Colombia: escoger con transparencia

Pudo haberse llamado “comité de selección”. Pero, en esa tradición colombiana de sofisticado uso del castellano, le pusieron “comité de escogencia” al órgano creado por los acuerdos de paz en Colombia del año pasado y por las modificaciones constitucionales y legales que le siguieron. Al “comité de escogencia” se le asignó la delicada tarea de “escoger” a las personas que asumirán responsabilidades en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición en Colombia.

Este incluye especialmente a la nueva Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que juzgará a exguerrilleros,...

Pudo haberse llamado “comité de selección”. Pero, en esa tradición colombiana de sofisticado uso del castellano, le pusieron “comité de escogencia” al órgano creado por los acuerdos de paz en Colombia del año pasado y por las modificaciones constitucionales y legales que le siguieron. Al “comité de escogencia” se le asignó la delicada tarea de “escoger” a las personas que asumirán responsabilidades en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición en Colombia.

Este incluye especialmente a la nueva Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que juzgará a exguerrilleros, paramilitares y militares que acusados de conductas criminales. También conforman el sistema la Comisión de la Verdad y otros tres mecanismos de monitoreo del tránsito de la guerra a la paz. En total, lo integrarán más de 80 personas de alto nivel seleccionadas luego de casi ocho meses de labor. Por designación del secretario general de la ONU me correspondió integrar ese comité, cuyas funciones están esencialmente concluidas.

En un contexto regional marcado por asuntos tan truculentos y asfixiantes, como una retahíla de nuevos y más graves casos de corrupción, parecería extraño escribir desde un país como el Perú en donde el caso Lava Jato llega a las alturas y no referirme al escándalo de la semana sino a la “escogencia” colombiana. Ocurre que al haber tenido la suerte de vivir el proceso de cerca me parece indispensable revelar esta experiencia que demuestra que sí se puede llevar a cabo, con total transparencia y participación ciudadana, un proceso de selección legítimo y serio de jueces y otras altas funciones.

Dos precisiones previas. Primero, nada de esto quiere decir que, como en cualquier proceso de transición de la guerra —interna o exterior— a la paz, no se generan controversias y hasta polarizaciones. No conozco ningún proceso de transición exento de inevitables rescoldos y tensiones. Como es natural, habrá quienes tengan un balance distinto del que aquí resumo dentro de un contexto preelectoral en el que es alta la polarización política.

Segundo, más allá de controversias y polémicas, el hecho es que el creativo y ambicioso desarrollo de la “justicia transicional” en el acuerdo de paz no se ha dado en ningún proceso de paz en el pasado. Es también la primera vez que en una negociación de paz el grupo armado insurgente —en este caso, las FARC— aceptan someterse a alguna forma de justicia. Que esta justicia funcione y funcione bien es, por eso, importante no sólo para Colombia sino para procesos de paz futuros en cualquier otro rincón del mundo.

Más allá de las naturales controversias que puedan darse si sobre tal o cual persona no debió haber sido seleccionada o, al revés, si faltó alguien, el hecho es que parece existir consenso en que el proceso de selección fue transparente, participativo, que recogió la diversidad étnica y se dio con participación equitativa entre hombres y mujeres. El proceso fue tan rico y creativo que deja muchas enseñanzas de gran utilidad para vertebrar procesos democráticos y confiables de selección de jueces en condiciones ordinarias.

Destaco, en particular, lo transparente y participativo de un proceso en el que luego de las convocatorias se publicaron las hojas de vida de los y las postulantes luego de lo cual la ciudadanía tuvo 10 días para transmitir al comité sus observaciones sobre cada candidato. La respuesta fue notable. Para la JEP, por ejemplo, se contó con más de 2.000 candidatos. Para esa función y las demás llegaron 16.945 observaciones de la ciudadanía. Luego de una primera preselección se llevaron a cabo entrevistas —todas públicas— para proceder a la designación final. En ella se hizo una designación equitativa entre hombres y mujeres y una presencia étnica e indígena sin precedentes en la historia de las instituciones públicas del país.

Como lo ha dicho bien esta semana en EL PAÍS Álvaro Gil-Robles, colega en el comité, ahora hay que poner a marchar este sistema “Porque hay miles de personas pendientes de ser juzgadas. Esto no puede esperar”.