¿Vuelve la psicodelia? Los límites del uso médico de los alucinógenos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado 18 de abril una orden ejecutiva que ampliará y financiará la investigación de las aplicaciones en salud mental de las sustancias psicodélicas. Por primera vez en décadas, el Gobierno federal no se limita a tolerar o financiar indirectamente la investigación con sustancias psicodélicas. Esta vez Trump ha decidid...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado 18 de abril una orden ejecutiva que ampliará y financiará la investigación de las aplicaciones en salud mental de las sustancias psicodélicas. Por primera vez en décadas, el Gobierno federal no se limita a tolerar o financiar indirectamente la investigación con sustancias psicodélicas. Esta vez Trump ha decidido impulsarla a nivel federal de forma explícita, centrando sus esfuerzos sobre todo en la ibogaína. Pero no es la única sustancia que ha recibido luz verde. Además se han acelerado los ensayos clínicos que ya se venían dando con la psilocibina o el MDMA.

El argumento no es tan solo cultural o espiritual, sino clínico y muy político. En el trasfondo de esta orden se encuentra el tratamiento del estrés postraumático para los veteranos de guerra (un presupuesto desorbitado de 40.000 millones de dólares al año) y la crisis de opioides, marcada por la epidemia de fentanilo. En 2023 se alcanzó un máximo de 80.000 víctimas mortales.

¿Por qué ahora? Para entender el alcance de este giro conviene retroceder hasta 1943. En pleno corazón de una Europa en guerra, el doctor Albert Hofmann sintetiza y prueba accidentalmente el LSD. La escena ha sido mitificada hasta la saciedad: el paseo alucinado en bicicleta, las visiones, la revelación.

La farmacéutica Sandoz, sin embargo, aún tardará en comercializarla como Delysid; un fármaco ampliamente distribuido aquellos años en las democracias occidentales y que fue la referencia de los fármacos psicodélicos actuales que aguardan el reconocimiento legal de la FDA (la agencia del medicamento estadounidense). No deja de ser interesante la evolución reciente en este sentido de las patentes de fármacos psicodélicos. A la España franquista esta historia llegó a mediados de los años cincuenta, cuando psiquiatras como Juan José López Ibor introdujeron el LSD con fines terapéuticos.

El LSD es el primer psicodélico de laboratorio que entra en los circuitos científicos, médicos y farmacéuticos modernos. Actúa sobre los receptores serotoninérgicos, alterando profundamente la percepción (distorsión sensorial) y la experiencia del “yo” (hasta el extremo de la disolución). Durante sus primeros años estas potencialidades lo hicieron interesante en proyectos militares de la Guerra Fría. Se aplicó en programas que, como MK-Ultra o Project Bluebird, confiaban en el LSD para ganar la guerra psicológica: suero de la verdad, manipulación de las filas enemigas, control mental, etcétera. Como arma fracasó, pero sus aplicaciones clínicas resultaron prometedoras. Se utilizó así como sustancia “psicomimética”, pero no para curar, sino para reproducir estados patológicos en condiciones controladas.

Hoy, los ensayos clínicos apuntan al potencial de los psicodélicos en el tratamiento de la depresión resistente, el estrés postraumático o las adicciones. Pero no actuando como un corrector químico, sino intensificando la experiencia, flexibilizando patrones mentales y reabriendo procesos biográficos. No es un fármaco clásico: hace posible que algo ocurra, pero el resultado depende del encuadre y la predisposición. En la jerga se conoce como set y setting a estas condiciones subjetivas individuales y el contexto en que se consume los psicodélicos. Sin cambiar de sustancia, no es igual el consumo por un depresivo en una terapia que el de un indígena en una ceremonia religiosa o un hippie en la celebración de una fiesta.

En los años sesenta, frente a las vías militar y psicomimética, se abrió la vía hippie. El LSD abandonó las instituciones del encierro (laboratorio, ejército, clínica) y se filtró en el mundo cultural. En la Costa Oeste, el escritor Ken Kesey y su colectivo, los Merry Pranksters, convirtieron la experiencia en práctica colectiva y forma de vida; en la Costa Este, desde Millbrook, el expsicólogo Timothy Leary la tradujo en una revolución espiritual, y desde Nueva York, los literatos Ginsberg y Burroughs la integraron en una exploración radical de la consciencia. Lo que fue un instrumento de observación se convirtió en un vector de experimentación vital.

La reacción punitiva no tardó en llegar: en 1971, Nixon declaró la guerra contra las drogas. Pero reducir esta respuesta a una reacción moral y punitiva sería insuficiente. Lo que se estaba jugando era, en rigor, un cambio mucho más profundo y epocal: ¿quién tiene derecho a alterar la propia conciencia y bajo qué condiciones? ¿Deben estar controladas? ¿Por quién? La prohibición no solo clausuró el ciclo contracultural; restauró ad futurum el monopolio institucional sobre los usos legítimos de la experiencia.

Desde los años noventa, el “renacimiento psicodélico” se presenta como la corrección de una anomalía: la guerra contra las drogas. Anomalía porque no hay ningún criterio científico que justifique esa clasificación de los psiquedélicos: no generan adicción ni suponen muerte por intoxicación. Universidades, start-ups y organizaciones como MAPS o la Beckley Foundation han invertido millones en ensayos clínicos. Pero no es esta una recuperación neutral o, como gustan decir, “científica”: redefine la experiencia psicodélica, para qué y a quién debe servir. Un leitmotiv que en el contexto social contemporáneo podría formularse así: “Psicodelia para los ricos, antidepresivos para las clases medias y fentanilo para los pobres”.

La medida de Trump cristaliza ese proceso: de la psicomímesis a la psicopatologización, y, de ahí, a su institucionalización terapéutica pasando por la represión de la variante hippie. Donde antes se trataba de atravesar estados anómalos para interrogar la norma, ahora esas mismas anomalías se redefinen como síntomas a tratar. Se equivocan quienes caracterizan la medida como “delirio negacionista” de Robert F. Kennedy, secretario de Sanidad: en rigor se está abriendo el campo a las farmacéuticas para que prosigan con la investigación y las patentes. La plasticidad subjetiva inducida por los psicodélicos se reorienta hacia la producción de sujetos funcionales. El malestar deja de ser político para convertirse en trastorno clínico. En este marco, la microdosificación encarna la integración perfecta: no busca transformar, sino optimizar. Es mejora marginal del rendimiento, adaptación sin cuestionamiento; la forma en que la sustancia psicodélica se reinscribe en la economía global. De ahí el gran entusiasmo y notable apoyo incondicional de Silicon Valley, donde muchos trabajadores y empresarios han experimentado con estas sustancias, también como apoyo en el trabajo.

El problema no es el alivio terapéutico, sino el régimen de verdad que consolida: solo es legítimo el cambio validado médicamente, protocolizado y mercantilizado. Lo que un día fue desbordamiento colectivo aparece ahora como servicio terapéutico. La orden ejecutiva no legaliza, pero sí reconfigura el campo: legitima la investigación y redefine prioridades.

Este proceso se inscribe, por tanto, en una transformación más amplia de la política de drogas. La apertura ha encontrado una fuerte resistencia en el Partido Republicano amparada por la DEA (la agencia antidrogas estadounidense), la FDA y otras agencias gubernamentales. No va a ser fácil desmontar las alianzas de la guerra contra las drogas. La guerra cultural persiste. El impacto en la memoria del descontrol hippie sigue ahí. El enfoque selectivo refleja un cambio de paradigma: no todas las sustancias presentan el mismo riesgo, ni la misma utilidad terapéutica; pero la libre legalización sigue sin figurar en el orden del día.