Comunicados y estrategias de confusión en torno a una investidura
Llama la atención que la Casa del Rey dé explicaciones sobre decisiones simplemente obligadas por la Constitución
La estrategia de la deslegitimación del contrario es una maniobra antigua practicada por grupos políticos respecto a sus oponentes y siempre se ha tratado de una estrategia peligrosa que socava principios democráticos muy importantes. Los intentos de deslegitimación de un Gobierno no son disquisiciones lingüísticas, ni maniobras más o menos sucias, sino movimientos políticos muy graves. Por eso es tan importante que los portavoces del Partido Popular, principal partido de la oposición, ...
La estrategia de la deslegitimación del contrario es una maniobra antigua practicada por grupos políticos respecto a sus oponentes y siempre se ha tratado de una estrategia peligrosa que socava principios democráticos muy importantes. Los intentos de deslegitimación de un Gobierno no son disquisiciones lingüísticas, ni maniobras más o menos sucias, sino movimientos políticos muy graves. Por eso es tan importante que los portavoces del Partido Popular, principal partido de la oposición, abandonen rápidamente esa vía. El PP no puede pretender que la Constitución sólo permite la política que practica su propio partido, porque eso supondría, más que una crítica a los socialistas, presentar un autorretrato de insurrecto.
Por supuesto que el PP puede convocar manifestaciones pacíficas, en Madrid o en Barcelona o en cualquier lugar de España donde lo considere adecuado; por supuesto que puede oponerse radicalmente a una eventual amnistía para los implicados en los sucesos de Cataluña en octubre de 2017. Pero lo que no puede hacer es calificar de ilegítimo a un Gobierno que haya obtenido la mayoría parlamentaria necesaria en el Congreso de los Diputados. Ni al Gobierno ni a las decisiones que vaya adoptando, porque para eso existe un Tribunal Constitucional, encargado de controlar, llegado el momento, el respeto a los principios constitucionales. A nadie se le ocurrió calificar de ilegítimo al Gobierno de José María Aznar, por ejemplo, cuando el Constitucional echó para atrás su reforma laboral, en 2002.
Cuanto más se retrase la decisión de convocar al Congreso para celebrar una nueva sesión de investidura o de convocar nuevas elecciones, más tiempo se deja para actuaciones y movimientos confusos. Un ejemplo de ello son los singulares comunicados de la Casa del Rey en los que Felipe VI propuso, primero a Alberto Núñez Feijóo y después a Pedro Sánchez, como candidatos a la presidencia del Gobierno. Singulares por su extensión. Los comunicados similares en la época de Juan Carlos I solían tener siete líneas. Por ejemplo: “De acuerdo con lo establecido en el artículo 99.1 de la Constitución, tras celebrar consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, vengo a proponer al Excmo. señor don Mariano Rajoy Brey como candidato a la presidencia del Gobierno. Lo que comunico a V. E. (el presidente/a del Congreso) para que se formule la oportuna propuesta”. Punto.
Por algún motivo, quizás inquietos por el ruido que organizan pequeños grupos de extrema derecha (que también atacaron en su día, con más dureza aún, a Juan Carlos I, aunque este jamás les prestó la más mínima atención), la Casa del Rey hizo públicos en las dos ocasiones mencionadas dos comunicados inusualmente largos, con variadas consideraciones sobre los motivos que llevaban a Felipe VI a realizar la propuesta. En ambos casos, llamó la atención que, sin necesidad, se explicaran esas decisiones, que están simplemente obligadas por la Constitución y que no necesitan justificación alguna.
A la espera de que el candidato socialista explique, él sí, el resultado de sus negociaciones y si llevan aparejadas una ley de amnistía o una ley que regule la concesión de nuevos indultos (del tipo de los que se ofrecieron en su día a los poli-milis que regresaron del exilio y no pasaron por los juzgados), lo que parece claro es que Pedro Sánchez busca un acuerdo de legislatura y no solo de investidura. La idea de que Junts per Catalunya acepte un acuerdo de legislatura implicaría, de alguna forma, la recuperación de Junts para el tablero de la política española, puesto que se involucraría necesariamente en los Presupuestos Generales del Estado. En el fondo, esa sería una buena noticia también para Núñez Feijóo, que nunca ha dejado cerrada la puerta a un contacto con quienes considera herederos de su añorada Convergència.
El hecho de que las negociaciones se lleven a cabo conjuntamente por PSOE y PSC y que intervenga el propio Salvador Illa, ajusta bien el campo de juego porque impide a los representantes de Junts y de ERC hablar, como siempre pretenden, en nombre de los catalanes o de Cataluña. El PSC obtuvo en las últimas elecciones 1.213.006 votos, frente a los 462.883 de ERC y los 392.634 de Junts. Es decir, 357.489 votos más que sus dos oponentes juntos. De algo deberían servir.
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