Seis jueces de la Corte Penal Internacional reclaman un aumento de sueldo

Al menos seis de los 18 jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) han interpuesto una demanda contra el propio organismo, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sede el Ginebra, pidiendo un aumento de sueldo. La imagen de unos juristas de alto rango litigando por dinero puede dañar la reputación de la única instancia permanente que juzga el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad. Aunque la Corte es independiente, el salario de sus señorías sigue el modelo de pagos de Nacion...

Al menos seis de los 18 jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) han interpuesto una demanda contra el propio organismo, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sede el Ginebra, pidiendo un aumento de sueldo. La imagen de unos juristas de alto rango litigando por dinero puede dañar la reputación de la única instancia permanente que juzga el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad. Aunque la Corte es independiente, el salario de sus señorías sigue el modelo de pagos de Naciones Unidas y ronda los 180.000 euros anuales, libres de impuestos, según documentos internos. Durante sus 9 años de mandato, gozan de los privilegios del cuerpo diplomático. Una situación que contrasta con los continuos problemas de presupuesto padecidos por la fiscalía, y el fondo destinado a las víctimas.

Los jueces demandantes, entre los que figura su presidente, el nigeriano Chile Eboe-Osuji (su cargo es por tres años) aducen que ganan menos que sus colegas del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), de la propia ONU. Son estos un grupo de 15, elegidos asimismo por un periodo de 9 años, que cobran por encima de los 200.000 euros anuales —con igual trato diplomático y sin impuestos— señalan fuentes internas. Además, han podido resolver arbitrajes ajenos a su trabajo a título particular durante largo tiempo, con lo que aumentaba su sueldo fijo. La CPI no comenta la demanda de sus propios jueces, “porque las actuaciones de la Organización Mundial del Trabajo son confidenciales”, dicen sus portavoces.

“En efecto, el sueldo de los jueces ha estado estancado durante varios años. A ello se suma que los Estados Miembros de la CPI pertenecientes al G7 [Canadá, Italia, Francia, Alemania, Japón y Reino Unido] han venido abogando por un crecimiento cero del presupuesto de la Corte [147 millones de euros para 2019], al mismo tiempo que le han exigido hacer más con menos recursos. Ello ha tenido un impacto evidente en los últimos años, tanto en la labor de la Fiscalía como en las víctimas, por lo que suscita poca simpatía la actual petición de los jueces de mayor remuneración”, señala, en conversación telefónica, William Pace, de la Coalición para la Corte Penal Internacional, ONG que reúne a unas 2.500 agrupaciones en todo el mundo en favor de su independencia.

Pace teme que la situación dañe la reputación de la Corte, objeto de duros ataques por parte de Estados Unidos, que no ha ratificado el Estatuto de Roma, el texto fundacional, y solo colabora cuando los casos no le atañen. También es criticada en África, donde varios países la acusan de buscar criminales solo allí. “Recientemente ha habido sentencias sorprendentes y controvertidas, como la más reciente, que ha absuelto a Laurent Gbagbo, expresidente de Costa de Marfil, de crímenes contra la humanidad. Esta decisión ha sido apelada y aún estamos a la espera de que se publique la decisión final de los jueces [de primera instancia]. Habrá que analizar si fue la falta de recursos lo que afectó a la fiscalía o, más bien, si existen otras razones para la insuficiencia de pruebas. A pesar de todo ello, la Corte ha mostrado que se puede acusar y perseguir a jefes de Estado; que los crímenes de estos ya no gozan de plena impunidad. Y, eso, es un paso histórico en contra de la impunidad”, añade, consciente de que la petición a la OIT de los jueces puede suponer cifras millonarias, al contemplar el ajuste de sus salarios y pensiones con efectos retroactivos