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La oposición sindical al presidente Mauricio Macri hace agua. Y no por falta de poder de movilización. El martes, decenas de miles de personas convocadas por las Confederación General del Trabajo (CGT), que agrupa a los poderosos gremios peronistas, marcharon a las puertas del ministerio de Producción en Buenos Aires para repudiar la política económica del Gobierno. La postal de las calles ocupadas fue impactante, pero el mensaje final ambiguo. La decisión del triunvirato que lidera la CGT de anunciar una huelga de 24 horas sin fecha precisa no cayó bien en los grupos más radicales. El acto terminó con los dirigentes huyendo entre piedras y botellas y con el palco ocupado por manifestantes que gritaban “paro, paro” y “traidores, traidores”. Para el gobierno de Macri la división sindical tiene una doble lectura: es una buena noticia no tener un frente unido que resista en las calles, pero es una mala que la CGT no esté en condiciones de amortiguar las demandas de los sectores más beligerantes.

El gran debate del día después de la movilización de la CGT fue determinar de donde habían salido los belicosos. La primera reacción de los llamados “gordos” de la Confederación fue acusar a grupos kirchneristas decididos, según su lectura, a entorpecer como sea su relación con la gestión macrista. Pablo Moyano, del gremio de los Camioneros, fue claro: “No nos van a correr 200 muchachos. Los kirchneristas se hacen los rambo y su gobierno fue el que más precarizó el país. Acá el que para el país es la CGT y el que pone la fecha del paro es la CGT”, dijo. Lo cierto es que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner rompió con el sindicalismo que depende del peronismo, su partido, al punto que Hugo Moyano, exlíder de la central y padre de Pablo, hizo campaña por Macri antes de las elecciones de 2015.

El Gobierno hizo propia la tesis de la supuesta responsabilidad del kirchnerismo. Durante un foro organizado por la revista británica The Economist, el jefe de Ministros, Marcos Peña, dijo que existen dentro del sindicalismo argentino sectores que "comparten una visión más parecida a la de la ex presidente Cristina Kirchner", quien quiere “que fracase el cambio". Esas diferencias, agregó, se vieron exacerbadas por “la tensión en un año electoral”, cuando faltan menos de siete meses para las legislativas de medio término. Pero desde el kirchnerismo rechazaron cualquier responsabilidad en los incidentes. Si bien Fernández había pedido a su gente que se sumara a la manifestación, su hijo Máximo Kirchner, también diputado, dijo que la acusación del triunvirato busca “descargar su culpa sobre los incidentes”. “Todos escuchamos que cientos de miles de trabajadores le exigieron la fecha de un paro. Siempre van a la televisión y dicen: la gente dice... bueno, ayer la gente dijo algo", argumentó Máximo Kirchner.

Las divisiones en el sindicalismo argentino no son nuevas, casi a la par de las del peronismo. Durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) se dividió por sus discrepancias ante el giro neoliberal del partido. Con el presidente radical Fernando De la Rúa (1999-2000) encontró un enemigo común y se unió. Con Cristina Kirchner, en cambio, pasó de un férreo apoyo a la oposición más dura. Con Macri volvió a unirse, pero debió apelar a una conducción de tres miembros para satisfacer a todos los sectores en pugna. Mientras tanto, la estrategia con la Casa Rosada fue la de la negociación, una tregua que Macri pagó con dineros públicos que el Estado adeudaba a las obras sociales. Pero la tensión subió de abajo hacia arriba: mientras el triunvirato postergó sin fecha una medida de fuerza, la movilización del martes, la mayor que enfrentó Macri hasta ahora, puso en evidencia que la paciencia de algunos sectores se han agotado.

Este agotamiento puede ser una mala noticia para el Gobierno. Mientras asegura que la economía mejorará este año, Macri deberá negociar desde abril los aumentos salariales que regirán hasta diciembre. Que la CGT pierda fuerza como interlocutor capaz de garantizar la paz social atenta contra la gobernabilidad, una palabra que ha sido la pesadilla de todos los gobiernos no peronistas que gobernaron en Argentina desde la vuelta a la democracia, en 1983. "No sentimos que cualquier disenso atente contra la gobernabilidad. En estos 15 meses la relación con los sindicatos ha sido excelente", aclaró ayer Peña, un hombre que resume la opinión de todo el Gobierno de Macri.