22 periodistas e integrantes de ‘El Faro’, espiados con Pegasus durante el mandato de Bukele

Los teléfonos móviles de más de la mitad de los trabajadores del medio digital salvadoreño El Faro estuvieron intervenidos entre junio de 2020 y noviembre de 2021, según pudieron verificar The Citizen Lab, un laboratorio especializado en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, y Access Now, una organización que vela por la protección de los derechos digitales. Ambas organizaciones examinaron durante tres meses, de sep...

Los teléfonos móviles de más de la mitad de los trabajadores del medio digital salvadoreño El Faro estuvieron intervenidos entre junio de 2020 y noviembre de 2021, según pudieron verificar The Citizen Lab, un laboratorio especializado en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, y Access Now, una organización que vela por la protección de los derechos digitales. Ambas organizaciones examinaron durante tres meses, de septiembre a diciembre de 2021, los teléfonos iPhone de todos los miembros de El Faro y la conclusión es contundente: los aparatos de 22 miembros del periódico fueron intervenidos con Pegasus, el software de espionaje de la empresa israelí NSO Group.

El espionaje detectado y que este miércoles reveló El Faro fue dirigido contra todos los estamentos posibles del diario: editores, redactores, miembros de la junta directiva y hasta personal administrativo. En casi todos los casos, el equipo permaneció bajo constante vigilancia a lo largo de 226 intervenciones distintas.

Desde su llegada al poder en junio de 2019, el diario salvadoreño está en el centro de las iras del presidente Nayib Bukele después de que el periódico digital revelara, entre otras cosas, el acuerdo entre su Gobierno y las pandillas para la pacificación del país, así como otros casos de corrupción que afectan a sus colaboradores.

La empresa dueña del software, NSO Group, ha declarado que solo vende el programa de espionaje Pegasus a gobiernos bajo la autorización del Ministerio de Defensa de Israel. Las organizaciones internacionales que han hecho el peritaje de los teléfonos de El Faro han liderado procesos similares con periodistas, activistas u opositores de otros países en las que concluyeron que todo apuntaba que fueron los respectivos gobiernos los que estuvieron detrás de las intervenciones. EL PAÍS ha tratado de obtener la versión del portavoz del Gobierno salvadoreño, Ernesto Sanabria, sin que haya habido respuesta alguna.

En un comunicado enviado a la agencia Reuters, la oficina de comunicaciones de Bukele dijo no ser cliente de NSO Group. Además, asegura que su Gobierno está investigando el supuesto ataque cibernético y que tienen indicios de que algunos altos funcionarios podrían también tener sus teléfonos intervenidos y ser “víctimas de ataques”.

En el caso de El Faro, entre los más espiados destacan el jefe de Redacción, Óscar Martínez, víctima de 42 pinchazos; el subjefe de Redacción, Sergio Arauz, con 14; el corresponsal de El Faro en Estados Unidos, José Luis Sanz, 13, y el editor mexicano, Daniel Lizárraga, antes y después de que el Gobierno salvadoreño lo expulsara del país en julio.

El caso más llamativo es el del periodista Carlos Martínez, quien ha firmado todas las publicaciones relacionadas con pactos de políticos y pandillas desde 2012. El reportero estaba siendo escuchado en el momento mismo en que Citizen Lab y Access Now analizaban su teléfono en noviembre de 2021. En esos momentos, Martínez ya investigaba las negociaciones de la MS-13 con el Gobierno y había publicado que las negociaciones incluyeron a las tres pandillas. Este pinchazo revela para los investigadores “un caso sin precedentes”, según el laboratorio de Toronto. “Es muy raro agarrar una infección cuando está viva”, según el investigador de The Citizen Lab Scott-Railton. Contactado por EL PAÍS, el periodista Carlos Martínez considera que Bukele está detrás del robo de información. “Esta operación de espionaje ilegal contra el periódico es coherente con los distintos ataques de Bukele contra El Faro desde que comenzó su gestión. Este ataque tiene que ver con las campañas de difamación contra nosotros, con la utilización de instituciones públicas para atacar al periódico y las abusivas auditorías o las acusaciones en televisión sobre que somos lavadores de dinero. Las escuchas a las que somos sometidos son coherente con esta forma de actuar”, explicó.

Otro de los casos destacados es el de Carlos Dada, director de El Faro y presidente de la junta directiva, quien fue víctima de 12 pinchazos. Por la duración de los mismos, la investigación permite concluir que estos se mantuvieron activos durante 167 días distribuidos entre julio de 2020 y junio de 2021. Cada uno de estos pinchazos, que cuesta miles de dólares, permite al programa el acceso completo al contenido del teléfono: extracción de mensajes, imágenes o cualquier archivo, activación de la cámara y el micrófono, robo de sesiones en aplicaciones de redes sociales, acceso a los adjuntos de los mensajes de texto, aplicaciones de mensajería, de correo electrónico, y también la posibilidad de que acceder a las bitácoras de geolocalización, registros de llamadas y actividad de navegación en sitios de internet.

Entre los periodistas con 10 o más robos de información están Gabriel Labrador, con 20; Julia Gavarrete, con 18 (incluidas 15 intervenciones en su teléfono personal y tres en el institucional); Gabriela Cáceres, con 14; Roxana Lazo, con 12, y Efren Lemus, con 10. Además, hay implicados periodistas del medio Gatoencerrado contra quien Bukele ha dirigido varios de sus ataques.

Durante los meses en que los periodistas fueron espiados, se realizaron investigaciones sobre la negociación entre el Gobierno y las pandillas, el robo de alimentos destinados a la pandemia por parte del director de Centros Penales y su madre, las negociaciones secretas de los hermanos de Bukele para el desembarco del Bitcoin o el patrimonio de algunos funcionarios del actual Gobierno.

El espionaje contra El Faro, sin embargo, no se limitó a la Redacción. El teléfono del gerente general, Carlos Salamanca, estuvo intervenido entre septiembre y octubre de 2020, justo cuando se intensificaron las auditorías de Hacienda contra el periódico. Lo mismo sucedió con el gerente administrativo, Mauricio Sandoval. Sandoval fue intervenido, en otros momentos, el 6 de julio día que recibió la notificación institucional enviada por Migración que ordenaba al editor Daniel Lizárraga abandonar el país en 24 horas.

Precisamente Lizárraga representa uno de los casos más sangrantes del espionaje contra los periodistas. Lizárraga ha sufrido el brutal espionaje de Pegasus en dos ocasiones: la primera en México, como miembro del equipo de la periodista Carmen Aristegui y la segunda en El Salvador como parte de El Faro. Su caso puso por primera vez el escándalo de Pegasus sobre la mesa cuando se descubrió que el gobierno de Peña Nieto utilizó el programa para espiar a Lizárraga, quien participó en las revelaciones sobre la “Casa Blanca” como se conoció el escándalo que implicaba a la esposa de Peña Nieto en la compra de una mansión con dinero de un constructor agraciado en la concesión de obras públicas. El escándalo reveló que, para espiar, Pegasus es el arma favorita de los gobiernos con tentaciones autoritarias.

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