Una nueva detención aviva el debate sobre los cultivadores de cannabis en Argentina

Todas las mañanas, o al caer la tarde, cientos de personas desperdigadas por todo el territorio argentino se llevan a la boca una gota de aceite de cannabis. Son niños que sufren epilepsia a los que medican sus madres, pacientes con VIH que buscan evitar las náuseas que le provocan el coctel de medicamentos o enfermos de cáncer que necesitan recuperar el apetito. Pero claro, las flores de cannabis, materia prima para conseguir el aceite, no caen del cielo. La solución que hasta el momento encontraron los legisladores es la importación de una sola cepa del producto, una posibilidad que no abarca a todo el universo de usuarios y que no evita la dependencia que los cuerpos generan hacia la sustancia con el paso de las semanas. En ese sentido muchos ciudadanos ven indispensable proteger a los cultivadores, el único eslabón que ha quedado fuera del proyecto de ley que recibió media sanción en noviembre.

En los últimos meses, la persecución a los cultivadores se ha hecho más cruenta. El pasado lunes le tocó el turno a Adriana Funaro, una reconocida activista de Argentina que por una denuncia de un vecino muy particular recibió la inesperada visita de la policía en su casa de la localidad de Ezeiza (a casi 40 kilómetros de Buenos Aires). A la mujer le incautaron 36 plantas, semillas y varios goteros de aceite que tenía preparados para distribuir a pacientes, entre ellos una niña llamada Delfina que sufre de microcefalia y que ha dejado de convulsionar desde que toma aceite. Funaro fue detenida y confinada en la comisaría de la mujer de Ezeiza, donde pasó la noche. No es el primer trago amargo de la mujer, quien en 2012 sufrió el robo de sus plantas y a la hora de hacer la denuncia a la policía, se encontró con la extorsión de un agente que le pidió 900 pesos a cambio de su silencio.

En medio del allanamiento, un vecino identificado como Héctor Osvaldo Laporta –el presunto denunciante- salió de su casa y comenzó a insultar a los presentes, entre ellos activistas, vecinos y familiares de los niños a los que Adriana les provee gratuitamente el aceite de cannabis con el que llevan adelante sus tratamientos. Dijo que tiene “contactos con el intendente” de Ezeiza y exministro de seguridad bonaerense Alejandro Granados, exhibió un arma con la que disparó al suelo y amenazó a la periodista de la revista THC, Lúcia de Souza Madeira. Asimismo, golpeó al activista Nicolás Breg de la Asociación Cultural El Jardín del Unicornio, que también asiste a una docena de pacientes. Según el boletín oficial, Laporta solicitó un arma de fuego el 23 de mayo de 2014 y que le fue concedida la portación de un revolver calibre 22 que solo puede tener en el interior de su domicilio.

En diálogo con EL PAÍS, Breg contó que “al concurrir a la comisaría local con Lúcia y Julián Peré (también integrante de El Jardín del Unicornio) nos dijeron que no nos pueden tomar la denuncia porque hay una orden de la Unidad Fiscal de Investigación 2 (a cargo de Carlos Hassan) de no hacerlo y nos informan que estábamos los tres imputados por coacción y que debíamos presentarnos al día siguiente en Tribunales”. Las tres personas quedaron procesadas por el supuesto delito de invasión a la propiedad en grado de tentativa.

Micaela, la hija de Funaro, contó a FM La Tribu que “esto es producto de la impunidad y la cizaña. Todo empezó porque mi mamá quiso levantar una medianera y el vecino se negó a esa obra. Hace más de un año que tenemos este problema y terminó con lo peor que nos podía pasar. El nos venía amenazando desde hace meses que la iba a denunciar. Cuando la policía entró, le apuntó a mi mamá con el arma y la tiraron al suelo, luego revolvieron toda la casa”. “Ezeiza funciona como un feudo que lo maneja la policía provincial en connivencia con las dos fiscalías”, opina el abogado de Funaro, Federico Paruolo, a este diario. “La policía hace lo que quiere y se maneja como quiere y suele pasar que se hacen allanamientos para sacar a la competencia porque es la policía la que termina comercializando, por eso yo estoy convencido que no sabían quién era Adriana”, suma.

El 5 de octubre del año pasado, otros dos cultivadores llamados Eric Pascottini y Nicolás Tverdovsky fueron detenidos durante un mes y 20 días en una cárcel de la localidad cordobesa de Cruz del Eje, donde les cortaron las rastas y los pelaron. En el sorpresivo allanamiento les incautaron cinco plantas de marihuana y algunos frascos con flores. Al día de hoy están libres pero continúan procesados por “comercio de estupefacientes”, la misma carátula que ahora pesa sobre Funaro. Según datos no oficiales, durante el 2014 y 2015 en Argentina se secuestraron 25.211 plantas de marihuana por violación a la ley 23.737.

“La jurisprudencia respecto de la inconstitucionalidad de penalizar el consumo personal de estupefacientes, se encuentra muy avanzada y avalada en precedentes de la Corte Suprema a partir de los fallos Bazterrica, de 1986 y Arriola, de 2009. De allí a que varios tribunales apliquen dicho criterio y hayan sobreseído a personas por plantaciones de hasta más de 100 unidades”, indica el abogado penalista Mariano Fusero, de la Asociación de Pensamiento Penal (APP). “Lamentablemente, otros juzgados no aplican dichos antecedentes -no tienen obligación de hacerlo- y han condenado a personas a penas de casi cinco años de prisión por apenas cinco plantas”, agrega.

La situación procesal de Funaro seguirá su camino en los próximos días, mientras tanto, a última hora de este miércoles se iba a definir su libertad. En caso contrario, la defensa evaluaba pedir una excarcelación extraordinaria dado que la mujer sufre de artrosis y ataques de pánico. La familia de la pequeña Delfina, mientras tanto, rezan para que la niña no vuelva a sufrir convulsiones ante la falta de su medicina.