Buenos Aires pone límites a las protestas de alumnos de secundarios
Un nuevo protocolo transfiere a los padres la responsabilidad por la ocupación de colegios
La calle es el espacio predilecto de los argentinos que protestan. La calle y las escuelas, si se trata de alumnos secundarios. El año pasado, cientos de ellos ocuparon durante semanas 27 colegios en la ciudad de Buenos Aires. La modalidad es simple: los estudiantes se quedan dentro del edificio día y noche y obligan así así a suspender las clases. Las “tomas”, como las llaman, fueron contra un proyecto de reforma educativa que suma rechazos tanto entre alumnos como docentes. La idea de la reforma sigue en pie y este año la ciudad decidió acotar la dimensión de los reclamos que espera. A partir de ahora, ya no será el director del colegio el responsable de los chicos sino los padres, quienes afrontarán multas en caso de que se produzcan destrozos en los edificios.
Argentina es un país donde la protesta se usa para resolver cualquier conflicto, por pequeño que sea. Es raro el día en que no hay una manifestación o el corte de alguna carretera. Las marchas disminuyen en enero y febrero, los meses de verano en que vacacionan los argentinos, y se reactivan en marzo, cuando los sindicatos inician las negociaciones salariales de todo el año. Es también cuando los alumnos vuelven a las aulas. En el ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires se han anticipado a nuevas jornadas de protesta con un protocolo contra las tomas. La novedad es que ahora serán los padres quienes responderán, incluso económicamente, ante cualquier exceso de sus hijos.
“Las familias hacen una transferencia informal del cuidado de los chicos a la escuela, pero cuando hay una toma ya no puede ser ejercida por las autoridades porque no hay un gobierno adulto. Por eso queremos dotar a los directores de herramientas para que devuelvan la responsabilidad del cuidado a las familias. A los padres les decimos ‘sus hijos ya no pueden estar bajo nuestro cuidado’, y si deciden que sigan en la escuela queremos que quede registrado”, dice a EL PAÍS la ministra de Educación de Buenos Aires, Soledad Acuña.
La responsabilidad de los padres irá mucho más allá del cuidado de los menores. Si ahora hay roturas en el edificio, los padres serán multados. Pero no queda del todo claro cómo se instrumentará la medida en colegios donde, por ejemplo, cursan hasta 2.000 alumnos, donde identificar a padres y alumnos involucrados puede ser una tarea compleja. “No veo que tengan poder efectivo para aplicar el protocolo”, dice Ignacio García Allende, consejero del centro de estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires, el más tradicional de la ciudad y también uno de los más combativos. Pero eso no será un problema, según García Allende, porque “el objetivo no es controlar las tomas sino enviar un mensaje a la sociedad. Lo que buscan es que la gente vea a [Mauricio] Macri como el presidente que quiere que no haya más tomas”.
La ministra Acuña considera, en cambio, que el protocolo es perfectamente aplicable. “Hay colegios con 2.000 alumnos, pero repartidos en varios turnos. Y cada turno tiene equipos de regentes, hay un grupo de gestión para que informe a las familias. Además no estamos ante un incendio, algo que sucede de repente como una emergencia. La toma es un proceso que se conoce con tiempo y se dialoga”, dice la ministra.
Que haya un protocolo contra estudiantes que protestan no está exento de polémica. Incluso que los padres deban responder legalmente por lo que hacen sus hijos no está del todo claro en la legislación. Mientras tanto, el gobierno de Buenos Aires avanzará este año con la reforma educativa y será un hecho que no contará con tanta resistencia en las aulas. “El año pasado perdimos la batalla y nos desgastaron mucho”, admite García Allende. Pero las tomas pueden volver y las autoridades han dejado en claro que aplicará mano dura contra ellas.
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