Cientos de bancos europeos financian negocios en los asentamientos israelíes en Cisjordania

Después de que Airbnb diera marcha atrás en 2019 a la decisión de dejar de ofrecer en su plataforma digital alojamientos en los asentamientos de Cisjordania, el fabricante de helados Ben&Jerry, también estadounidense, anunció el pasado julio que a partir de 2022 excluirá de la venta de sus productos a las colonias judías. La economía ha abierto un nuevo frente en el conflicto palestino-israelí, marcado por más de medio siglo de ocupación. Una ...

Después de que Airbnb diera marcha atrás en 2019 a la decisión de dejar de ofrecer en su plataforma digital alojamientos en los asentamientos de Cisjordania, el fabricante de helados Ben&Jerry, también estadounidense, anunció el pasado julio que a partir de 2022 excluirá de la venta de sus productos a las colonias judías. La economía ha abierto un nuevo frente en el conflicto palestino-israelí, marcado por más de medio siglo de ocupación. Una investigación hecha pública este miércoles por una coalición de 23 organizaciones árabes y europeas ha desvelado que 672 entidades de crédito europeas financian empresas con negocios en los asentamientos desde hace cerca de cuatro años. Entre los bancos examinados por sus relaciones con 50 empresas que operan en colonias que han sido declaradas ilegales por la ONU figuran los principales bancos españoles. El informe no detalla si la inversión de estas entidades se destina a los proyectos de infraestructuras en los territorios ocupados o si solo financian a empresas que operan en esos territorios.

La publicación en 2020 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de una base de datos o lista negra de 112 empresas que hacen negocios en los asentamientos –en su mayoría israelíes y estadounidenses– marcó un giro a la actividad empresarial en territorio palestino bajo ocupación israelí. Grandes fondos de pensiones como el noruego KLP (funcionarios locales) han retirado ya sus inversiones en compañías con vínculos en las colonias.

El analista y activista belga sobre Oriente Próximo Willem Staes es el coordinador de la campaña No inviertas en la ocupación (DBIO, por sus siglas en inglés), lanzada por 23 organizaciones árabes (palestinas y egipcias) y europeas (de Bélgica, Países Bajos, Francia, Irlanda, España, Noruega y Reino Unido), que ha elaborado la investigación desde finales de 2020. “Somos una coalición de grupos que promocionamos los valores de los derechos humanos para tener incidencia política”, explica desde Bruselas en una conversación a través de Zoom, “y que investigan las relaciones entre las empresas con intereses en los asentamientos israelíes, declarados ilegales por el Consejo de Seguridad de la ONU, y las instituciones financieras de la Unión Europea”.

“Para ello hemos elaborado unas recomendaciones enfocadas a qué pueden hacer los Estados europeos ante esta situación y hemos ampliado la base de datos de la ONU”. Además de las 112 empresas analizadas por el Consejo de Derechos Humanos, la coalición DBIO ha incluido otras 18 compañías europeas. “Para identificarlas utilizamos los mismos criterios utilizados por Naciones Unidas sobre actividades que suscitan preocupación en materia de derechos humanos”, aclara Staes.

Entre estas últimas incorporaciones figuran dos firmas españolas: Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) y el grupo Actividades de Construcción y Servicios (ACS). La primera participa en la ampliación del tren ligero de Jerusalén, en una línea de tranvía que penetra en Jerusalén Este y Cisjordania. La segunda, a través de su filial Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI), electrificó la línea férrea de alta velocidad Tel Aviv-Jerusalén, que rebasa la Línea Verde —la divisoria trazada entre Israel y Cisjordania tras el armisticio de 1949— y atraviesan el territorio ocupado por Israel desde 1967 en dos pequeños tramos en el valle de Latrún.

El relator de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Palestina, Michael Lynk, destaca que desde la promulgación en 2011 de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas se ha elevado la exigencia sobre la implicación del mundo de los negocios. “Esas herramientas emergentes están abriendo puertas a campañas más efectivas para responsabilizar a las empresas a través de un mejor compromiso corporativo y de informes transparentes”, argumenta Lynk en el prefacio del informe. “Pero su aplicación efectiva sigue siendo el talón de Aquiles del derecho internacional humanitario”, reconoce el jurista canadiense.

Otra responsable de la campaña DBIO, la politóloga Ines Abdel Razek, del Instituto de Diplomacia Pública Palestina, adelanta desde Jerusalén que las conclusiones de la investigación serán remitidas a los Estados miembros de la UE y a comisiones del Parlamento Europeo relacionadas con actividades de las multinacionales. “Este trabajo es una primera contribución al debate sobre la implicación de empresas y bancos en presuntas violaciones de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados”, resume.

Las 672 instituciones financieras europeas incluidas en el informe ofrecieron préstamos o garantizaron líneas de financiación (underwriting) a las 50 empresas analizadas, por su actividad económica en los asentamientos israelíes, por un total de cerca de 100.000 millones de euros (114.000 millones de dólares) en el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2021. En ese mismo plazo también se invirtieron 120.000 millones de euros (141.000 millones de dólares) en acciones y bonos de algunas de estas firmas como Airbnb, Alstom, Cemex, Motorola, Siemens, Solvay, Tripadvisor o Volvo. Las 131 entidades financieras con mayor implicación en los asentamientos fueron contactadas por los autores del informe, que recibieron respuesta de 24 de ellas.

Entre los 10 bancos europeos que más financian a las compañías que trabajan en los territorios (aunque no se aclara si el dinero se destina a los proyectos en las colonias) figuran los dos bancos españoles más grandes: el Santander, con 4.750 millones de dólares (4.068 millones de euros), y el BBVA (3.000 millones de dólares, unos 2.570 millones de euros). El resto de las entidades financieras españolas también aparecen en el informe aunque con cuotas mucho menores de préstamos o aseguramiento previo, o de inversiones en acciones y bonos de empresas involucradas en los asentamientos.

Datos de fuentes económicas contrastadas

El activista Staes reconoce que “es muy difícil estimar el impacto económico directo en los territorios ocupados de la financiación ofrecida por las instituciones de crédito”. El importe global de la financiación se ha obtenido de fuentes económicas contrastadas, como Refinitiv (antes Thomson Reuters EIKON), Bloomberg y IJGlobal, pero no está desagregado respecto a los asentamientos.

“Esperamos que la investigación aporte más claridad y transparencia para el público, y que las entidades hagan públicas sus carteras y revisen sus inversiones”, apunta la analista Abdel Razek como el objetivo último de la investigación. “Queremos establecer contactos con todas las compañías implicadas y las instituciones financieras que las avalan para analizar cuestiones específicas sobre los derechos humanos”, precisa.

En su opinión, aunque existe una legislación europea sobre blanqueo de capitales no hay una regulación desarrollada en lo que concierne a actividad económica y derechos humanos. “Países como Francia tienen previstas auditorías sobre las empresas que operan en Xinjiang”, explica esta analista palestina, que ha sido asesora de la Unión por el Mediterráneo, sobre la situación de la minoría musulmana de los uigures, que sufren la discriminación el poder central de Pekín. Más de un millón de uigures y otras minorías étnicas, según organismos de la ONU, han sido internados en centros de reeducación en China.

“No pretendemos que los directores de compañías y bancos relacionados con los asentamientos se sienten en el banquillo de la Haya, como puede ocurrirles a políticos y militares israelíes si son investigados”, puntualiza Staes, responsable de la campaña DBIO. La fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) abrió en febrero una investigación contra Israel y Hamás por crímenes de guerra en Palestina.

“El objetivo principal de este informe no es ofrecer una base de datos para el TPI, sino recomendaciones para que las empresas y entidades financieras asuman sus compromisos y pasen de las palabras a los hechos, y para que su dinero no acabe de forma equivocada en las colonias israelíes. También buscamos en el plano político que los Gobiernos y legisladores impulsen regulaciones sobre derechos humanos y despertar el interés de la sociedad sobre la situación en los territorios palestinos”, sostiene. El derecho humanitario internacional, como la Cuarta Convención de Ginebra, prohíbe al poder ocupante transferir a parte de su población civil al territorio ocupado. Hoy en día rige un doble rasero legal en Cisjordania: legislación civil para los más de 450.000 colonos de los asentamientos y ley marcial para 2,5 millones de palestinos.

Los promotores de la campaña aseguran que ninguna de la 23 organizaciones de la coalición forma parte del movimiento propalestino Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), que busca que Israel ponga fin a la ocupación de territorio palestino ocupado, en la línea del movimiento internacional que se desarrolló hace más de tres décadas contra el régimen sudafricano del apartheid. Israel replica que no se trata de territorios ocupados, sino de zonas en disputa sobre las que el pueblo judío posee derechos históricos. Campañas internacionales de protesta como las que secunda el BDS son condenadas por el Gobierno israelí como acciones marcadas por el antisemitismo y deslegitimadoras de la existencia misma del Estado judío. La legislación israelí vigente prohíbe el paso por sus puestos fronterizos a los extranjeros que promueven este movimiento y a quienes se hayan pronunciado en favor de sus objetivos.

Advertencia de vulneración de la legalidad internacional

En el caso de la presencia de CAF en territorio palestino ocupado, el Ministerio de Asuntos Exteriores español aseguró en diciembre de 2020 que la empresa vasca había sido informada de que la obra del tren ligero de Jerusalén vulneraba la legalidad internacional, pues se construye sobre territorios ocupados por Israel según Naciones Unidas. Eso no quiere decir que la empresa cometa una ilegalidad, ya que no existe ningún embargo por parte de la ONU o la UE que el contrato vulnere. La única medida comercial adoptada hasta ahora por los Veintisiete sobre las colonias israelíes es la obligatoriedad desde 2015 del etiquetado con indicación de origen para los productos importados desde los asentamientos, y no hace referencia a infraestructuras. No obstante, el Gobierno español avisó a CAF de que no podría contar con avales públicos para financiar las obras. En esta ocasión, sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores no ha querido realizar ningún comentario ante la consulta de EL PAÍS.

El Ministerio de Exteriores también advirtió a CAF de que podría ser incluida en la lista negra de empresas implicadas en negocios en los territorios ocupados, elaborada por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ahora la coalición DBIO la ha incluido de hecho en su lista ampliada de 130 empresas y entre las 50 investigadas por su financiación con entidades europeas, de acuerdo con el artículo 17 de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este precepto señala que, en razón de la debida diligencia corporativa en materia de derechos humanos, se requiere que las compañías “se hagan cargo de los impactos adversos sobre los derechos humanos que puedan causar sus actividades, o que puedan estar directamente vinculados a sus operaciones, productos o servicios por sus relaciones comerciales”.

Se da la circunstancia de que la francesa Alstom, competidora directa de CAF, se retiró del proyecto de tren ligero de Jerusalén tras la publicación de la lista negra de la ONU en febrero de 2020. Figurar en estas listas no tiene consecuencias jurídicas inmediatas, pero no es la mejor carta de presentación en muchos países. La mayor parte de la comunidad internacional considera que los asentamientos israelíes en territorio ocupado palestino carecen de toda legitimidad. La resolución del Consejo de Seguridad 2334, aprobada en diciembre de 2016, estableció por última vez que las colonias judías constituyen una “flagrante violación del derecho internacional”. La medida fue aprobada tras ser votada por todos los miembros del Consejo, entonces bajo presidencia de turno española, excepto por EE UU, que se abstuvo en la recta final el mandato del presidente demócrata Barack Obama, pero no ejerció el tradicional derecho de veto en favor del Estado judío. La resolución 2334 exhortó además a todos los Estados a “distinguir en sus relaciones entre el territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados desde 1967″.

Las instituciones financieras europeas “deben ser conscientes del riesgo que corren” por estar vinculadas a los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado y de sus responsabilidades según el derecho internacional, los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, y las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales”, recomiendan los autores del informe. “Los actores económicos privados tienen la responsabilidad de asegurarse de que no están involucrados en violaciones del derecho internacional”, concluye la investigación de la coalición, “y de abordar cualquier impacto adverso sobre los derechos humanos que surja de sus actividades”.

Con información de Íñigo de Barrón y Miguel González

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