Canadá confirma la polémica expansión de un oleoducto un día después de declarar la emergencia climática

En menos de 24 horas, el Gobierno de Justin Trudeau ha hecho dos movimientos que muchos han interpretado como contradictorios. Sin embargo, el partido del primer ministro canadiense, el Liberal, afirma que son prueba del equilibrio entre el crecimiento económico -en gran medida a través de la venta de combustibles- y el cuidado medioambiental. El Parlamento del país norteamericano aprobó este lunes una moción para declarar formalmente el estado de emergencia climática por el calentamiento global. Apenas 24 horas después, Trudeau confirmó en cambio la decisión de construir una segunda línea del oleoducto Trans Mountain, un proyecto que ha levantado una fuerte polémica desde hace años. Las críticas no se han hecho esperar, aunque por distintas razones. A su vez, aparece en el horizonte la jornada electoral del 21 de octubre, en las que el primer ministro se juega la reelección.

Canadá es el tercer país del mundo, tras el Reino Unido y el Vaticano, en declarar el estado de emergencia climática. La ministra de Medio Ambiente, Catherine McKenna, fue la encargada de presentar la moción ante el Legislativo. Se trata, dijo, de “una crisis real y urgente, provocada por la actividad humana, que afecta el medioambiente, la biodiversidad, la salud y la economía de los canadienses. Es un problema de seguridad nacional. Y es tiempo de que comencemos a tratarlo como tal”.

La moción subrayaba que Canadá reitera su compromiso de cumplir con lo establecido en el Acuerdo de París contra el cambio climático y de realizar otras reducciones que contribuyan a luchar contra el calentamiento global. Los liberales contaron con el voto del resto de formaciones del arco parlamentario con una excepción: el Partido Conservador, que ya puso el grito en el cielo cuando el Ejecutivo de Trudeau puso en marcha su plan de gravámenes al carbono, una de sus mayores apuestas ambientales, bajo el argumento de que sería un freno para la economía.

Este martes, Trudeau confirmó la decisión de construir una segunda línea del oleoducto Trans Mountain, cuyos trabajos arrancarán este verano. El Gobierno ha indicado que la factura rondará los 7.400 millones de dólares canadienses (unos 4.940 millones de euros). Trans Mountain opera desde 1953 y transporta hoy unos 300.000 barriles diarios de petróleo desde Edmonton (Alberta) a Burnaby (Columbia Británica). En su mayoría, este crudo es extraído de arenas bituminosas, conocidas por su alto impacto ambiental. Según los cálculos gubernamentales, la segunda línea permitirá alcanzar los 890.000 barriles por día. Trudeau subrayó que la obra busca reducir la dependencia exportadora de EE UU: abrirá posibilidades en Asia en un momento en el que el 99% de los recursos energéticos canadienses exportados se hacen al vecino del sur.

Los liberales de Trudeau habían aprobado en noviembre de 2016 la expansión de Trans Mountain a cargo de la dueña del oleoducto, la compañía estadounidense Kinder Morgan. Sin embargo, el Gobierno de la Columbia Británica y diversos grupos de ambientalistas mostraron su oposición. Entre ellos, varias comunidades indígenas de la región presentaron un recurso legal y forzaron a Kinder Morgan a dejar caer que abandonaría el proyecto si no existía un acuerdo entre todas las partes antes del 31 de mayo del año pasado. Dos días antes de esa fecha, el Gobierno canadiense nacionalizó el oleoducto en una transacción valorada en 4.500 millones de dólares canadienses (3.005 millones de euros). La nacionalización de Trans Mountain dio una clara señal de que la administración Trudeau respaldaba con fuerza el proyecto de expansión.

En agosto del año pasado, una Corte federal dictaminó que no se habían estudiado de forma detallada las consecuencias medioambientales de la obra y que las consultas a los grupos indígenas habían sido insuficientes. Finalmente, tras nuevos exámenes a cargo de la Oficina Nacional de la Energía, los liberales han anunciado que la segunda línea se construirá. “Hemos escuchado también a los canadienses que quieren un futuro más verde. Es por ello que hemos decidido invertir cada dólar generado por este proyecto en la transición ecológica de Canadá”, manifestó Trudeau.

"Es igual de lógico que apagar un incendio con un lanzallamas"

Las reacciones al anuncio no han demorado. Jason Kenney, primer ministro de Alberta, escribió en Twitter que su Gobierno aprecia la aprobación de las autoridades federales. “Pero aprobación no es lo mismo que construcción. Ahora, ¡a construir!”, añadió. Andrew Scheer, líder del Partido Conservador, dijo por su parte que los liberales carecen de un plan de construcción de la segunda línea y aprovechó para criticar de nueva cuenta el programa de impuestos al carbono.

Jagmeet Singh, líder del Nuevo Partido Democrático, señaló que un solo derrame en las costas de la Columbia Británica sería desastroso para la biodiversidad y para miles de empleos en actividades pesqueras. Elizabeth May, dirigente de los verdes, denunció “el cinismo y la hipocresía” del anuncio, en referencia a la moción aprobada por el Parlamento el día anterior. “La aprobación del proyecto por parte del Gobierno de Trudeau, luego de haber declarado que estamos en estado de emergencia climática, es igual de lógica que tratar de apagar un incendio con un lanzallamas”, declaró Patrick Bonin, portavoz del capítulo canadiense de Greenpeace a Radio-Canadá. Asimismo, Leah George Wilson, jefa de la comunidad indígena Tsleil-Waututh, anunció en Vancouver que buscará llegar a los tribunales para frenar el proyecto.

La conciliación entre el desarrollo económico y el cuidado medioambiental, defendida por los liberales, es presa de señalamientos desde varios frentes. La pregunta es hasta qué punto será beneficiosa o perjudicial para Trudeau de cara a las elecciones que tendrán lugar en poco más de cuatro meses.