Trump se aferra a las FARC y a Maduro para asegurarse un sector de Florida

Desde hace tiempo es evidente que la triangulación de las relaciones entre Estados Unidos, Colombia y la oposición de Venezuela, cruza por Florida. Los Gobiernos de Donald Trump e Iván Duque han encontrado una sintonía tanto en su “cerco diplomático” contra Nicolás Maduro como en su apoyo al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por Washington y Bogotá. Las señales abundan. En Cúcuta, la principal urbe colombiana sobre la frontera compartida de más de 2.200 kilómetros, todavía recuerdan ...

Desde hace tiempo es evidente que la triangulación de las relaciones entre Estados Unidos, Colombia y la oposición de Venezuela, cruza por Florida. Los Gobiernos de Donald Trump e Iván Duque han encontrado una sintonía tanto en su “cerco diplomático” contra Nicolás Maduro como en su apoyo al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por Washington y Bogotá. Las señales abundan. En Cúcuta, la principal urbe colombiana sobre la frontera compartida de más de 2.200 kilómetros, todavía recuerdan la visita al Puente Internacional Simón Bolívar del senador Marco Rubio y el representante Mario Díaz-Balart, dos republicanos con influencia sobre los planes de la Administración Trump, ambos por Florida y de ascendencia cubana, en las vísperas de la fallida operación de Guaidó para ingresar alimentos y medicinas a Venezuela el 23 de febrero de 2019.

Florida –un territorio clave en las elecciones presidenciales por estar entre los llamados Estados pendulares– además de ser el epicentro del anticastrismo, alberga la mayor comunidad de exiliados venezolanos en Estados Unidos y, según varios cálculos, más de un millón de colombo-estadounidenses, de los cuales unos 150.000 están registrados para votar. El voto hispano se antoja decisivo. Es justamente en Miami donde la Administración Trump más ha subido el volumen de su línea dura para sacar del poder a Maduro. Fue allí donde el exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, delineó a finales de 2018 un nuevo “eje del mal” –como el de George W. Bush– cuando habló de la “troika de la tiranía”, compuesta por Cuba, Venezuela y Nicaragua. El propio Trump ha relacionado desde hace tiempo lo que pasa en la Venezuela chavista con la nueva camada de líderes demócratas, más escorados a la izquierda como Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y Karen Bass.

En la Casa Blanca, la política hacia América Latina durante el Gobierno de Trump ha sido dibujada por miembros de las alas más conservadoras del Partido Republicano y con importantes lazos en la región que generalmente terminan en Miami. El primer consejero de Trump para América Latina fue Juan Cruz, un veterano de la CIA que estuvo al frente de la estación de la agencia en Bogotá. Con Cruz, Trump emprendió el endurecimiento de las relaciones con Cuba y Venezuela, utilizando como principal herramienta las sanciones económicas y contando con Colombia como el sitio para catapultar su visión sobre América Latina. “Hemos puesto sanciones a todo en Venezuela, excepto al oxígeno y al sol. Si halláramos la forma de hacerlo, también lo haríamos”, comentaba Cruz en septiembre pasado en un foro en el Woodrow Wilson Center en Washington. El exagente de la CIA dio el relevo en 2018 a Mauricio Claver-Carone, un antiguo miembro del cabildeo cubano anticastrista en Washington, que jamás ha ocultado su rechazo a las políticas latinoamericanas cercanas al socialismo.

Con Claver-Carone al frente de la política para América Latina, el endurecimiento hacia los gobiernos de izquierda en la región pasó a la ofensiva. El abogado, originario de Miami y cercano al senador Marco Rubio, dio una vuelta sin retorno para endurecer aún más las medidas contra La Habana y Caracas y llevó a la Casa Blanca el lenguaje de ataque al núcleo del castrismo y al chavismo. Su postulación como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante el verano, fue vista como una afrenta de Estados Unidos hacia la región que históricamente solía tener en la dirección de la entidad a un latinoamericano. Sin embargo, el primer espaldarazo para ocupar el cargo vino de Colombia, donde el presidente Duque justificó su apoyo como un acto de reciprocidad con Washington. Hace un par de semanas que Claver-Carone ya no despacha en la Casa Blanca, pero la huella de su oposición a la izquierda latinoamericana ha quedado registrada en los últimos mensajes de Trump sobre Colombia.

Sus tuits del fin de semana en apoyo del expresidente Álvaro Uribe, después de que la justicia le concediera la libertad condicional tras dos meses en arresto domiciliario, incluyeron alusiones al “castrochavismo” y apuntan en esa misma dirección. Ese término fue utilizado también en Colombia por el uribismo, la corriente derechista que apoya al exmandatario, para atacar el acuerdo de paz del Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) con la extinta guerrilla de las FARC.

Trump, que calificó a Uribe como un “héroe”, también ha repetido sus ataques contra el “socialista” Gustavo Petro, el candidato de la izquierda antiestablishment que disputó la segunda vuelta de las presidenciales de 2018 frente a Duque. Petro, quien militó en la guerrilla del M-19, desmovilizada hace tres décadas, perdió con casi el 42% de los votos frente al 54% de Duque, pero entre los más de 100.000 colombianos que votaron en Estados Unidos la preferencia por Duque, el ahijado político de Uribe, se acercó al 85%.

En la carrera por la Casa Blanca, el uribismo ha tomado partido por la reelección de Trump. Varios informes periodísticos han señalado como dirigentes políticos colombianos, integrantes del Centro Democrático, están cada vez más involucrados en la campaña de miedo al “socialismo” que ha desplegado Trump contra Joe Biden en Florida, a menudo salpicada de desinformación y teorías de la conspiración. Entre ellos, la controvertida senadora María Fernanda Cabal, representante de los sectores de ultraderecha en el partido de Gobierno fundado por el exmandatario. Aunque la alta popularidad que Uribe mantuvo como presidente (2002-2010) se ha resquebrajado en Colombia –53% de imagen desfavorable frente a 35% favorable en la más reciente encuesta Gallup–, en Florida todavía mantiene simpatías.

En un ejemplo ilustrativo, el condado de Miami-Dade aprobó este mes nombrar una de sus calles como Álvaro Uribe Way. Ese homenaje fue celebrado por Juan David Vélez, representante en el Congreso de los cerca de cinco millones de colombianos en el exterior. El congresista del Centro Democrático tiene doble ciudadanía, divide su tiempo entre Bogotá y Miami, y ha enfatizado el rechazo de su partido al acuerdo de paz sellado a finales de 2016. Vélez estudió en la Universidad Internacional de Florida, una institución con diversos vasos comunicantes con la derecha en Colombia. La iniciativa para laurear a Uribe fue llevada al Ayuntamiento por el comisionado Javier Souto, un político cubano que se exilió en Miami desde 1960, que trabajó para la CIA y participó en la invasión de la Bahía de Cochinos.

Bogotá exhibe cada vez más su estatus de socio privilegiado de la Administración Trump –a pesar de las ocasionales fricciones por los altos niveles de los narcocultivos–. Como ya lo había hecho Uribe con George W. Bush, Duque se ha jugado por una política exterior alineada con Washington, un aliado en la lucha antinarcóticos y contrainsurgente desde que se lanzó el Plan Colombia en el año 2000. Esa estrecha alianza a menos de un mes de unas elecciones en las que las encuestas muestran favorito a Biden pone en riesgo el consenso bipartidista que tanto ha cultivado la diplomacia colombiana en los temas que afectan al país –y que suelen definirse presupuestalmente en el Congreso–, como han alertado diversos analistas.

La importancia de la comunidad colombiana no ha pasado inadvertida para la campaña demócrata. El propio Biden escribió una carta dirigida a los colombianos, y a la comunidad colombo-estadounidense, que publicó tanto en The Sun Sentinel, un periódico del sur de Florida, como en El Tiempo de Bogotá. En el texto se refiere a Colombia como “la piedra angular” de la política exterior de Washington en Latinoamérica, y hace un recuento histórico en el que recuerda el ataque al Palacio de Justicia de 1985 –perpetrado por la guerrilla del M-19 en la que militó Petro– como “la injusticia de matar jueces a sangre fría y con impunidad”. También destaca que ha viajado frecuentemente al país, que ha trabajado con cada líder colombiano en los últimos 20 años y que aseguró el apoyo bipartidista al Plan Colombia. Y señala que como vicepresidente de Barack Obama ayudaron a erradicar cultivos de coca, pero no menciona el decidido apoyo de esa Administración al acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, del que el uribismo fue el más férreo opositor.