El exvicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner vuelve a prisión
Amado Boudou, condenado en una causa por corrupción, pierde el beneficio de la libertad vigilada por riesgo de fuga
Amado Boudou ha vuelto este lunes a prisión. Un tribunal argentino de segunda instancia revocó la libertad vigilada de la que gozaba quien fuera vicepresidente en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner desde el 11 de diciembre, cuando a cambio de una tobillera electrónica se le permitió esperar en su casa la revisión que pidió de la condena a cinco años y 10 meses que recibió por corrupción. Boudou se presentó en los juzgados federales cerca del mediodía y por la noche la policía lo trasladó al penal de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires. Los jueces no trataron la cuestión de fondo: es decir la apelación de la sentencia presentada por exvicepresidente, que queda para abril.
Según el fallo de este lunes, Boudou mantiene aún poder suficiente para planear una fuga u obstruir el trabajo de los jueces que deben confirmar o revocar el fallo que en agosto lo mandó a la cárcel. La sentencia destacó “la forma prepotente y amenazante” que mostró el exvicepresidente del kirchnerismo durante aquel proceso. La defensa del número dos de Férnandez de Kirchner, en cambio, aseguró que no había motivos revocar la libertad provisoria porque su cliente se presentó siempre que así lo pidieron los magistrados.
Durante su libertad, que duró poco más de dos meses desde la sentencia, Boudou mantuvo un perfil muy bajo y evitó hablar públicamente de política. Se mantuvo así al margen de la interna del peronismo, sumido en una discusión aún silenciosa por el nombre de quien lo representará en las generales de octubre. La gran duda es si Fernández de Kirchner aspirará o no a otra presidencia. Su candidatura depende, en buena medida, del avance de las investigaciones judiciales que enfrenta por presunta corrupción durante su mandato. La causa más avanzada, que investiga supuestos favores en la concesión de obras públicas a cambio de sobornos, ya tiene fecha para el juicio oral. Todo estaba listo para sentar a Fernández de Kirchner ante un tribunal el 26 de febrero, pero este lunes la primera audiencia se pospuso para abril, debido a problemas de salud de uno de los jueces del tribunal.
Boudou es el cargo de mayor rango del kirchnerismo preso por corrupción. Fue ministro de Economía entre 2009 y 2011 y vicepresidente durante el segundo mandato de Fernández de Kirchner. El 7 de agosto del año pasado, los jueces lo encontraron culpable en el caso Ciccone, un expediente que investigó el rescate poco claro de una imprenta en quiebra que obtuvo jugosos contratos para la emisión de billetes de 100 pesos.
Según el fallo, quedó probado que Boudou intercedió en 2010 para que la oficina de impuestos (AFIP) levantara un pedido de quiebra contra Ciccone, la imprenta privada más importante del país, acorralada por una deuda millonaria con el fisco. A cambio, el ministro se quedó con el 70% de la empresa, según el fallo, a través del empresario Alejandro Vandenbroele, quien operó como su testaferro. En ese esquema, Vandenbroele se limitó a “acatar las órdenes” recibidas por Boudou a través de intermediarios. Ciccone consiguió tras el rescate el certificado fiscal que le permitió convertirse en la principal proveedora de billetes del Estado, por encima incluso de la Casa de la Moneda.
La causa Ciccone se inició en febrero de 2012 con el testimonio ante la prensa de Laura Muñoz, exesposa de Vandenbroele. La mujer dijo que su marido era un testaferro de Boudou y que la conexión entre ellos llegó a través de José María Núñez Carmona, amigo personal del exvicepresidente. Vanderbroele fue una pieza clave de la investigación porque estaba vinculado al fondo de inversión The Old Fund, que se hizo con la propiedad de Ciccone tras el fin de la quiebra, al menos en los papeles. Para los jueces, el verdadero dueño de la imprenta fue Boudou, algo que el acusado negó de plano en sus últimas palabras ante los jueces.
Si alguna vez tuvo aspiraciones presidenciales, la estrella de Boudou se fue apagando mientras sumaba problemas en los tribunales. La investigación más grave fue siempre el caso Ciccone, pero, en algún momento, sumó 54 causas, desde acumulación de infracciones de tránsito (110 por exceso de velocidad) hasta el uso indebido de un helicóptero del Estado para viajes proselitistas.
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