La lucha contra la corrupción y el acceso a la justicia, prioridades en Centroamérica
La Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos debate los retos de la región
El acceso universal a la justicia y la lucha contra la corrupción y el narcotráfico son algunas de las prioridades esbozadas este lunes por los ministros y procuradores de justicia de Iberoamérica. Durante la primera jornada de un encuentro en Guatemala sobre el futuro de la justicia en Centroamérica, varios Gobiernos debatieron qué políticas públicas deben desarrollar los Estados para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por las Naciones Unidas para 2030.
Guatemala se convierte en sede del diálogo entre ministros y fiscales tras meses convulsos. En septiembre de 2015 el país vivió una crisis institucional que llevó al expresidente Otto Pérez y a la segunda de su Gabinete a prisión acusados de dirigir una red de defraudación en las aduanas. "Guatemala es un país que está dando ejemplo a la región y al mundo de lucha por los derechos, por la defensa de la verdad, contra la corrupción y de normalidad democrática, como se puso de manifiesto en las últimas elecciones [que dieron la victoria a Jimmy Morales]”, apuntó el ministro de Justicia español, Rafael Catalá.
Crear instituciones eficaces y transparentes, reducir la violencia, proteger a la infancia y reducir las corrientes financieras y de armas ilícitas son algunas de las 12 metas generales fijadas por la ONU en el ámbito de la justicia para 2030. Sobre este marco, representantes de 50 instituciones debaten la adopción de medidas concretas adaptadas a los problemas de la región.
Países participantes en la reunión
España, México, República Dominicana, Cuba, Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala.
En su conferencia, Catalá situó entre los principales retos del sistema "facilitar el acceso universal a la justicia, reforzar la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico y aplicar las nuevas tecnologías en la administración de justicia".
El ministro destacó que la cooperación jurídica internacional "es necesaria para hacer efectiva la justicia y para salvar los obstáculos de impunidad en un mundo globalizado, donde los límites de las fronteras de los Estados no son ya límites para la acción de la delincuencia".
El encuentro sobre el futuro de la justicia en Centroamérica está organizado por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos(COMJIB), un organismo intergubernamental que agrupa a Ministerios de Justicia e instituciones homólogas de 21 países. Su secretario general, Arkel Benítez, destacó en la inauguración que “el objetivo de este espacio de diálogo es tener un acercamiento, promover el análisis y el debate de lo que serán los próximos años de la justicia en la región”.
El acceso a la justicia para los indígenas
Según los datos oficiales, el 41% de la población de Guatemala es indígena. La escasez de traductores es uno de los muchos obstáculos que enfrenta esta parte de la población en el país a la hora de acceder a la justica. En el marco del encuentro con ministros de varios países, la fiscal general, Thelma Aldana, anunció que el organismo diseña ya una política jurídica específica acorde a las necesidades de los pueblos indígenas. También el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, Ranulfo Rafael Rojas, defendió el respeto a las tradiciones de la población indígena, y el fortalecimiento de "la paz y la concordia" con toda las comunidades.
MINISTRO DE JUSTICIA DE ESPAÑA | RAFAEL CATALÁ "Todos podemos aprender de todos"
Los sistemas de protección de minorías en países de la región o la modernización de la justicia como servicio público en México, Costa Rica y Panamá, son un ejemplo de políticas avanzadas para el ministro de Justicia español, Rafael Catalá. "Todos podemos aprender de todos", ha asegurado en entrevista tras repasar de manera sucinta ante los distintos países las medidas aprobadas en España durante su gestión.
"He presentado las reformas llevadas a cabo en la última legislatura, orientadas a proteger mejor a los más desfavorecidos (menores, víctimas de trata, mujeres víctimas de la violencia de género), a garantizar la agilización de la justicia y la incorporación de las tecnologías a nuestros sistemas de gestión (más soporte digital y menos papel). Ponemos a disposición de los países tanto las leyes como los procesos de reflexión en torno a estos debates".
El ministro ha reconocido que la transición del papel al soporte digital, uno de los proyectos de su ministerio, es un proceso "largo y complejo", aunque confía en que en 2016 el país avance "notablemente" y a final de año España sea una justicia sin papeles para los nuevos trámites. "La Administración de Justicia está muy retrasada, con procedimientos tradicionales, muy burocráticos, ineficaces y costosos", ha admitido.
Preguntado por la situación política en España y los posibles pactos de Gobierno, Catalá ha asegurado que es "mucho más natural un pacto del PSOE con PP y Ciudadanos que con Podemos", porque tienen "más en común".
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