colombia, pero entrega un país profundamente dividido”

En septiembre de 2016, pocos días después de la firma de la paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, Gonzalo Sánchez, entonces director del Centro de Memoria Histórica, se mostraba optimista. El país por fin se asomaba a un camino para cerrar un conflicto de más de cinco décadas. “El gran reto de Colombia es saber administrar un país sin las FARC y reorientar su política, que se ha concentrado en luchar contra ese grupo armado”, decía a este diario. A seis meses de que Iván Duque llegue al fin de su m...

En septiembre de 2016, pocos días después de la firma de la paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, Gonzalo Sánchez, entonces director del Centro de Memoria Histórica, se mostraba optimista. El país por fin se asomaba a un camino para cerrar un conflicto de más de cinco décadas. “El gran reto de Colombia es saber administrar un país sin las FARC y reorientar su política, que se ha concentrado en luchar contra ese grupo armado”, decía a este diario. A seis meses de que Iván Duque llegue al fin de su mandato, Sánchez reflexiona sobre los tropiezos que no han permitido que la paz sea completa.

Según Naciones Unidas, 303 exguerrilleros, que intentaban reintegrarse a la vida civil, han sido asesinados y en las regiones donde la guerrilla hacía presencia la violencia no cesa. La ausencia estatal ha dado espacio para que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y otros grupos armados tomen el control de algunas zonas y los desplazamientos, masacres y asesinatos selectivos son parte de la cotidianidad de Colombia, como lo era antes del acuerdo. Gonzalo Sánchez, Premio Nacional de Paz 2016, responde vía correo electrónico algunas preguntas para tratar de entender por qué el país todavía no se deshace de la violencia, que este año ya deja 17 líderes sociales asesinados y cientos de familias buscando un lugar para refugiarse tras haber sido forzadas por la violencia a dejar sus casas.

Pregunta. Pocos días después de la firma de la paz, en 2016, usted decía que el acuerdo permitiría “desenterrar” la verdad sobre el conflicto armado en Colombia. ¿Le parece que lo que se ha conocido cumple con esas expectativas?

Respuesta. Yo asumía que, tras la firma, cualquiera que fuera el Gobierno iba a tener continuidad en las políticas de paz, pero no fue así. Las tareas de producción de verdad tropezaron con varios obstáculos: uno político, la animadversión gubernamental; otro más estructural, la persistencia del conflicto armado bajo otras formas, y un tercero, la crisis sanitaria —por la pandemia— que impuso límites a la escucha en los territorios de las comunidades y las víctimas.

P. Este año se conocerá el informe de la Comisión de la Verdad con el que se espera saber aspectos, ignorados hasta ahora, sobre el conflicto en Colombia. ¿Cree que será suficiente?

R. Esperamos aportes sustanciales con ese informe, pero no hay ni habrá verdad total. La verdad no es un producto sino un programa. Queda una gran tarea para las nuevas generaciones. En este país hay un enorme acumulado social e institucional de verdad y de memoria.

P. Usted decía que el reto de Colombia tras el acuerdo era reorientar su propuesta de país, que durante décadas estuvo enfocada en la lucha contra las FARC, ¿cómo evalúa la política del Gobierno de Iván Duque en ese sentido?

R. Este Gobierno se empeñó en darle vida prestada a las disidencias de las extintas FARC. Le dio más atención a esos grupos que a las demostraciones cotidianas de paz del grueso de la exguerrilla y de los firmantes del acuerdo, que se cobijan hoy con el nombre de Los Comunes. No ayudó tampoco, claro está, el enorme retraso en el cambio de nombre [de FARC a Los Comunes]. La ambigüedad se prestó para calculados abusos. Los crímenes de los disidentes se atribuyen equívocamente a los reincorporados que están cumpliendo. Este Gobierno insistió en las políticas de guerra para una época de paz. Esto hizo que el país siguiera prisionero de los discursos y dinámicas de una guerra.

P. ¿Cambió en algo la forma de afrontar la violencia?

R. Se suponía que los acuerdos de paz debían acelerar el tránsito hacia una nueva visión de seguridad ciudadana, democrática y garante de derechos, como el de la movilización y la protesta legítima. Ese tránsito ya estaba en curso con el sector del Ejército comprometido con el acuerdo, que había entendido los nuevos tiempos, pero Duque decidió darle alas al sector que sigue viendo como subversivos a los ciudadanos inconformes. Duque tuvo todo para unir al país, pero lo entrega profundamente dividido.

P. ¿Las extintas FARC han cumplido con su parte en el proceso de paz?

R. Tienen muchos pendientes en materia de justicia y de verdad, pero es relevante señalar que pese a que casi a diario asesinan a un excombatiente, siguen convencidos de que el camino es la paz. Hay una miopía selectiva en la exigencia de responsabilidades a las dos grandes partes de la guerra: la insurgencia y el Estado.

P. Las disidencias de las FARC parecen haberse convertido en un nuevo actor del conflicto.

R. Las fracciones que se desmembraron del tronco originario de las FARC [las disidencias] ya no tienen un norte político y están enredadas en las peleas de las mafias. Digámoslo sin ambages, la guerra que persiste es una guerra sin sociedad.

P. ¿Qué es lo más preocupante de que haya puntos del acuerdo que todavía no están cumpliéndose como se esperaba?

R. La paciencia del Santo Job no es eterna. Un desmoronamiento de los acuerdos, acompañado de la prolongada aniquilación de los firmantes va dejando sin razones las bondades de la paz. La primera garantía que los firmantes le piden a su contraparte estatal es la garantía de la vida.

P. ¿Cómo califica la propuesta de país del Gobierno que está por terminar?

R. Duque y el partido de Gobierno le impusieron a Colombia un programa negativo, que se resume en desmontar la paz interior, y azuzar la conflictividad en las fronteras. Gendarme de la democracia en el vecindario y déspota en la respuesta criminalizante a la protesta social, con decenas de muertos, de lesionados y torturados, como lo pudo ver todo el mundo en cámaras de televisión y de celulares de manifestantes, transeúntes y observadores desprevenidos.

P. ¿Cuál debería ser el compromiso de quien llegue a la presidencia en las próximas elecciones?

R. Como sociedad deberíamos demandarle al nuevo presidente que su compromiso programático mínimo sea cumplir con la Constitución de 1991 y con lo pactado en La Habana y ratificado en el Teatro Colón de Bogotá. El programa está, hay que elegir al que tenga la capacidad y voluntad de realizarlo.

P. Acaba de salir la segunda edición de su libro Caminos de guerra, utopías de paz. ¿Es la paz la gran utopía de Colombia?

R. Antes que la paz, la democracia. Lo que está en crisis en Colombia es la democracia. Las cifras que nos presentan como una de las sociedades más desiguales del mundo, o de mayor número de desplazados o del mayor número de ambientalistas asesinados, se nos están volviendo rutina. Y a ello se suman las exclusiones y marginalidades generadas o acentuadas por la pandemia, además de las aberraciones de la corrupción sistémica que atraviesa todos los mecanismos de intermediación social, incluidos los mecanismos de decisión electoral. Colombia tiene que sacudir su conciencia crítica y romper con las inercias del mal alumno sin remedio.

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