Un juez procesa a Cristina Fernández de Kirchner por posesión de documentos históricos

Más información

La Corte de Argentina ratifica la orden de prisión preventiva para Fernández de Kirchner

Un juez lleva a juicio oral a Cristina Kirchner por encubrimiento en la causa Amia

En agosto del año pasado, la justicia allanó la casa de Cristina Fernández de Kirchner en la ciudad patagónica de El Calafate. Buscaba pruebas en una investigación por corrupción. Los peritos retiraron entonces 94 cajas con documentos y se llevaron una sorpresa: entre los papeles había una carta de puño y letra del general José de San Martín, héroe de la independencia argentina y sudamericana, y el prontuario policial del expresidente Hipólito Yrigoyen. El juez Claudio Bonadio abrió entonces un nuevo expediente y ahora decidió procesar a Fernández de Kirchner por “ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos”. El magistrado sospecha que los papeles salieron del mercado negro y en su fallo recordó que, por su valor, debían estar en poder del Estado. Kirchner declaró por esta causa el 25 de febrero y, en un escrito, sostuvo que los cargos que enfrenta “son falsos”.

La carta de San Martín data de 1835 y está dirigida al líder independentista chileno Bernardo O'Higgins. El prontuario, de 122 hojas, cubre las actividades de Yrigoyen entre 1906 y 1910, seis años antes de que el líder histórico del partido Radical se convirtiese en presidente de Argentina. Bonadio dio con los documentos cuando buscaba pruebas en la llamada “causa de los cuadernos”, que investiga una presunta red de corrupción montada por el kirchnerismo para recaudar dinero sucio de empresas con contratos en obra pública. Los peritos determinaron que todos los documentos son auténticos, lo que supone que su adquisición fue ilegal. En cualquier caso, Bonadio entendió que no debían estar en manos de la expresidenta y decidió procesarla, un paso que implica que ha encontrado pruebas suficientes para sospechar de un delito.

En un amplio texto al que tuvo acceso el diario Clarín, Bonadio dijo que el prontuario de Yrigoyen debía estar en los archivos de la policía federal. La carta de San Martin, en tanto, “fue hurtada en 1981 en la República de Chile de un lote completo de correspondencia de San Martín a O´Higgins. Así lo informan con amplia certeza todos los historiadores especialistas en la materia". La carta “constituye claramente un documento histórico de más de cien años de antigüedad, y que involucra directamente a un personaje político e histórico de nuestra Nación; de lo que se evidencia la utilidad que reviste para la investigación histórica de aquella época”, dijo el juez en su resolución.

“No es factible concebir que la doctora Cristina Fernández de Kirchner, abogada, ex diputada , senadora nacional y ex presidenta del país por dos períodos, desconociera que tenía en sus manos dos instrumentos de trascendental relevancia histórica que, como tales, constituyen patrimonio cultural de la Argentina o de la República de Chile”, agregó Bonadio. La hipótesis del juez fue que “alguien no identificado sustrajo dichos elementos y la encausada los receptó, manteniéndolos en su poder hasta ser habidos por la policía”, en lugar de entregarlos a las autoridades responsables de la custodia de documentos históricos. 

Para la expresidenta, las acusaciones del juez forman parte de una persecución política orquestada por el gobierno de Mauricio Macri para quitarla de la carrera política. La semana pasada, Fernández de Kirchner declaró ante el juez y por escrito por el caso de los documentos históricos, y rechazó que exista delito. La “acusación, dijo, "resulta absolutamente falsa, a lo que se suma que el hecho que se me imputa ni siquiera constituye delito, pues jamás tuve dolosamente en mi poder documentos ajenos o que debieran ser resguardados por alguna autoridad competente".

Este nuevo procesamiento se suma a una larga lista de malas noticias para Fernández de Kirchner. El viernes, la Corte Suprema ratificó la prisión preventiva que enfrenta la expresidenta por el presunto encubrimiento de los autores del atentado que en 1994 destruyó la sede de la mutual judía AMIA, en Buenos Aires. Perdió así el último recurso para evitar el juicio oral, que no tiene fecha. El 21 de mayo, en tanto, deberá responder ante un tribunal federal por su presunta responsabilidad en una red de corrupción vinculada a la obra pública. Ambos procesos avanzarán en paralelo a la campaña electoral para las generales de octubre.