“Los prejuicios sobre el consumo de drogas necesitan ser revaluados”
La internacionalista ve con preocupación el giro de Duque hacia el prohibicionismo y advierte sobre los riesgos de amenazar con una intervención militar a Venezuela
Sandra Borda (Bogotá, 1974) es una voz recurrente en las discusiones en los espacios de opinión colombianos. Con sendas maestrías en las universidades de Wisconsin y Chicago y un doctorado en Minessota, todas ellas en Estados Unidos, esta politóloga e internacionalista está centrada en un libro que explicará el tradicional parroquialismo colombiano. Profesora e investigadora de la Universidad de Los Andes y ...
Sandra Borda (Bogotá, 1974) es una voz recurrente en las discusiones en los espacios de opinión colombianos. Con sendas maestrías en las universidades de Wisconsin y Chicago y un doctorado en Minessota, todas ellas en Estados Unidos, esta politóloga e internacionalista está centrada en un libro que explicará el tradicional parroquialismo colombiano. Profesora e investigadora de la Universidad de Los Andes y columnista de la revista Arcadia, quedó en medio del debate sobre el enfoque de la guerra contra las drogas cuando, como panelista del programa de Caracol Radio Hora 20, dijo que se consideraba una consumidora recreativa. Esa declaración le convirtió de inmediato en blanco de feroces críticas. Borda observa con preocupación el giro hacia el prohibicionismo del nuevo presidente colombiano, Iván Duque, que ya ha firmado un decreto para que la policía se pueda incautar de dosis personales -o mínima-, una cantidad que en 1994 quedó despojada de cualquier pena por la Corte Constitucional.
Pregunta. ¿Qué conclusiones se pueden sacar del primer mes y medio de Duque en el poder?
Respuesta. En medio de la campaña electoral veía, tal vez no en él pero sí en su partido, una oposición muy explícita a los acuerdos de paz. Hasta el punto de que había sectores del Centro Democrático que amenazaban con acabar la implementación y borrar todo lo que se había logrado con las negociaciones en La Habana. Ciertamente lo que ha demostrado este mes es que no hay una intención explicita de hacer eso. Que nadie en este Gobierno va a pagar el costo político de devolverse y acabar con todo. Pero tampoco nadie está dispuesto a pagar el costo político de metérsele de lleno a la implementación. Y han descubierto que frente a la opinión pública y los medios de comunicación es muy útil mantener una actitud ambigua.
P. Colombia es el principal productor de cocaína y los cultivos ilícitos siguen creciendo. Washington ya ha mostrado su preocupación. ¿Es inevitable que las relaciones se vuelvan a narcotizar?
R. La agenda bilateral nunca se ha desnarcotizado: el tema de las drogas siempre ha convivido con otros. Estados Unidos, en este momento, está pasando por una coyuntura en la que ese tema es fundamental para ellos por cuenta de la epidemia de opiáceos. Pero nada tiene que ver con nosotros: es una epidemia de drogas producidas allá, en su gran mayoría legales y que se pueden obtener por prescripción médica. Pero eso le ha permitido a la Administración Trump reactivar un discurso muy típico republicano, el de la guerra contra las drogas. Y ha encontrado un interlocutor en Colombia al que le interesa montarse en ese tren del prohibicionismo, pues tiene una base electoral que tiende a mirar el problema desde el punto de vista moral y no desde la política pública. Entonces satisface a dos clientes simultáneamente, a su base electoral y a Estados Unidos.
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P. Usted terminó como blanco de ese debate después de declararse consumidora recreativa. ¿Se sintió descalificada?
R. Hubo muchos intentos por descalificarme, pero yo no puedo entender la asociación entre una cosa y la otra. Eso forma parte de una dimensión de mi vida que no tiene nada que ver con mi desempeño profesional. Así como la gente que consume alcohol no llega borracha a trabajar, yo no consumo drogas para venir a trabajar. Si hubiese algún tipo de descalificación no es de carácter profesional, sino de carácter moral. Y esa me preocupa menos.
P. La visión del Gobierno de Duque solo parece contemplar adictos o traficantes.
R. Sí. Están creando una medida absolutamente punitiva para un montón de gente que no tiene nada que ver con el problema como lo están diagnosticando. Es equivocado pensar que la lucha contra las drogas va a ser efectiva cuando usted se dedique a meter un montón de consumidores a la cárcel. Según un estudio de Julieta Lemaitre y Mauricio Albarracín, el problema es que cuando usted pone a los policías a decomisar dosis mínimas hacen lo que en Estados Unidos llaman social profiling. Yo salgo a la calle, soy profesora de universidad, a mí no me van a parar a quitarme la dosis mínima: al que van a parar es al joven marginal. El mecanismo está socialmente diseñado para establecer discriminación contra sectores empobrecidos.
P. ¿Sintió machismo en los ataques?
R. Sí. Me quedó mucho más claro dos días después, cuando le preguntaron al embajador en Washington, [Francisco] Pacho Santos, si había consumido marihuana. Dijo que sí, y a nadie le pareció un problema.
P. ¿Le incomoda haber quedado en medio del debate?
R. No. Porque la única forma de combatir los prejuicios detrás del consumo es que alguien que los conoce desde adentro pueda decir que eso no es cierto. Hay una diversidad de casos, de patologías, de proclividades psiquiátricas de la gente a desarrollar adicciones que son distintas en todos los seres humanos... Es un debate que hay que dar con mucho cuidado. Mi aspiración es que haber dicho eso ponga a pensar a la gente que de pronto todos esos prejuicios en los que están metidos necesitan ser revaluados.
P. ¿Cree que con Duque Colombia vuelve a orientar su política exterior decididamente a EE UU?
R. El Centro Democrático ha sido un ferviente creyente de que la mejor forma de resolver los problemas internacionales de Colombia es siempre estando del lado de Estados Unidos. Al convertir ese tema en una cuestión de principio, nos vamos a equivocar en un escenario clave, que es Venezuela. Alinearnos con lo que está tratando de hacer Estados Unidos en este instante, siendo nosotros el vecino más cercano y más relevante de Venezuela, nos va a traer enormes problemas. Hay una cosa acertada que está haciendo el gobierno, y es empezar a construir consensos regionales y buscar aliados en las organizaciones internacionales para lidiar con el problema. El asunto es que uno no puede tratar de construir ese consenso multilateral y al mismo tiempo amenazar con una intervención militar.