Macri se querella contra Cristina Kirchner en una causa clave

El Gobierno del presidente Mauricio Macri, a través de la Oficina Anticorrupción (OA), pidió al juez Daniel Rafecas sumarse como querellante en el expediente judicial que más preocupa a Cristina Kirchner (2007-2015) y su entorno: la llamada “causa Hotesur”. "Es relevante ser querellante en esta causa dado que se investiga la eventual responsabilidad de la ex presidenta y al ex ministro de Justicia Julio Alak y otros funcionarios de la Inspección General de Justicia (IGJ)", consignó el ente, que depende del Ministerio de Justicia, en un comunicado.

La titular de la OA, Laura Alonso, consideró que la IGJ habría permitido a Hotesur SA, administradora del hotel Alto Calafate, uno de los tres que tiene Kirchner en la provincia patagónica de Santa Cruz, "permanecer sin presentar sus balances de los años 2011 a 2013, y sin registrar ni un solo documento societario en orden a la integración de sus órganos de dirección y demás autoridades desde 2009 a 2013 inclusive".

La causa Hotesur se inició en noviembre de 2014 a instancias de la ex candidata presidencial Margarita Stolbizer, quién pidió que se investigara si Alto Calafate fue un alojamiento "fantasma" usado en su momento por Néstor Kirchner y Cristina para hacer negocios irregulares junto al empresario Lázaro Báez. Dueño de la firma Austral Construcciones, Báez fue el principal adjudicatario de obras públicas en Santa Cruz durante el kirchnerismo y un estrecho colaborador del matrimonio presidencial.

Báez está acusado de presunto lavado de dinero y el juez federal Sebastián Casanello tiene a su cargo una causa también originada por una denuncia de Stolbizer en la que investiga maniobras irregulares con cientos de comprobantes falsos de empresas "fantasma", emitidos a Austral Construcciones.

La OA ha hecho foco ahora en las declaraciones juradas presentadas por Kirchner entre 2011 y 2013 porque "allí justifica parte de sus ingresos mediante créditos de la firma Hotesur, práctica que podría reducirse a una modalidad de autopréstamo, que podría pretender disimular un aumento patrimonial injustificado".

El organismo consideró además “sustancialmente ilícitas” las supuestas relaciones comerciales entre Báez y el empresario Cristóbal López, dueño de la petrolera Oil Combustibles, además de medios de comunicación y empresas de alimentos. "En todos los casos, con sus particularidades, se trata del alquiler total o parcial de los Hoteles Alto Calafate, Las Dunas, La Aldea, y (la hostería) El Retorno a empresas que pertenecen o están vinculadas a empresarios beneficiarios de licitaciones de obra pública con fondos federales", añadió la OA.

La sospecha ha sido que estas empresas simulaban contrataciones de servicios para reingresar al circuito comercial dinero “obtenido por el cobro de sobreprecios, el fraude al fisco, y/o destinado al pago de coimas", según detalló el comunicado de la oficina.

Otra hipótesis elaborada por la OA fue que las operaciones disimularon “el pago de comisiones ilícitas al matrimonio presidencial por los negocios obtenidos; y/o si se trata de meras simulaciones destinadas a justificar el incremento patrimonial ilícito de ambos ex presidentes".