EE UU: la otra elección

Ha pasado casi desapercibido que el 8 de noviembre en varios estados de Estados Unidos se votará en referéndum sobre la legalización de la marihuana o sobre su uso medicinal. La polarización entre Trump y Clinton ha concentrado toda la atención sobre lo que está en cuestión el próximo martes.

Nunca antes se habían producido —a la vez— tantos referéndums sobre este tema. Así, en California y otros cuatro estados (Arizona, Maine, Massachusetts y Nevada) se votará sobre la legalización del uso del cannabis y en otros cuatro sobre su uso medicinal. Una reciente encuesta de Gallup da cuenta del clima entre la población sobre esto: el 60% está ahora a favor de la legalización; era 31% en el 2000 y 12% en 1969.

De aprobarse esta propuesta, el cannabis dejaría de ser sustancia prohibida a ser una regulada bajo reglas parecidas a las del alcohol. En un Estado como California, por ejemplo, el acceso legal al cannabis estaría restringido a mayores de 21 años y en espacios privados, la posesión permitida hasta los 28,5 gramos y se impondría un impuesto de 15% por las ventas que podría generar 1.000 millones de dólares de recaudación anual. Este cambio en la opinión pública y la votación del próximo martes plantean interrogantes y comentarios al menos sobre cuatro aspectos medulares.

Primero, que la experiencia va indicando que no ha sido tal el desastre previsto por los reticentes al cambio. En los Estados que ya descriminalizaron el uso del cannabis (Colorado, Washington, Alaska, Oregón y Washington DC), un primer balance da cuenta de una notable disminución en los arrestos, importante recaudación tributaria por las ventas legales y ningún impacto relevante en el aumento del consumo de marihuana entre la juventud o en los accidentes de tránsito.

Segundo, que un eventual resultado afirmativo en un estado como California tendría una importancia particular. Con sus 39 millones de habitantes, no sólo es el más poblado de EE UU sino que tiene una economía muy importante, más grande que la de Francia.

Tercero, por las repercusiones internacionales que tendría en la vigencia —o la interpretación— de las tres convenciones de la ONU sobre la materia (1961, 1971 y 1988) y su enfoque prohibicionista. Las tensiones jurídicas ya existentes entre la práctica de algunas políticas nacionales y estos tratados se aumentarían demandando su adecuación realista a las nuevas realidades. Eso concierne a todos los países y en América es especialmente relevante para países de producción y tránsito como Bolivia, Colombia, Perú y México.

Cuarto, por las consecuencias en Latinoamérica; empezando por México. Una votación a favor en California y Arizona repercutiría directamente: la marihuana pasaría a ser producida legalmente en esos estados de EE UU, que son los que ahora reciben el 50% de la marihuana exportada desde México. Canadá —otro destino de exportaciones— legalizará el cannabis el 2017. Todo esto tendrá efectos sobre los ingresos del crimen organizado y en los volúmenes de producción para la exportación.

La prohibición y la criminalización no lograron su propósito. Golpeó particularmente a los más pobres y a las minorías, el crimen organizado no se vio desmantelado y se llevó al sistema penal y penitenciario a su saturación cuando este debería ser priorizado para enfrentar al crimen organizado y la inseguridad ciudadana.

La evolución expresa el fracaso de políticas prohibicionistas vigentes durante 50 años y la búsqueda de caminos alternativos y de “control de daños” sobre la base de la constatación de que mejor es regular y controlar con medidas de prevención, que pretender tapar el sol con un dedo. Retos y dilemas que van más allá de las fronteras estadounidenses.