La tortura de demandar al Gobierno de la Ciudad de México por una infracción

En la Ciudad de México es difícil encontrar un conductor que nunca haya sido sancionado. La vialidad de esta urbe es tan caótica que casi todos, en algún momento, caen en alguna falta, sea por accidente, ignorancia del reglamento o por la desesperación de avanzar. Pero las multas no siempre se aplican al que lo merece: a veces son arbitrarias. En esos casos, los capitalinos pueden impugnarlas y exigir la devolución de su pago, sometiéndose a una auténtica prueba de resistencia. 

El laberinto empieza en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, instancia desconcentrada del Gobierno que resuelve las inconformidades ciudadanas por multas, trámites o decretos del Gobierno. El ‘quejoso’ debe acudir a ese lugar (al sur de la ciudad) entre las 09.00 y 15.00 horas en días hábiles, de manera que los oficinistas tendrán que ausentarse de su empleo cuando presenten su queja y cada vez que se les requiera. Los documentos que le requerirán son identificación oficial, la infracción, la tarjeta de circulación del auto y la tenencia pagada (o refrendo de placas, en su caso). Los jueces tardan en promedio tres meses en emitir una sentencia y, de resultar favorable al ciudadano, éste debe acudir de nuevo para recibir los documentos con los que exigirá su pago en la Tesorería. Llevarlos a la que le corresponde –según el domicilio con el que esté registrado el vehículo- e ingresar el trámite de devolución.

El Gobierno tiene un plazo legal de 15 días para pagar, pero si esto no ocurre (lo más común en México) el quejoso deberá notificarlo al Tribunal para que éste emita una queja por incumplimiento, que se castiga con una multa directa al funcionario que retiene el pago, en este caso, el tesorero de la Ciudad. La mala noticia es que el dinero de esa multa por el retraso no llega a manos del ciudadano afectado, sino que va a las arcas del mismo Gobierno: el quejoso no recibe indemnización alguna por la arbitrariedad de la que fue víctima, sólo su dinero de vuelta sin ninguna compensación (aunque el Gobierno sí cobra recargos cuando el ciudadano tarda en pagar sus impuestos).

Una vez ingresado el trámite, lo que sigue es insistir vía telefónica y presencial durante varios meses para que sea liberado el pago. El querellante necesitará una férrea voluntad y estoicidad para resistir los embates de la pasmosa burocracia mexicana, que en muchos casos termina por agotar al ciudadano y hacerlo abandonar su lucha.

Dos demandas ganadas, tres años perdidos

Una conductora -de identidad reservada- ha impugnado dos infracciones arbitrarias y, en ambos casos, recibió su dinero de vuelta un año y medio después. La primera vez aparcó en un lugar prohibido, pero en su multa iba incluido el “arrastre” (la cuota por retirar el vehículo y llevarlo a un depósito), aunque fue ella quien lo retiró. Demandó, el Tribunal falló a su favor y ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública devolverle los 860 pesos (unos 46 dólares) que pagó, pero ahí apenas había concluido la primera parte de la odisea. Lo siguiente fue una relación de 14 meses con la Tesorería: “ya nada más falta una firma pero el encargado no está, señorita”; “nosotros le notificaremos cuando ya esté”, eran las excusas que recibía cada vez que monitoreaba su pago. Cuando finalmente tuvo el dinero en sus manos creyó que todo había terminado, pero 10 meses después… el juego volvió a empezar.

Esta vez, la conductora no cometió ninguna falta. Una noche al salir de su oficina, el coche no estaba. Una grúa se lo llevó hacia un depósito aunque no era un lugar prohibido. Pagó la infracción -porque no hay otra forma de recuperar el vehículo- e inició un nuevo proceso de impugnación. Otra vez, la sentencia fue a su favor. Otro año y medio después cobró el dinero (54 dólares esta vez) y usó la mitad para pagar los derechos anuales por la matrícula del coche… a la misma tesorería de la Ciudad.

Una batalla ganada, que casi nadie emprende

Casi todas las infracciones impugnadas en la Ciudad de México se resuelven a favor del ciudadano y, sin embargo, el número de demandas no llega ni al 1% de las multas impuestas. La directora del Tribunal de lo Contencioso, Yasmín Esquivel, explica que las pocas demandas que gana el Gobierno es por default: ya sea porque el quejoso no presentó su demanda dentro del plazo establecido (15 días), o porque desistió y ya no se presentó a firmar los documentos. En cambio, la gran mayoría de las demandas que gana la ciudadanía es porque la información en las infracciones está incompleta.

Por ello, subrayó la funcionaria, es importante que el ciudadano verifique que su boleta de infracción contenga todos los datos del vehículo, del propietario y del oficial que se la impone; de no ser así, la multa pierde validez.