La destrucción de una figura de Cristo indigna a Chile

Las imágenes de un grupo de encapuchados destruyendo en la calle figura de un Cristo se repite una y otra vez en los medios de comunicación chilenos. En el marco de una protesta estudiantil de este jueves en Santiago de Chile, los delincuentes ingresaron a la Iglesia de la Gratitud Nacional, en la esquina de calle Cumming con Alameda, la principal avenida de la capital. De acuerdo a las imágenes de fotógrafos y de las cámaras de seguridad, cerca de 10 vándalos sacaron a la calle una antigua imagen de un Cristo crucificado y, en plena vía pública, la azotaron contra el pavimento y la rompieron a patadas. La acción criminal ha sido condenada por las principales autoridades del país, entre ellas la presidente Michelle Bachelet.

"No vamos a aceptar que se atropellen las creencias de los demás", señaló este viernes la Jefe de Estado.

Las acciones delictuales del lumpen se han hecho habituales en los últimos años. Aprovechan las protestas ciudadanas y las movilizaciones de cualquier tipo para romper la propiedad pública y privada. El pasado 21 de mayo, en la cuenta de la presidente ante el Congreso Nacional, en el puerto de Valparaíso, una horda de vándalos incendió locales comerciales y un edificio del Concejo Municipal y el asunto llegó bastante más lejos. Dentro se hallaba un guardia de seguridad, Eduardo Lara, de 71 años, que murió a causa de las llamas. Cuando las protestas se producen en el centro de Santiago, como se acostumbra, los desórdenes impiden que el resto de los ciudadanos puedan desarrollar normalmente su vida cotidiana. La Iglesia de la Gratitud Nacional, declarada Monumento Nacional en 1989, se halla justamente en una zona conflictiva y no es la primera vez que había sido atacada.

Cuando las protestas se producen en el centro de Santiago, los desórdenes impiden que el resto de los ciudadanos puedan desarrollar normalmente su vida cotidiana

Ninguna institución, hasta ahora, ha podido controlar el fenómeno: ni el Gobierno ni las policías ni tampoco las agrupaciones que convocan a las marchas y que, aunque no tienen responsabilidad directa en los hechos, tampoco han asumido un compromiso serio para que este tipo de acciones deje de marcar las jornadas de protestas. “Los hechos no solo no representan al movimiento estudiantil, sino que hieren a miles de chilenos que tienen creencias y que hoy tienen que ser motivo de respeto”, señaló la portavoz de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), Marta Matamala.

El jueves fue un día especialmente complicado en la capital chilena: cerca de un millón de personas tuvo problemas para transportarse, luego de que se rompiera una matriz de la empresa sanitaria Aguas Andinas, que provocó la inundación de buena parte de las estaciones de la línea 1 del Metro. La decisión de los estudiantes de no suspender su marcha en Santiago, justamente en una jornada caótica, fue criticada desde diversos frentes: “No puede ser que su movimiento sea absolutamente ciego a los otros problemas del país”, señaló el sacerdote jesuita Fernando Montes, uno de los líderes de la congregación.

Hasta ahora no hay detenidos por los hechos ocurridos en la Iglesia de la Gratitud Nacional, que están siendo investigados por la Fiscalía. La destrucción de la imagen religiosa, sin embargo, parece haber terminado de indignar a la ciudadanía, a tres semanas del homicidio de Eduardo Lara. Al margen de las creencias de la población, ha habido un rechazo categórico y transversal a lo sucedido en este templo neogótico del siglo XIX, que fue bautizado en honor a los caídos en la Guerra del Pacífico. La violencia de los delincuentes encapuchados y sobre todo la impunidad con la que se han acostumbrado a actuar, han movilizado a diferentes sectores de la sociedad.

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), una de las asociaciones de empresarios más importantes del país, emitió este viernes un comunicado público donde hace un llamamiento “al Gobierno y a los tribunales de Justicia a tomar medidas concretas y efectivas que garanticen la libertad de movimiento, de credo, de expresión, y el respeto a la vida y a la propiedad privada, hoy amenazados en nuestro país”. Al mismo tiempo, la CPC pide que se deje actuar a las policías: “Carabineros de Chile, como la institución que por ley le corresponde velar por la seguridad de la población y de sus bienes, debe recuperar el respaldo de la autoridad política, para no ser inhibido en su actuar”.