Los acuerdos anulados entre la UE y Marruecos: más carga política que económica

La anulación de dos acuerdos entre Marruecos y la Unión Europea –el de pesca y el de libre comercio y productos agrícolas– por parte del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) tiene un gran calado político. Pero el aspecto económico parece muy secundario si se entra en el detalle. El organismo europeo canceló los acuerdos porque implican comerciar con productos del Sáhara Occidental y desplegarían sus efecto...

La anulación de dos acuerdos entre Marruecos y la Unión Europea –el de pesca y el de libre comercio y productos agrícolas– por parte del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) tiene un gran calado político. Pero el aspecto económico parece muy secundario si se entra en el detalle. El organismo europeo canceló los acuerdos porque implican comerciar con productos del Sáhara Occidental y desplegarían sus efectos sobre un territorio que la comunidad internacional no reconoce como parte de Marruecos. Las sentencias pueden ser recurridas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tendrá la última palabra.

Marruecos está convencido de que la justicia europea terminará manteniendo los acuerdos tal como están. Y el Frente Polisario considera que rectificar el veredicto del Tribunal General sería un escándalo sin precedentes en la UE. Oubi Bucharaya, el representante de la organización saharaui ante la UE, señala que si Europa “violase las resoluciones de su propia justicia solo para tener a Marruecos como socio en una situación de privilegio, Marruecos ya no se sentirá obligado con Naciones Unidas para descolonizar el territorio”.

En cualquier caso, tanto las fuentes marroquíes consultadas como el Frente Polisario coinciden en señalar que las implicaciones políticas de los dos acuerdos son mucho mayores que las económicas.

Cada vez que se menciona el acuerdo sobre pesca se recuerda que afecta a 128 barcos, de los cuales 93 son españoles. Lo que no se suele precisar es cuántos de ellos faenan en el Sáhara Occidental. Las embarcaciones españolas se dividen en cinco categorías (cerco, palangre de fondo, artesanal sur, arrastre de fondo y atuneros cañeros). Y de ellas, solo las categorías artesanal sur y arrastre de fondo trabajan en aguas adyacentes al Sáhara Occidental. En total suman 22 barcos de los 93 españoles. Pero eso no significa que faenen cada año 22 barcos españoles en el Sáhara. Este año, por ejemplo, apenas ha sido una quinta parte de la capacidad disponible, según afirman fuentes conocedoras del acuerdo pesquero.

Hay una sexta categoría dentro del acuerdo que no afecta a ninguna embarcación española. Es la que se dedica a la pesca pelágica industrial. Solo son 18 barcos los que faenan, pero capturan más toneladas que el resto de embarcaciones. Y la mayoría de ellos proceden de Alemania y de Países Bajos.

Para España, el interés económico directo existe. Pero es mucho mayor el peso político que envuelve el acuerdo. Una fuente europea conocedora de las negociaciones indica, bajo la condición de anonimato, que al Gobierno español puede convenirle en este momento defender los intereses de Marruecos ante la Unión Europea, para que Rabat siga su camino de restablecer relaciones con Madrid. “Y es muy probable que en ese asunto se vea apoyada por Alemania y Países Bajos”, añade.

La misma fuente explica que a Marruecos el litigio en Europa le sirve para reclamar su control sobre el Sáhara Occidental, “aunque el beneficio económico que saca de los acuerdos no sea tan importante”. “Y al Frente Polisario, con Argelia detrás, esto le sirve para que se le reconozca como personalidad jurídica ante la UE y para que un tribunal sostenga que el Sáhara Occidental no pertenece a Marruecos”, concluye.

Marruecos, a cambio de permitir el acceso tanto a sus aguas como a las del Sáhara Occidental, percibe una media de 50 millones anuales de euros, según contempla el último acuerdo pesquero, vigente desde 2019 hasta 2023.

Un antiguo embajador marroquí ante la Unión Europea indica, también con la condición del anonimato, que el valor económico de esos acuerdos es insignificante respecto a su importancia política. El antiguo diplomático sostiene que en su día transmitió ante sus colegas europeos el siguiente mensaje: “La solución del Sáhara Occidental es una prerrogativa exclusiva del Consejo de seguridad de la ONU. Llegará un día en que se pronunciará jurídicamente. Pero mientras tanto, la población que vive en ese territorio tiene derecho al desarrollo. Y Marruecos ha invertido mucho desde su recuperación en 1975. Por cada euro producido en el Sáhara, el Estado destina siete”.

“Marruecos continuará invirtiendo”

La misma fuente marroquí señala que cuando la Unión Europea firma con Marruecos acuerdos de libre cambio que incluyen al Sáhara Occidental “está siendo coherente con su postura de defender el comercio internacional como elemento de desarrollo entre los pueblos”. Y se pregunta: “¿Es que no hacer participar al Sáhara del comercio internacional sería una solución justa? No, sería castigar a la población. Y Marruecos, al margen de la decisión del tribunal, continuará invirtiendo en sus provincias del Sur”.

Por su parte, el representante del Frente Polisario ante la Unión Europea advierte de que, según su organización, Marruecos exporta cada año por valor de 500 millones de euros solo en productos relacionados con el primer acuerdo agrícola y de libre asociación. “Se trata de harina de pescado, conservas, aceite de pescado… Respecto a las cifras del acuerdo pesquero, no las tenemos. Pero son muy importantes. Porque, además, contribuyen a la creación de infraestructuras”.

Oubi Bucharaya subraya que no solo hay que tener en cuenta la carga económica de los acuerdos hoy en día, sino en el potencial de todo lo que se puede hacer mañana. “Si este expolio no se detiene de una vez para siempre, Marruecos puede implicar a todo el mundo en este robo”.

El representante del Frente Polisario opina que la doble sentencia del Tribunal General de la Unión Europea “ha borrado definitivamente el argumento de que el pueblo saharaui se beneficia del desarrollo económico”.

Los recursos ante el Tribunal de Justicia europeo deberán presentarse antes de dos meses. Y su decisión inapelable llegará dentro de dos años. Mientras tantos, los dos acuerdos seguirán vigentes. Y las negociaciones políticas, también.

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