La derecha chilena pretende endurecer la ley migratoria

Los extranjeros apenas representan un 2,7% de la población total de Chile, pero inesperadamente se han convertido en el centro de un intenso debate político con miras a las parlamentarias y presidenciales de noviembre del año que viene. El bloque opositor de derecha, Chile Vamos, ha anunciado la creación de una comisión programática sobre políticas migratorias, que entre sus propuestas preliminares está la restricción de los requisitos de entrada y permanencia, como la expulsión de los inmigrantes que hayan sido condenados por algún delito.

"Muchas de las bandas de delincuentes que hay en Chile, como las que clonan tarjetas, son de extranjeros", indicó el expresidente Sebastián Piñera (2010-2014), que encabeza las encuestas para regresar a La Moneda. La propuesta de la oposición ha sido secundada por otro de los presidenciables del sector, el senador Manuel José Ossandón: "Aquellos que tienen antecedentes no pueden entrar a nuestro país, ni como turistas", indicó el parlamentario.

Tanto en el Gobierno como en la oposición existe consenso sobre la necesidad de actualizar la Ley de Extranjería y Migraciones, que fue dictada en 1975 por el régimen de Augusto Pinochet con una mirada restrictiva y que buscaba, entre otros asuntos, impedir la llegada a Chile de partidarios de la izquierda. La normativa vigente, de hecho, prohíbe la entrada de "los que propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por cualquier otro medio doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia el orden social del país o su sistema de Gobierno". La legislación no satisface las demandas actuales y, aunque uno de los compromisos del Gobierno de Michelle Bachelet era modernizar la ley, todavía no se ha concretado. El enfoque que ha levantado la oposición, sin embargo, ha abierto una discusión inédita y polémica.

"El expresidente Piñera y los parlamentarios de Chile Vamos han sido contagiados por el pensamiento de Donald Trump", indicó el diputado Daniel Melo, del Partido Socialista. Uno de los argumentos de los críticos de la propuesta de la oposición ha sido, justamente, el efecto de las recientes elecciones norteamericanas en Chile, donde hasta ahora temas como la inmigración no habían marcado el debate. La derecha parece buscar a su electorado duro, sobre todo en zonas del norte de Chile donde la inmigración es mayor que en el resto del país. En ciudades como Antofagasta, por ejemplo, en el último tiempo se han organizado protestas masivas contra ciudadanos colombianos.

El crecimiento de los inmigrantes ha aumentado, aunque no en forma explosiva, pero no existe información que haga concluir que exista alguna relación entre los ciudadanos extranjeros y los delitos, como ha señalado la oposición chilena. "No hay ningún dato estadístico que nos haga afirmar que las bandas están integradas en su mayoría por inmigrantes. El porcentaje de participación de los extranjeros en los delitos es ínfima", señaló Pablo Aranda, jefe de la Unidad de Defensa Penal Especializada de la Defensoría Penal Pública.

Los delitos

De acuerdo a la información oficial, apenas un 1% de los extranjeros en Chile ha sido detenido por cometer un delito y la mayoría de los que son expulsados es por haber ingresado en forma clandestina al país (1.012 personas en 2015). "Solo el 2,36% de los reos que cumplen condena son extranjeros. Todo el resto de la población penitenciaria es chilena", indicó Rodrigo Sandoval, director del Departamento de Extranjería.

El debate marca la vida política de Chile. El exsecretario general de la OEA, el candidato José Miguel Insulza, indicó que "es un mito" la idea de que hay criminales entre los inmigrantes. Pero la propuesta de la oposición ha escalado a todos los poderes del Estado. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, aseguró que es inconstitucional deportar a un inmigrante por un delito. Para el subsecretario del Interior del Gobierno, Mahmud Aleuy, las palabras de Piñera "tienen una mirada xenófoba y racista".