El desafío legal de Johnson a la UE tensa de nuevo a los conservadores
Los cambios en el acuerdo del Brexit, ya pactado con Bruselas, provocan la dimisión de un alto funcionario británico
Nadie se atreve aún a afirmar si la última maniobra de Boris Johnson respecto al Brexit es otro órdago negociador o una trampa jurídica, pero todo sugiere que esta vez ha ido demasiado lejos. Su propósito de saltarse las obligaciones contraídas en el Acuerdo de Retirada de la UE, admitido públicamente por uno de sus ministros, ha provocado este martes la dimisión del jefe del Departamento Legal del Gobierno y la ...
Nadie se atreve aún a afirmar si la última maniobra de Boris Johnson respecto al Brexit es otro órdago negociador o una trampa jurídica, pero todo sugiere que esta vez ha ido demasiado lejos. Su propósito de saltarse las obligaciones contraídas en el Acuerdo de Retirada de la UE, admitido públicamente por uno de sus ministros, ha provocado este martes la dimisión del jefe del Departamento Legal del Gobierno y la ira de muchas voces autorizadas del Partido Conservador —como la antecesora de Johnson, Theresa May— que temen por el deterioro provocado en la reputación internacional del Reino Unido.
La espantada se conocía a primera hora de este martes. Jonathan Jones, el alto funcionario responsable de supervisar la legalidad de cualquier medida del Gobierno, comunicaba su “profundo disgusto” por la decisión unilateral del equipo de Johnson de alterar, mediante una ley nacional, cláusulas fundamentales del Protocolo para Irlanda del Norte que Londres y Bruselas firmaron como documento anejo al Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la UE. Jones abandonaba el barco, y se convertía en el sexto alto funcionario que, en lo que va de año, se enfrenta a la política de Johnson. Como tratado internacional, el acuerdo tiene fuerza jurídica vinculante para los respectivos signatarios. “Sí, vamos a incumplir la ley internacional, pero de un modo muy concreto y limitado”, ha admitido abiertamente en la Cámara de los Comunes el ministro para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, ante el estupor de los escasos diputados presentes.
Todo este terremoto se desencadenaba el mismo día en que se reanudaban en Londres las negociaciones entre el Gobierno de Johnson y la Comisión Europea para intentar alcanzar un acuerdo de libre comercio antes de que concluya el periodo de transición, el próximo 31 de diciembre. El proceso, paralizado durante meses por la crisis de la covid-19, sufre ahora un estancamiento difícil de superar.
Por eso ha causado aún más estupor la maniobra de Downing Street, que a través del proyecto de la Ley del Mercado Interior del Reino Unido ha modificado unilateralmente aspectos sustanciales del tratado acordado con la UE respecto a Irlanda del Norte. En concreto, el Gobierno británico se atribuye la decisión última sobre la necesidad de comunicar o no a Bruselas cualquier subvención pública otorgada a una empresa radicada en territorio norirlandés. Y se reserva también el privilegio de decidir qué mercancías deben someterse a declaración de aduanas en los intercambios entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Ambas decisiones alteran el escenario acordado por Londres y Bruselas, que establecieron que el territorio norirlandés seguiría dentro del mercado de la UE y se sometería a sus reglas del juego.
La venganza es un plato que se sirve frío. La ex primera ministra Theresa May sufrió los ataques de los euroescépticos a pesar de su firme compromiso de no someter a Irlanda del Norte a un régimen distinto al del resto del país. Para su propio pasmo, contempló más tarde cómo Johnson entregaba sin problemas ese precio para alcanzar un acuerdo con la UE. Y ahora vuelve a contemplar cómo su sucesor se desvincula sin empacho de sus compromisos. “El Reino Unido firmó el Acuerdo de Retirada con el Protocolo de Irlanda del Norte. Este Parlamento aprobó la incorporación de ese tratado a la legislación británica. El Gobierno está cambiando ahora la operativa de ese acuerdo”, ha denunciado May en la Cámara de los Comunes. “¿Cómo puede este Gobierno asegurar a sus socios internacionales futuros que podrán fiarse de que cumpla las obligaciones legales de los tratados que firme?”.
Estupor de los conservadores
Junto a ella, un puñado de figuras relevantes del Partido Conservador expresaban su estupor ante un modo de actuar del Gobierno británico en el que no se reconocían. “El Reino Unido es un Estado de derecho. Intentar saltarse una ley internacional con una ley nacional es un precedente increíblemente peligroso y desencadenará un conflicto judicial. Además de dañar enormemente nuestra reputación internacional”, aseguraba el exministro de Economía, Philip Hammond.
El Gobierno de Johnson ha intentado, sin éxito, quitar hierro al asunto. Asegura que actúa “de buena fe” y que su propósito no es otro que el de atar cabos y evitar vacíos jurídicos. Pero no se echa atrás en su decisión, que ha envenenado en las últimas horas el clima de las negociaciones con Bruselas. El argumento jurídico explicado por el propio ministro Lewis en el Parlamento encierra una trampa. Ha explicado que había precedentes para modificar unilateralmente un tratado internacional si cambiaban las circunstancias en las que se firmó, y que no llegar a un acuerdo del Brexit equivalía a ese diferente escenario.
Pero voces autorizadas como la de Raoul Ruparel, el exasesor de May en asuntos europeos, le han recordado de inmediato que el protocolo para Irlanda del Norte se redactó como una salvaguarda inquebrantable, hubiera o no hubiera finalmente un acuerdo entre Londres y Bruselas sobre su relación futura en la era post-Brexit.
"Algo está podrido en el Gobierno", dicen los laboristas
La dimisión de Jonathan Jones, un abogado respetado por sus colegas, agrava el enfrentamiento entre el Gobierno de Johnson y los llamados civil servants, el cuerpo de altos funcionarios que ha mantenido históricamente su prestigio como el esqueleto fundamental para el correcto funcionamiento de la Administración y la sensatez y eficacia de las políticas aplicadas.
Antes del verano renunció a su puesto Mark Sedwill, el jefe máximo de los servidores públicos. Detrás de esta criba —purga, según los críticos de Johnson— se encuentra su controvertido asesor estrella, Dominic Cummings, que se ha mostrado dispuesto a realizar un barrido completo de todos los departamentos gubernamentales para deshacerse de los que considera unos ineficaces burócratas que obstaculizan los ambiciosos proyectos renovadores de Downing Street. “Jonathan Jones es un impresionante abogado y una persona muy decente. Un servidor público leal. Si no puede mantenerse al frente de su puesto, debe haber algo muy podrido en este Gobierno. Temerario, incumplidor de la ley y que arroja a la basura las mejores tradiciones del Reino Unido”, dijo ayer Charlie Falconer, portavoz de justicia de la oposición laborista. Dave Penman, el secretario general de la FDA, el sindicato que representa a los altos funcionarios, recordó a los ministros su obligación de obedecer la ley: “Resulta extraordinario que el principal asesor legal del Gobierno haya decidido que no le queda otra opción que dimitir, ante un asunto que presumiblemente cree que entra en conflicto con sus obligaciones y la de los ministros”.
Las empresas del Reino Unido han dado también la voz de alarma ante la deriva de las negociaciones en torno al Brexit. Todas las reservas acumuladas durante meses, en previsión de una salida a las bravas del Reino Unido de la UE, se han agotado para hacer frente a la crisis económica desencadenada por el coronavirus. “Una introducción abrupta de restricciones en el comercio con la UE sería devastadora en estos momentos”, ha dicho Carolyn Fairbairn, la directora general de la patronal CBI. “Hay demasiadas vidas y empresas en juego. Debemos acabar ya con el aire de resignación que rodea a las negociaciones sobre el Brexit. Es esencial que surja una nueva dinámica política en ambas partes para poder alcanzar un acuerdo y proteger a la economía del Reino Unido”, ha pedido Fairbairn.