La OEA y la inversión
Luis Almagro plantea crear un sistema regional de prevención de conflictos sociales
El crecimiento económico de Latinoamérica en los últimos años tiene explicación principal en el boom sostenido en el precio de materias primas como los metales, el petróleo o la soya. Eso ha permitido que en los...
El crecimiento económico de Latinoamérica en los últimos años tiene explicación principal en el boom sostenido en el precio de materias primas como los metales, el petróleo o la soya. Eso ha permitido que en los últimos 10 años la economía regional crezca en 80% —algo sin precedentes en la región— y que la pobreza se haya reducido en 30% entre el 2002 y el 2012. Esa primavera se acabó. El enfriamiento de la economía global ha tocado la campana impactando directamente en esa dinámica regional. De acuerdo a las previsiones del FMI, se prevé que la economía latinoamericana tendrá en el 2015 un “crecimiento mediocre” del orden del 1,3%.
¿Qué tiene qué ver con esto —o qué puede hacer— la Organización de Estados Americanos (OEA), un ente político y que requiere una urgente pasada por el gimnasio? A primera vista nada directo, de impacto visible. Pese a que una de sus cuatro “pilares” es el “desarrollo integral”, la verdad sea dicha es que el papel activo de la organización puede ser muy tenue para impactar decididamente en el aumento de la inversión o impulsar el crecimiento económico, ingredientes esenciales del desarrollo. Ahora que palidecen las previsiones de inversión por el retraimiento de la economía global, mucho menos todavía.
Por eso es muy importante que Luis Almagro, el canciller uruguayo candidato a Secretario General de la OEA, y que muy probablemente sea elegido el 18 de marzo, haya planteado en su presentación de la semana pasada en Washington ante el Consejo Permanente, la creación de un “sistema regional de prevención de conflictos sociales relacionados con proyectos mineros o productivos de impacto en comunidades locales”. Esto que podría sonar a un “observatorio” de una compleja y explosiva realidad social tiene, sin embargo, un gran sentido práctico y estratégico.
Hay tres ingredientes —muy claros y fundamentales— que dan sentido a la tesis de que la OEA pueda jugar un papel activo en este terreno.
El primero es el de la conflictividad social y su impacto en los procesos de inversión en las áreas de extracción y explotación de recursos naturales. El segundo es el actual contexto de retraimiento en la inversión y en el crecimiento económico y la urgencia de contar con un terreno más atractivo para la inversión en el que no se vean sacrificados los anhelos participativos de la población.
El tercero es la composición de la OEA. Convergen allí países destinatarios de inversión extractiva y generadores de la misma —Canadá y EE UU—. Desde puntos planetarios de domicilio de grandes empresas mineras y petroleras, como la China, la OEA es un espacio que podría dinamizarse y fortalecerse como ya lo viene haciendo con buen criterio la CELAC.
Hay, pues, un problema pero también la posibilidad de que la OEA desempeñe un papel activo y vigoroso en este terreno. Eso habría que entenderlo, por cierto, no en una dinámica en que la OEA se inmiscuya en las competencias y facultades de los Gobiernos o instituciones nacionales, sino apuntalando respuestas frente a una necesidad de primer orden en al menos 14 países de la región en los que la conflictividad social está atada a procesos de inversión en el sector extractivo.
Existe voluntad política gubernamental en la mayoría de los países de llevar la fiesta en paz en la compleja relación entre poblaciones locales (especialmente indígenas) y los proyectos de exploración y explotación. Pero las herramientas institucionales (por ejemplo, para la consulta previa) son esencialmente precarias y funcionan tarde, mal y nunca.
Eso no tiene que ser necesariamente así. Se ha avanzado en reglas y estándares de responsabilidad social empresarial. Los pueblos, por su lado, saben que la ausencia de inversión afecta el crecimiento que es necesario para todos. Por eso, es una idea sugerente que la OEA pueda promover una relación constructiva entre los actores concernidos. Para eso, el fortalecimiento de las capacidades locales en hacer transparente la información y en hacer efectivos —y también expeditos— los procesos de consulta, pondría a la OEA frente a un reto ambicioso. Que podría hacer crujir parte de su maquinaria, pero la pondría mucho más cerca de las expectativas y necesidades de los pueblos de América.