Trenzar el cabello: los nudos de la violencia de género en Puerto Rico

Una madre espera en desespero a las afueras de un edificio. Las luces y lentes de varias cámaras alumbran cada uno de sus movimientos. Es el primer sábado de mayo de 2021 y, en la mayoría de los televisores del país, no se sintoniza otra cosa que la escena de esa madre ansiosa esperando que le permitan pasar a reconocer lo que, se sospecha, es el cuerpo de su hija asesinada. La ciudadanía lleva días consternada y esa noche se esperan respuestas.

El día antes otra mujer apareció abandonada en un pastizal, su cuerpo calcinado. En los hogares puertorriqueños solo se habla de eso. Los noticiarios han ofrecido una cobertura especial sin precedentes. Aviones con reporteros fueron enviados a volar sobre la Laguna San José —donde fue hallado un cuerpo— para seguir el rastro de la historia.

Es primero de mayo y los reclamos de los trabajadores y trabajadoras han quedado en suspenso ante el impacto de estas historias. Tampoco ha importado si caen o no las primeras lluvias de mayo con su buena suerte y bendición. Si llovió nadie se acuerda. La única agua que estábamos mirando era la de aquella laguna.

Las horas pasan y la madre sigue allí. En medio de la espera, una mujer —quizás una amiga o familiar— se acerca y comienza a trenzarle el cabello. Con delicadeza hace tres divisiones y va agarrando un mazo de pelo, y luego el otro y el otro. Reporteras narran lo que ha sucedido en los días previos y la transmisión televisiva continúa hasta que ya nadie puede más. La mañana siguiente se confirmaría que el cuerpo hallado era en efecto el de la joven asesinada. La última imagen que recuerdo de la madre esa noche es ella hablando en cámara, expresando su dolor con firmeza, claridad y dignidad y con el cabello recogido en una trenza francesa perfecta que nos permitió a todos jamás olvidar su rostro. Mucho menos el alarido de su voz.

La mujer trenzada es Keila Ortiz Rivera, la madre de Keishla Rodríguez Ortiz, una joven de 27 años amante de los animales que el 29 de abril salió por la mañana y nunca regresó a su casa. Según ha revelado la investigación, presuntamente, fue a encontrarse con el boxeador Félix Verdejo, con quien tenía una relación, para mostrarle una prueba de embarazo positiva. En el encuentro fue noqueada al punto de fracturar su quijada, drogada y arrojada a la laguna amarrada a dos bloques, y allí en el agua fue baleada. Verdejo se entregó a las autoridades y se declaró no culpable de las imputaciones en su contra. Días después, un niño de seis años sorprendió a sus padres al dibujar para una tarea escolar la imagen de una mujer ahogada con bloques atados a sus extremidades. Hubo que explicarle y hubo que aceptar que en la isla, durante esos días, no se habló de otra cosa.

El mismo día que Keishla desapareció, la Policía encontró el cuerpo de Andrea Ruiz Costas, una joven mujer de 35 años que, antes de morir, tenía plena conciencia de que estaba siendo sometida a un patrón de violencia de género. Su expareja, Miguel Ángel Ocasio Santiago, seguía en sus interacciones con ella el perfil de conducta de un hijo de una cultura machista. Actuaba como si ella le perteneciera, la perseguía, acosaba y amenazaba. No aceptaba su deseo de terminar con la relación. La joven fue al tribunal a pedir una orden de protección que no le fue concedida días antes de que el hombre la asesinara y quemara su cuerpo, para luego abandonarlo en un monte. El hombre confesó el crimen y será juzgado.

Pero, ¿quién juzga al juzgado? Ante la negativa de los tribunales de hacer públicos los audios de la vista judicial en la que se le negó el amparo legal, sus familiares solicitaron que se hicieran públicos. No sucedió por vías oficiales, pero una filtración de los audios a la prensa reveló las grietas en el sistema desde su entraña y conmocionó una vez más al país, que pudo escuchar en la voz de la víctima su deseo, voluntad y esfuerzo por sobrevivir. Cuando supo que su petición fue denegada, le dejó un audio en su celular a una amiga: “Que sea lo que Dios quiera”.

El nudo político

Puerto Rico tiene una importante historia de lucha feminista que por momentos ha estado atada a nuestro devenir político. Décadas atrás, a la isla llegaron las historias de las luchas de colectivas estadounidenses concentradas en la apropiación del cuerpo para así reclamar autonomía sobre una vida propia, y se cruzaron con las luchas del feminismo latinoamericano en las que lo político adquiría el espacio protagónico. Las luchas por la defensa del lugar de las mujeres ante el cuerpo social y el cuerpo propio se entrelazaron en Puerto Rico de un modo concreto y fueron atravesadas por la condición colonial.

La lista de batallas es extensa, también la de logros alcanzados. Pero valga mencionar dos para ilustrar su complejidad. Tras un arduo trabajo político por parte de grupos diversos de mujeres, el 15 de agosto de 1989 se aprobó un proyecto de ley que pasó a convertirse en una de las leyes —sino la más— conocida en Puerto Rico: la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, conocida como la Ley 54, a través de la cual se estableció como política pública la protección de la vida de las mujeres. Es considerada la legislación de derechos humanos más importante aprobada en Puerto Rico y, a su vez, pionera en el tratamiento del tema al ser la primera de su tipo en el continente americano. Incluso, previa a la ley VAWA (Violence Against Women Act), aprobada en los Estados Unidos en 1994.

Hasta entonces, la denominada violencia doméstica era considerada un asunto perteneciente al universo de lo privado, una cuestión entre parejas. La ley identifica con especificidad y claridad los delitos, identifica un proceso criminal, y entre otras salvaguardas ofrece un proceso civil, en la forma de las órdenes de protección. Esta legislación que ya tiene más de 30 años facilitó la creación de una infraestructura de servicios relacionados como los albergues, asistencia legal, vivienda transitoria y desarrollo económico. Es decir, el país optó —a pesar de la resistencia y presión política— por empujar desde la legislación un cambio de paradigma y dijo: la violencia en las relaciones de pareja ya no será un asunto privado, será un problema público. La ley sin duda ha salvado vidas, pero no ha sido suficiente porque nunca lo es cuando lo que hay de frente requiere un cambio cultural total.

La insuficiencia se hizo evidente cuando, tras la presión ejercida por la labor de base de grupos feministas del país y ante el alza en los feminicidios en el 2020, el gobernador Pedro Pierluisi decretó, el 24 de enero de este 2021, un estado de emergencia por violencia de género. El contexto fue clave. La isla cuenta con unos 3.2 millones de habitantes y el año pasado se superaron los 45 asesinatos de mujeres. La crisis se agudizó al punto de que entre el 15 de septiembre y el 19 de octubre pasados se registraron 17 feminicidios. La orden ejecutiva crea una plataforma en la que intervienen distintas agencias para atender el problema social desde sus múltiples raíces: pobreza, educación, vivienda, salud, justicia, discrimen, seguridad, trabajo y rehabilitación, además del manejo del Estado de las estadísticas de la Policía para una mayor comprensión del problema y el entendimiento de que la violencia de género es aplicable a cualquier persona que se identifique como mujer.

El exgobernador Ricardo Rosselló —quien fuera obligado a renunciar tras las protestas del Verano del 19 en Puerto Rico— tuvo sobre su escritorio la petición de este decreto durante su breve mandato. Fue Rosselló quien —aún siendo demócrata en la política estadounidense— pactó con grupos fundamentalistas en Puerto Rico y, entre otras concesiones, derogó la Carta Circular para una educación con perspectiva de género, que su predecesor había aprobado para el Departamento de Educación. En respuesta a la crisis, bajo el liderato de la Colectiva Feminista en Construcción —un proyecto político perteneciente a la tradición del feminismo negro—, se estableció un campamento frente a La Fortaleza que incendió la llama del malestar colectivo. La misma que poco a poco continuó creciendo por otros agravios y alcanzó el punto de ebullición al coincidir con el descubrimiento de un infame chat del gobernante.

Y es que siempre ha sido así, las luchas de las mujeres han estado atadas a las luchas obreras y políticas en Puerto Rico. Por ejemplo, fueron lavanderas, planchadoras, costureras y otras obreras las que dieron tracción al movimiento sindical en la isla en la primera mitad del siglo pasado y es imposible pensar la política puertorriqueña sin el lugar de las mujeres en un movimiento como el independentista, o en cualquier espacio del espectro político.

El nudo cultural

Ya es casi un libreto. Asesinan a una mujer. Se descubre que fue su pareja o expareja, o que sucedió en alguna situación en la que su género determinó la causa. Hay consternación, llantos y reclamos, las redes se inundan de homenajes y testimonios, el miedo aumenta y aumentan las ventas de armas. Según datos del Departamento de Registro de Armas de la Policía, el año pasado 3.733 mujeres solicitaron la licencia de portación de armas. En los cinco meses que van de 2021, ya son 2.672 mujeres las que han sometido la solicitud.

Tras los feminicidios de Keishla Rodríguez Ortíz y Andrea Ruiz Costas, las redes sociales explotaron con mensajes de indignación ante lo sucedido; pero sobre todo se convirtieron en una colección de miedos y de testimonios de las muchas veces en que se vivió la violencia de género. El anecdotario es enciclopédico, incómodo.

La página de Facebook ‘Yo te creo.’, una versión puertorriqueña de comunidades virtuales similares que denuncian casos de acoso y abuso alrededor del mundo, publicó entonces una lista con los nombres de decenas de hombres acusados anónimamente por mujeres de todo tipo de conductas machistas, desde violencia y amenazas hasta actitudes misóginas en espacios sociales y laborales. El debate en torno a “la lista” fue descarnado. Hubo hombres que pidieron disculpas públicas al verse allí, otros que se defendieron a rajatabla y amenazaron con demandas, estuvieron los que adjudicaron su comportamiento a problemas de salud mental, y algunos incluso lo consideraron una insignia de honor. También hubo mujeres que sacaron la cara por parejas, familiares o exparejas e insistieron en el peligro de crear listas de cualquier tipo, y en lo injusto que puede ser meter en un mismo saco todas las conductas misóginas. La página fue reportada y sacada de circulación, pero reabrió y ahora publica nuevas listas cada viernes. Quizás, lo más notable de esta revuelta digital es que es una señal clara de la desesperación que se vivió durante esos días.

Entonces, si el libreto estaba escrito, ¿por qué se paralizó el país tras estos dos feminicidios?

Las razones son una sucesión de nudos. Una compleja trenza que amarra las dimensiones locales de esta problemática en la isla. Por un lado, el jueves 29 de abril de 2021, se activó por primera vez la llamada Alerta Rosa por la desaparición de Keishla Rodríguez, un protocolo de reciente creación. Era importante entender este cambio en los procederes. Por otro lado, la familia de la joven concedió un acceso a los medios inusual y alzó desde temprano la voz de alerta al señalar al boxeador como posible responsable. Y no se puede olvidar que estamos hablando de un boxeador en Puerto Rico, en el Caribe, en el marco de una cultura que de múltiples maneras se define por lo que ocurre dentro de un ring de boxeo.

Keishla, una joven embarazada, presuntamente asesinada a manos de un boxeador olímpico, coloca al país frente a un espejo: quedan cuestionados valores y anhelos, se rompe el orden, se desploman ídolos, se cuestiona aquello que refleja el rostro mismo de nuestra monstruosidad. Y los audios de Andrea Ruiz Costas, que intenta una y otra vez seguir viva, que anuncia su indefensión y lo que puede ocurrirle, impiden a la sociedad voltear la cara. Es una sola voz, pero esta vez suena más fuerte que la de todos aquellos que, desde una perspectiva mayormente religiosa, niegan la existencia misma de la violencia de género. Y en su contraste, reportes periodísticos recientes confirman que las estadísticas del Departamento de Justicia reflejaron un aumento en un 70% en la cantidad de denuncias por Ley 54 en el periodo entre el 29 de abril y el 26 de mayo, con relación al mismo periodo el año pasado. Una conciencia lentamente se fortalece.

A esto hay que sumar un aspecto aún más complejo, y es la realidad política del país y el modo en que incidirá en el manejo de estos casos. De nada servirán los esfuerzos de ningún gobernante, mientras el presupuesto del país se controle por una Junta de Supervisión Fiscal, cuyas prioridades no están alineadas con ningún proyecto social. Pero esto no es todo. La condición colonial incide aún más. Verdejo será juzgado en el Tribunal Federal y los cargos que se le imputan clasifican para la pena de muerte. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (1952) no admite la pena capital, pero la estadounidense sí y en más de una ocasión se ha tratado de imponer en el país sin éxito. En un programa televisivo, el padre de Keishla Rodríguez, José Rodríguez dijo que no quiere la pena de muerte para el asesino de su hija. Pero la posibilidad está sobre la mesa. Entonces, no se trata solo de un país que reconoce un problema y quiere resolverlo. Se trata de que, en el caso puertorriqueño, la posibilidad de priorizar los recursos de la isla en esta dirección y de manejar la justicia de un modo cónsono con la cultura, están sujetas a la subordinación política del país. De modo que el nudo también está en la garganta y trenzado está el futuro que revela un rostro que nadie quiere ver.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.