La CIDH advierte sobre el retroceso regional en políticas de derechos humanos

Cerca de 168 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza en América Latina y el Caribe. Su situación vulnerable les impide ejercer derechos económicos, sociales y culturales "en condiciones de igualdad real" con el resto de la población, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo señaló que es necesario actuar para reducir esa desigualdad y mantener las redes de protección social en un momento en el que la región vive un retroceso de las políticas de derechos humanos.

"La pobreza constituye un problema de derechos humanos que se traduce en obstáculos para el goce y ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad real por parte de las personas, grupos y colectividades que viven en dicha situación", sostiene la CIDH en el Informe preliminar sobre la pobreza, pobreza extrema y derechos humanos en las Américas presentado este jueves en Buenos Aires en un panel en el que participó el brasileño Paulo Abrão, secretario ejecutivo del ente interamericano.

Como ejemplos, cita las grandes distancias que suele tener que recorrer la población más pobre para acceder a escuelas, centros de salud y a sus lugares de trabajo y la falta de servicios básicos como agua potable, saneamiento y servicio telefónico para emergencias. La CIDH considera que los obstáculos a los que se enfrentan "se amalgaman entre sí –generando condiciones de trabajo inadecuadas y hasta peligrosas, carencia o condiciones insalubres de vivienda, inadecuada alimentación o desnutrición, riesgo a sufrir enfermedades que podrían ser prevenibles, acceso desigual a la justicia, la falta de participación en los procesos de toma de decisiones que les compete, entre otros". 

Informe abierto a la participación

El trabajo no recoge datos estadísticos propios, sino que se basa en información aportada por Estados, visitas de expertos a siete países del hemisferio y consultas con diversos sectores de la sociedad civil. Con vistas a la elaboración de un informe definitivo durante el primer semestre de 2017, la CIDH recibirá hasta el 31 de enero próximo comentarios hechos por los Estados y organizaciones.

"Será un informe que va ayudar a la CIDH en orientar a las decisiones de su sistema de casos y también a hacer un monitoreo de los derechos humanos en la región y, fundamentalmente, permitir que se pueda discutir un conjunto de temas que hasta ahora no habían sido tratado y que pasan por las garantías mínimas par una vida con dignidad y cuáles son las política sociales necesarias para garantizar esa vida digna", dice Abrão al término de la presentación.

Paulo Vannuchi, encargado de la unidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la CIDH, señaló que el continente americano es la región que más avances ha hecho en esta materia. Entre 2003 y 2013, más de 70 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza, según Naciones Unidas. Pero la crisis económica global y los ajustes realizados por varios gobiernos regionales han frenado la tendencia.

"Hay un escenario de riesgo. Si miramos hacia atrás, vemos muchos avances en lo que fue ganar derechos para personas que viven en pobreza, pero hoy están en riesgo de perder el ejercicio de esos derechos", dijo Norma Colledani, encargada de los asuntos relacionados con Derechos Económicos Sociales y Culturales en la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.

"Este informe llega en un momento de retracción de políticas en derechos humanos", confirma Abrao. Para el director ejecutivo de la CIDH, la "situación de rotunda crisis económica" a nivel global "impacta en la capacidad de los Estados para ejecutar políticas publicas dirigidas a la atención de las necesidad básicas de sus ciudadanos".

Por ese motivo, considera imprescindible incluir una mirada inclusiva de la pobreza que contemple los derechos humanos y  las necesidades de "nuevos y cada vez más amplios actores sociales" que existen en el continente para mantener la lucha por la desigualdad en la agenda política regional.