La justicia argentina acorrala a Cristina Fernández de Kirchner a cuatro días de su derrota electoral

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Paso a paso, la justicia argentina acorrala al kirchnerismo. El miércoles, un juez encarceló por presunta corrupción a Julio De Vido, el hombre que durante 12 años manejó más de 200.000 millones de dólares destinados a la obra pública. De Vido era tan poderoso como intocable, el único que estuvo en su cargo desde el primero hasta el último día de los Kirchner. Pero la foto del exministro en el penal de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires, lo cambió todo. Ayer fue el turno de Cristina Fernández de Kirchner.

Cuatro días después de su derrota en la provincia de Buenos Aires –quedó a cuatro puntos del candidato oficialista, Esteban Bullrich-, y como estreno de los fueros que obtuvo como senadora electa, la expresidenta declaró en los tribunales federales. El juez Claudio Bonadio cerró con ella una lista de 14 imputados por el presunto "encubrimiento" de los iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado que en 1994 destruyó la mutual judía en Buenos Aires, Amia, que dejó 85 muertos. El vía crucis judicial de Kirchner no terminó ayer: el 9 de noviembre deberá declarar en otra causa, pero por corrupción. Voces de peso en el oficialismo ya han advertido que la seguidilla de causas puede impedir que Kirchner asuma como senadora el 10 de diciembre.

Las declaraciones judiciales de Kirchner ya no movilizan a cientos de seguidores como aquella primera, en abril del año pasado, cuando habló durante una hora sobre un escenario montado frente al edificio de los tribunales para denunciar una persecución política. Las causas se han sucedido y ya no sorprende que su auto blanco la traslade desde la casa que ocupa cuando está en Buenos Aires, en Recoleta, hasta Comodro Py, donde están la esperan los jueces. Pero la de ayer no fue una más.

Elegida senadora, Kirchner volvió a la política activa. Y prometió que desde el Senado construirá una alternativa opositora a Mauricio Macri. Por eso decidió hablar a los periodistas tras verse cara a cara con Bonadio y presentarle un escrito con su declaración. “Esta causa es un gran disparate jurídico. El Gobierno está detrás de esto, porque quieren un Parlamento sumiso, donde los legisladores voten lo que ellos quieren, pero conmigo no lo van a lograr. Voy a representar los intereses de la gente que me votó, como siempre lo hice”, dijo la expresidenta al enjambre de periodistas que la esperó a la salida.

Las pruebas de Nisman

La investigación de Bonadio se basa en las pruebas que recogió el fiscal Alberto Nisman contra Kirchner. Nisman apareció muerto en su casa con un disparo en la cabeza el 18 de enero de 2015, un día antes de presentar los resultados de su investigación ante el Congreso. Según su indagación, y que tomó como propia el fiscal Gerardo Pollicita, durante el kirchnerismo hubo un "plan criminal orquestado y puesto en funcionamiento" para "dotar de impunidad" a cinco iraníes sospechados de la autoría intelectual del atentado a la Amia. Los acusados, todos altos funcionarios o diplomáticos, tenían en enero de 2013 un pedido de captura internacional cuando el gobierno de Kirchner firmó con Teherán un memorando que lo habilitaba a interrogarlos en territorio iraní. El Gobierno presentó el acuerdo como la única posibilidad de avanzar en una causa que en ese entonces estaba paralizada, pero el fiscal entendió que fue en realidad "un incumplimiento a los deberes de funcionario público". Bonadio investiga ahora un posible delito de “encubrimiento agravado”, pero puede incluso procesar a Kirchner por “traición a la patria”.

Kirchner presentó al juez un largo texto en el que negó cualquier tipo de delito, porque el memorando, dijo, fue una decisión diplomática “no justificable”, destinada a destrabar la investigación del atentado terrorista y aprobada por el Congreso. Recordó además a juez que como el memorando fue declarado inconstitucional no estuvo vigente. “Ello implica que si nunca entro en vigencia, nunca pudo producir efectos jurídicos”, escribió a Bonadio.

La peregrinación judicial de Kirchner tiene otra parada el 9 de noviembre, ante otro juez, Julián Ercolini, en una investigación por presunta corrupción. Se trata del juicio más delicado de todos los que enfrenta, el llamado Hotesur. El magistrado investiga a Kirchner y a toda su familia –también están citados su hijo Máximo, diputado por el kirchnerismo, y su hija Florencia– por presunto lavado de dinero. Los Kirchner son propietarios de varios hoteles en El Calafate, un centro turístico al lado del glaciar Perito Moreno, y según los investigadores utilizaban esos centros, semivacíos en invierno, para blanquear el dinero que dos empresarios cercanos, Lázaro Báez y Cristóbal López, pagaron a cambio de recibir contratos de obra pública y licencias de juego.

Kirchner no puede ir presa porque como senadora electa tiene fueros que la protegen. Pero desde el oficialismo ya anticiparon la posibilidad de que no pueda asumir su banca el 10 de diciembre, cuando jurarán los diputados y senadores que ganaron la elección del 22 de octubre. La primera en abrir esa posibilidad fue Graciela Ocaña, miembro del gobierno krichnerista y hoy la candidata que más votos sumó a nivel nacional por el macrismo. “Una vez que se presenten los pliegos [de Kirchner como senadora], habrá que ver si hay impugnaciones y si la justicia hace un requerimiento [de desafuero] como en el caso de De Vido", dijo la legisladora a radio Continental.

También habló el exsenador Ernesto Sanz, un político que hoy representa los intereses de la centenaria Unión Cívica Radical (UCR) en la alianza oficialista Cambiemos. "Es muy probable que Cristina no pueda asumir. Si cuando el Senado tenga que discutir los pliegos la Justicia va avanzando como va avanzando, es muy probable que no asuma”, dijo. Kirchner enfrenta así una guerra en dos frentes: el judicial y el legislativo. Mientras tanto, ve como a su alrededor se desmoronan los cimientos que la mantuvieron en el poder durante más de 12 años.