La represión de Irán llega a las familias de los presos

La abogada y defensora de los derechos humanos iraní Nasrin Sotudeh, galardonada con el premio Sajarov en 2012, inició el pasado 11 de agosto una huelga de hambre en la cárcel de Evin donde está presa. Unos días más tarde, agentes de inteligencia detuvieron durante varias horas a su hija, Mehraveh Khandan, de 20 años, para presionarle a deponer la huelga. No es la primera vez que las autoridades iraníes hostigan a familiares de presos políticos y de conciencia con el objetivo de extraerles confesiones o acallar sus...

La abogada y defensora de los derechos humanos iraní Nasrin Sotudeh, galardonada con el premio Sajarov en 2012, inició el pasado 11 de agosto una huelga de hambre en la cárcel de Evin donde está presa. Unos días más tarde, agentes de inteligencia detuvieron durante varias horas a su hija, Mehraveh Khandan, de 20 años, para presionarle a deponer la huelga. No es la primera vez que las autoridades iraníes hostigan a familiares de presos políticos y de conciencia con el objetivo de extraerles confesiones o acallar sus denuncias. Sin embargo, esa práctica se ha intensificado este año a medida que el régimen se está sintiendo acorralado por problemas económicos y políticos.

“Se trata de intimidar a la opinión pública difundiendo la idea de que las consecuencias de criticar a la República Islámica y sus principios no solo recaerán sobre los opositores, sino que sus parientes también van a sufrir represalias”, explica un analista iraní que pide el anonimato ante la sensibilidad del tema. El interlocutor recuerda que “este método, bautizado en Alemania nazi como sippenhaft, también se practica en países aliados de Irán como China y en la vecina Turquía”.

El último caso conocido ha sido el de Zahra Rahimi, directora de la Asociación Estudiantil Imam Ali. Rahimi recibió una citación y cuando se presentó en el juzgado el 5 de septiembre, le dijeron que tenía que pagar fianza para seguir en libertad. Estuvo detenida durante dos días hasta que pudo reunir la cantidad exigida. Fuentes conocedoras del caso estiman que se trata de un montaje judicial para forzar una confesión a su marido, Sharmin Meymandineyad, fundador de la asociación, que se encuentra detenido en confinamiento solitario desde el 21 de junio.

“El régimen siempre ha usado este método contra sus opositores, pero las persecuciones y hostigamientos se han intensificado durante los últimos seis meses debido a la presión que sufre tanto en lo político como en lo económico”, constata el citado analista. En su opinión, más allá del agobio financiero por las sanciones estadounidenses, “los contratiempos empezaron con las protestas de noviembre de 2019 y continuaron con el asesinato de[l general Qasem] Soleimani, el derribo del avión ucranio y la propagación del coronavirus”. “El régimen está arrinconado y acobardado, de ahí que no tolere ni el mínimo gesto de protesta”, interpreta.

Así lo ha comprobado Faranguis Mazluom, la madre del preso de conciencia Soheil Arabi, que fue detenida el 21 de julio y condenada a seis años de cárcel por “conspiración contra la seguridad nacional” y “propaganda contra el sistema”. ¿Su delito? Haber denunciado los malos tratos que recibía su hijo en prisión y difundir vídeos al respecto en las redes sociales. Arabi, inicialmente condenado a muerte por “ofender al Profeta [Mahoma]”, cumple una pena de siete años y medio y otros dos obligado a estudiar y resumir una decena de libros de teología islámica.

“El régimen es especialmente duro con las madres de los presos porque tiene miedo a que sus denuncias inciten a otros familiares de detenidos y en especial a sus madres. Los responsables intentan impedir que se formen movimientos o asociaciones, como la de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, que reivindiquen los derechos básicos de los presos”, señala el interlocutor.

Otro asunto que ha puesto a las mujeres en el punto de mira de las autoridades iraníes es la campaña contra el velo obligatorio impulsada por la activista Masih Alinejad. Desde el principio, los jueces han actuado con enorme dureza contra aquellas que han osado mostrarse sin pañuelo en público y los abogados que, como Sotudeh, las han defendido. Ahora también van a por sus familiares. Raheleh Ahmadi, madre de Saba Kordafshari, una joven condenada a 24 años de cárcel por participar en esas protestas, ha sido detenida en varias ocasiones y desde el pasado febrero cumple una pena de 31 meses de cárcel por “conspiración contra la seguridad nacional colaborando con medios opositores extranjeros”.

Ali Alineyad, hermano de Masih, fue condenado a ocho años de cárcel en junio. Según Masih, activista en el exilio, desde que le detuvieron hace un año, Ali se ha negado a repudiarla en televisión o intentar convencerla de que lo visitara en Turquía para permitir que agentes iraníes pudieran capturarla. No está claro si pensaban pedir su extradición o simplemente secuestrarla como hicieron con Ruhollah Zam, un opositor que se había refugiado en Francia, pero a quien al parecer engañaron para que se trasladara a un país fronterizo con Irán, posiblemente Irak.

Los activistas iraníes tampoco están a salvo en territorio turco. El Gobierno de Ankara ha intensificado la colaboración de seguridad y de inteligencia con Teherán, en especial tras el intento del golpe de Estado que vivió en 2016, y a menudo extradita a los opositores o hace caso omiso de su secuestro por operativos de la República Islámica.

De momento, la presión del régimen no parece haber hecho mella en Sotudeh ni en su familia. “La detención de [su hija] Mehraveh es uno de los motivos por los que Nasrin ha decidido prologar su huelga de hambre”, ha dicho su marido, Reza Khandan, a través de las redes sociales. La premio Sajarov, que el año pasado fue condenada a 38 años de cárcel y 148 latigazos por su trabajo, dejó de comer para pedir la excarcelación de todos presos políticos ante el riesgo de que se contagien de covid-19. “No le hemos pedido que desista, preferimos que sea ella quien decida”, añadía a pesar de que la familia también ha sufrido la congelación de su cuenta bancaria. Organizaciones internacionales de derechos humanos y Gobiernos occidentales han expresado su preocupación por la salud de la activista.