El conflicto de Tigray en Etiopía se expande a otras regiones

El ingeniero informático, militar y estadista Abiy Ahmed Ali, de 45 años, se convirtió en primer ministro de Etiopía en 2018. Año y medio después fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Y en noviembre de 2020 empezó una guerra contra la región de Tigray, en el norte del país. Intentó cerrarla en falso con un ...

El ingeniero informático, militar y estadista Abiy Ahmed Ali, de 45 años, se convirtió en primer ministro de Etiopía en 2018. Año y medio después fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Y en noviembre de 2020 empezó una guerra contra la región de Tigray, en el norte del país. Intentó cerrarla en falso con un alto el fuego a principios de julio, roto definitivamente con la aparición de 50 cuerpos en el río Setit, que une Tigray con la vecina Sudán, a principios de la semana pasada.

“Durante ocho meses el conflicto parecía estar contenido en una parte pequeña de Etiopía, que alberga al 6% de la población, una zona estratégica, pero desde que los tigranos rompieron el cerco y retomaron el control de Mekelle, la capital, se ha extendido a las regiones de Amhara y Afar”, explica Murithi Mutiga, director de Proyectos en el Cuerno de África de International Crisis Group. El pesimismo y la preocupación por la evolución del conflicto la comparten los analistas consultados, y no es difícil corroborarlo con los datos que las agencias de la ONU están aportando.

El 90% de la población de Tigray necesita ayuda humanitaria después de que las fuerzas gubernamentales quemasen los cultivos, matasen al ganado y robasen las semillas para la cosecha. Son 900.000 personas, incluidos 100.000 niños, los que se enfrentan a la primera hambruna desde los años ochenta.

La reacción del Ejército etíope a la recuperación militar de la región por parte del Frente de Liberación de la Población de Tigray (TPLF, en sus siglas en inglés), ha sido el bloqueo de las comunicaciones, la electricidad y del acceso a suministros, así como invitar a los soldados de la vecina Eritrea a incrementar sus efectivos en la zona. Además, el Gobierno etíope ha acusado a trabajadores humanitarios de haber armado a los combatientes del TPLF, y tras la muerte de 12 de ellos, organizaciones como Médicos Sin Fronteras han cesado su trabajo en el terreno.

Con el llamamiento del primer ministro Abiy para que “todos los etíopes capaces” se unan a una nueva ofensiva, la vía de la mediación política que frene una posible guerra abierta parece no existir. Hay más de 300.000 desplazados y los refugiados están entrando en países vecinos como Sudán que acaba de retirar a su embajador en Adis Abeba tras ser rechazada su oferta de mediación.

“Los peores pronósticos de los observadores se están cumpliendo. Tanto el Gobierno etíope como el TPLF deben darse cuenta de que este conflicto no se resolverá nunca mediante medios militares porque es un conflicto político histórico”, añade Mutiga. “Hace años que alertamos sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos bajo el mandato del primer ministro Abiy en muchos lugares del país. La violencia por razones étnicas ha estallado en diez regiones, con asesinatos, desplazamientos, destrucción y pobreza”, explica Laeticia Bader, directora del Cuerno de África de Human Rights Watch.

En septiembre de 2020, la región más meridional de Etiopía convocó elecciones para el Parlamento de Tigray, desafiando al Gobierno federal que había anunciado que las elecciones se celebrarían en todo el país al final de la pandemia de Covid-19. Etiopía está compuesta por diez regiones y dos ciudades con gran autonomía, una división geográfica que suele coincidir con los grupos étnicos que las ocupan, y en la que es fácil que se generen tensiones por las reivindicaciones nacionalistas.

“Soy pesimista porque cuando movilizas a milicias que se organizan por identidades étnicas, luego deberás recompensarlas. Abiy se está auto-debilitando cada día y no veo puertas abiertas para la diplomacia”, asegura Michelle Galvin, miembro del Council of Foreign Relations y exembajadora de EE.UU. en Botsuana.

El TPLF, declarado “grupo terrorista” a principios de 2021 por el Gobierno etíope, reivindica la integridad del territorio pero no ha manifestado que sus peticiones tengan como fin la secesión.

La mayor incógnita

Tras obtener una amplia victoria en las recientes elecciones, que fueron boicoteadas por parte de la oposición y sin opción a votar en algunas regiones por problemas logísticos, la mayor incógnita del conflicto actual es el objetivo de la estrategia que ha convertido a Abiy de ser la referencia de la estabilidad y el diálogo, a un dirigente más que impone por la fuerza su mandato. “Me gustaría entender la estrategia de Abiy porque él se considera una figura transformadora en la historia de Etiopía, con capacidad para dirigir al país a una nueva etapa, lejos del federalismo étnico del pasado, pero ¿cómo va a lograrlo con la evolución del conflicto de Tigray?”, añade Galvin.

La cuestión humanitaria podría ser lo que haga variar la balanza, resolver la grave situación en la que sobrevive la población, después de que organizaciones como Amnistía Internacional hayan denunciado que se están cometiendo “crímenes de guerra” con violaciones y abusos sistemáticos a mujeres y niños por parte de fuerzas que pertenecen o aliadas del Gobierno etíope. “La clave está en el tiempo, cuanto más se tarde peor será para Etiopía. Es conflicto de sangre y tierra, sobre límites, el equilibrio entre el poder central y la periferia. La comunidad internacional y los actores regionales deben intensificar la presión para que las partes negocien porque ninguno logrará una victoria sostenible mediante las armas”, concluye Mutiga. “Eritrea debe sacar sus tropas de Etiopía, como prometió el propio Abiy. Y además, será difícil, sino imposible que se resuelva el conflicto con Abiy al mando, aunque Etiopía es un estado resiliente”, concluye Galvin.