La oposición nicaragüense suspende temporalmente el diálogo con Daniel Ortega

La opositora Alianza Cívica —que reúne a empresarios, campesinos, estudiantes, feministas y académicos de Nicaragua— ha decidido este lunes “suspender” temporalmente las negociaciones con el Gobierno de Daniel Ortega después de que los obispos rechazasen participar, como garantes, en el proceso que intenta encontrar una salida a la crisis que en abril cumplirá un año. Mientras, un representante de el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha viajado este mismo lunes a Managua para reunirse con el presidente Ortega y representantes de la oposición para valorar su participación en las negociaciones.

Integrantes de la Alianza Cívica consultados por EL PAÍS afirmaron que se tomarían un tiempo para "reconsiderar" su participación en el proceso. "El Gobierno debe demostrar voluntad política, que de verdad quiere negociar", dijo Azahalea Solís, una de las particpantes del equipo negociador por parte de la oposición. "Exigimos la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos, porque los derechos no se negocian. No vamos a ir al diálogo hasta que haya condiciones".

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El Ejecutivo de Ortega emitió el sábado un documento con su agenda de negociación: propone el "fortalecimiento" del sistema electoral del país, mientras la oposición exige reformas profundas, que incluyan el cambio de los funcionarios de la institución —leales al presidente y señalados de fraguar fraudes electorales que le permitieron al exguerrillero sandinista perpetuarse en el poder— para garantizar elecciones transparentes. En el documento, el Gobierno de Managua también asegura que estaría dispuesto a negociar la liberación de los detenidos, a los que señala de cometer "hechos delictivos", pero solo después de revisar "sus expedientes".

La oposición insiste en que se trata de "presos políticos" detenidos por manifestarse contra el régimen. Lo más importante para el régimen de Ortega, sin embargo, es su propuesta de realizar gestiones internacionales para suspender las sanciones impuestas por Estados Unidos y algunos países europeos. Washington sancionó a funcionarios cercanos a Ortega, incluyendo a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. "El Gobierno no ha cesado la represión, llama delincuentes a los presos políticos, incumple los acuerdos establecidos en la Hoja de Ruta (del diálogo)", dijo Solís. "Estamos esperando voluntad política", reiteró.

La decisión de los opositores de levantarse de las negociaciones se dio tras conocerse la posición de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), que informó de que sus obispos no “estarían presentes” en el llamado Diálogo Nacional y que consideraban “que deben ser los laicos los que asuman directamente la responsabilidad de gestionar en este momento las cosas temporales de Nicaragua”. La CEN afirmó que “seguirá acompañando al pueblo en sus sufrimientos y dolores”.

Esta decisión de los obispos es un duro golpe para un proceso que había generado desconfianza entre los nicaragüenses. En un país profundamente católico, la participación de la Iglesia era vista como una importante garantía de transparencia. "Los obispos de la Conferencia Episcopal representan la principal autoridad moral y la institución más creíble del país. Su renuencia a aceptar ser "testigos" del diálogo, confirma que este carece de condiciones, con 600 presos políticos, sin libertades de prensa, expresión y movilización", escribió en Twitter el periodista Carlos Fernando Chamorro, quien tuvo que exiliarse en Costa Rica tras el asalto y la confiscación contra la redacción que dirigía. 

Los obispos de Nicaragua se habían convertido en una fuerza beligerante contra el régimen desde el inicio de la crisis, en abril, cuando decidieron abrir las iglesias para recibir a los heridos en las manifestaciones, criticaron con dureza la brutal represión contra los manifestantes y organizaron y participaron en protestas exigiendo el fin de la violencia desatada por el Estado.

Ortega, entonces, lanzó su ira contra la Iglesia. Acusó públicamente a los obispos de golpistas y sus huestes asaltaron iglesias y hasta profanaron cementerios. El mandatario rechazó desde un principio la participación de los religiosos, en especial de Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua y una de las voces más críticas contra el régimen. En sus homilías Báez instaba a la población a mantener una resistencia pacífica y exigía al Gobierno el cesara de la represión.

La intransigencia de Ortega y su decisión de dividir a la Iglesia causaron que esta decidiera no participar en la que era considerada el camino más viable para sacar al país de la peor crisis sufrida desde el fin de la guerra civil de los ochenta, que ha dejado 325 muertos constatados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más de 600 presos y decenas de miles de exiliados. El Gobierno también se opuso a que participaran organismos internacionales como la OEA, ONU o la Unión Europea, aunque el fin de semana confirmó que un representante del secretario general de la OEA, Luis Almagro viajaría a Managua para analizar su participación en la mesa de negociaciones. "Estamos pendientes de cuál va a ser la posición de la OEA. No vamos a aceptar que tenga un papel administrativo. La OEA debe ser garante en el diálogo. Almagro ha dicho que los presos tienen que estar libres y eso lo debe mantener", dijo Azahalea Solís.

Almagro se pronunció hace dos semanas sobre este proceso y aseguró que "lo que hemos solicitado es la liberación de todos los presos políticos, porque nosotros no podemos entrar en una negociación en la que tengamos que negociar libertades. Eso no sería la mejor manera de estar en una negociación”. Ángel Rosadilla, su delegado enviado a Nicaragua, mantendrá encuentros tanto con Ortega como con la oposición. Está por verse si la participación de al OEA logra reavivar una negociación que ahora está en punto muerto.

Mientras, el eurodiputado Ramón Jáuregui, se manifestó "preocupado" por el estancamiento de las negociaciones y dijo a través de su perfil oficial de Twitter que "estamos negociando el texto de la resolución que aprobará el Parlamente Europeo esta semana". La Eurocámara advirtió a mediados de febrero que tomaría "medidas" contra el Ejecutivo sandinista si no liberaba a los detenidos y cesaba el asedio contra los opositores. "Esta noticia [congelamiento del diálogo] trae demasiadas dudas sobre la voluntad del Gobierno en las negociaciones. La libertad de los presos es una condición necesaria", dijo Jáuregui.