El secretario de Transportes de México evita señalar a los culpables del socavón donde murieron dos personas

El secretario de Comunicaciones y Transportes de México, Gerardo Ruiz Esparza, ha evitado señalar a los responsables del socavón de Cuernavaca que acabó con la vida de dos personas -Juan Mena López, de 56 años y su hijo Juan Mena Romero, de 36-, que cayeron con su coche en un hoyo profundo mientras circulaban por una de las carreteras más importantes del país el pasado 12 de julio. Esparza ha comparecido la mañana de este jueves ante diputados y senadores mexicanos para rendir cuentas por uno de los sucesos que más indignó al país y del que aún faltan respuestas.

El pasado 10 de agosto, casi un mes después de lo sucedido, se hizo público un peritaje en el que se enumeraban los errores y omisiones técnicos cometidos durante el proceso de construcción del famoso Paso Exprés —una autopista de 14,5 kilómetros que comunica la capital con las playas de Acapulco—. Pero en ese informe tampoco se hacía referencia a quiénes fueron los responsables de cada una de las fallas. Esparza ha señalado este jueves que "no es el deber de la Secretaría" apuntar a los culpables y que habrá que esperar a otro dictamen por parte de los órganos de control como son la Secretaría de Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.

El secretario ha repetido en su comparecencia los motivos técnicos principales por los cuales se produjo un hoyo gigante en un lateral de la carretera: el taponamiento del tubo por una acumulación de basuras que no se recolectaron, la descomposición del terraplén por la filtración de agua proveniente de esa alcantarilla colapsada y un detalle en el que ha querido hacer énfasis, la ausencia de un embovedado que protegiera al tubo, como estaba previsto en el proyecto inicial. La responsable de ejecutar esa obra era la constructora española Aldesa, a cargo de la licitación en consorcio con Epccor, según ha explicado el secretario en su intervención. Y nadie ha explicado por qué no se construyó si estaba previsto en el proyecto.

De manera que, aunque ha preferido que los responsables los señalen otros organismos públicos, ha dejado entrever algunas pistas. "Cuando se conozcan los responsables esperemos que se llegue hasta últimas consecuencias, tanto con las empresas contratistas, como con los funcionarios públicos", ha señalado Esparza en diferentes ocasiones. "No habrá impunidad", ha agregado. Pero ha preferido escudarse en que no es necesario que haya "un responsable político" por lo sucedido, ante las cuatro peticiones de renuncia por parte de los legisladores. "La responsabilidad final de que todo se haga como se contrató es de la Secretaría, a la que la sociedad mexicana le reclama es a su dependencia", le ha espetado el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano.

Otro de los puntos conflictivos del caso fue, desde el primer momento, el aumento considerable del precio de la obra sobre el costo inicial —el presupuesto era de 1.045 millones de pesos, pero terminó elevándose hasta 2.223 millones—. Y en este punto los legisladores han hecho especial hincapié ante las sospechas de corrupción. Esparza ha respondido que el incremento se debió a diferentes obras no previstas, como puentes peatonales, servicios de drenaje para los vecinos, instalaciones eléctricas y un distribuidor para no cercar el acceso a un centro comercial. No obstante, algunos diputados han preguntado si esto no podía haberse previsto con anterioridad. No hubo una respuesta diferente.

Tanto los peritos en su informe, como el secretario este jueves, han coincidido en que el socavón se podría haber evitado. Se referían más a las cuestiones técnicas, como el cambio de la alcantarilla —que tenía más de 34 años de funcionamiento—, la correcta supervisión de la obra y la construcción del embovedado; además de las alertas de los vecinos sobre los derrumbes del muro de contención, de la dirección de Protección Civil estatal y de la Comisión Nacional del Agua sobre el drenaje en la barranca. Pero había otras advertencias oficiales que apuntaban directamente a la Secretaría.

La Auditoría Superior de la Federación había alertado a la Secretaría de Transportes que su filial estatal "no vigiló ni controló el desarrollo de los trabajos, lo que trajo como consecuencia que se autorizaran pagos a las contratistas y servicios por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo realmente ejecutado, incorrecto análisis de precios unitarios extraordinarios, pagos por servicios de obra que no cumplieron con el alcance en los términos de referencia, mala calidad en la ejecución de los trabajos, otorgamiento de anticipos fuera de lo pactad o en el contrato, trabajos pagados anticipadamente a su ejecución, así como la falta de autorización para la ejecución de los proyectos". Sobre este punto, Esparza ha declarado que acatará lo que dictamine el informe de la Secretaría de Función Pública sobre las responsabilidades.

Una persona de confianza del secretario le hizo llegar unas mochilas infantiles a la familia Mena, según ha confirmado el secretario en la comparecencia pública. La idea era hablar con la esposa y madre de los fallecidos, Soledad Romero, para convencerla de no ir a juicio. El mismo Ruiz Esparza trató de convencerla en una breve conversación telefónica después de recibir el regalo, según ha informado el diario Reforma y ha confirmado el político este jueves. La intención de Esparza es que la familia acepte el dinero de la indemnización, alrededor de un millón de pesos ( unos 57.000 dólares), y opte por el "camino sencillo", ha llegado a recalcar en su comparecencia en el Congreso.