Los grupos bolsonaristas borran de las redes cientos de bulos ante la presión judicial

Más de 1.500 vídeos han desaparecido de YouTube la última semana. El contenido, que se encontraba en 267 de los principales canales de la extrema derecha de Brasil, fue borrado, convertido en privado por sus usuarios o incluso eliminado por la propia red social. Durante tres días seguidos se retiraron más de 400 vídeos diariamente. Guilherme Felitti, fundador de Novelo Data, empresa de análisis digital que ha elaborado e...

Más de 1.500 vídeos han desaparecido de YouTube la última semana. El contenido, que se encontraba en 267 de los principales canales de la extrema derecha de Brasil, fue borrado, convertido en privado por sus usuarios o incluso eliminado por la propia red social. Durante tres días seguidos se retiraron más de 400 vídeos diariamente. Guilherme Felitti, fundador de Novelo Data, empresa de análisis digital que ha elaborado el estudio, dice que el hecho ha llamado la atención por su carácter inédito. “Estos días en los que han desaparecido cientos de videos no tiene precedentes”, dice. “Lo que habíamos visto antes fueron días de grandes limpiezas seguidos de momentos de calma, algo muy puntual. La limpieza que estamos viendo, desde la acción del TSE [Tribunal Superior Electoral], es continua.”

La carrera acelerada por el borrado masivo de vídeos que atacan a la democracia, difunden fake news y amenazan reiteradamente a las autoridades comenzó el martes 17. A petición de la Policía Federal, el TSE prohibió a las redes sociales remunerar a las páginas bolsonaristas investigadas por propagar noticias falsas. La solicitud estuvo acompañada del envío de un informe en el que la Policía Federal señala el modus operandi de la red de apoyo bolsonarista en internet. Y establece una conexión directa entre la estrategia utilizada por Steve Bannon, estratega de Donald Trump en la campaña de 2016, y los canales vinculados al presidente brasileño. Atacar a los medios de prensa tradicionales, descalificar posturas contrarias, llegando directamente al público y sin intermediarios, disipando la distinción entre lo que es información y lo que es opinión: todo este método está en el libreto de Trump, que los seguidores de Bolsonaro siguen al pie de la letra, según el documento de la Policía Federal al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El informe de la Policía se suma a la aprobación, por parte de la Comisión Parlamentaria de Investigación de la Pandemia, del levantamiento del secreto fiscal y financiero de blogueros bolsonaristas como Allan do Santos y Leandro Ruschel, y de canales de apoyo al presidente en las redes sociales.

La sucesión de reacciones de la Justicia ante los propagadores de bulos estrecha el cerco sobre la principal plataforma de apoyo de Bolsonaro en un momento en que su popularidad se desploma. Arrinconado por las sospechas de corrupción en la negociación de vacunas y la gestión de la pandemia, el presidente eleva el tono en su discurso antidemocrático y de ataque a las urnas electrónicas. Y arrastra consigo un aluvión de contenido difundido en internet con información falsa o noticias con datos parciales que llevan a conclusiones erróneas.

Diogo Rais, profesor de derecho electoral y tecnología de la Universidad Mackenzie, alerta precisamente sobre ese tira y afloja entre las acciones de Bolsonaro y sus seguidores y la reacción de la Justicia. “Sigo de cerca muchos grupos bolsonaristas y veo el enfurecimiento tras cada medida que toma el Poder Judicial”, sostiene. “En ese sentido, [la acción de la Justicia] puede ser un tiro en el pie en la lucha contra el odio político y la polarización. La madurez democrática de las instituciones se está poniendo a prueba como nunca antes ha sido puesta.”

El seguimiento realizado por Novelo Data muestra, sin embargo, que las acciones de la Justicia inhiben contenidos falsos en determinados canales. “Ya vimos toda esa prisa para borrar videos cuando la Policía Federal llevó a cabo, en junio de 2020, la primera acción contra las fake news”, dice Guilherme Felitti. “Fue la primera vez que esos youtubers se dieron cuenta de que no podían decir lo que querían”, cuenta. En aquel momento, la Policía salió a la calle con órdenes de registro contra 21 personas, entre ellos el publicista Sergio Lima y el empresario Luís Felipe Belmonte, ambos vinculados a Aliança pelo Brasil, partido que Bolsonaro intenta crear. El diputado federal bolsonarista Daniel Silveira, del PSL (Partido Social Liberal) de Río de Janeiro, también fue objeto de las pesquisas que investigan actos antidemocráticos.

Más tarde, el ingreso en prisión del propio Silveira, en febrero de este año, en el marco de la investigación de las fake news, desencadenó una nueva carrera por el borrado masivo de vídeos, revela Felitti. Silveira grabó un vídeo en el que decía imaginarse al magistrado de la Corte Luiz Edson Fachin “recibiendo una paliza”. Diogo Rais pondera, con todo, que, aunque se estén llevando a cabo acciones, la cohibición de las fake news no se produce a la misma velocidad. “No tenemos ninguna experiencia en el mundo que haya resuelto el reto de las noticias falsas”, asegura.

Pero la decisión del TSE de suspender los pagos provenientes de la monetización de las publicaciones de los canales de la extrema derecha tiene visos de funcionar. Porque producir noticias falsas cuesta caro. E inhibir su rentabilidad es un intento de socavar este negocio, aunque la raíz del problema esta en descubrir a los financiadores. “Es caro hacer una máquina de fake news. Necesita mantenimiento, administración, creación. Es más caro que hacer una campaña publicitaria, por ejemplo”, dice Rais.

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