Amal Clooney, figura clave en la petición de detención de Netanyahu por parte del Tribunal Penal Internacional

Este lunes, el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya ha anunciado que pedirá sendas órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant. Además, también han pedido la detención de tres dirigentes claves de la cúpula de Hamás. El TPI les acusa, tanto a los unos como a los otros, de crímenes de guerra y contra la humanidad. La orden parte de su ...

Este lunes, el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya ha anunciado que pedirá sendas órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant. Además, también han pedido la detención de tres dirigentes claves de la cúpula de Hamás. El TPI les acusa, tanto a los unos como a los otros, de crímenes de guerra y contra la humanidad. La orden parte de su fiscal jefe, el abogado británico de 53 años Karim Khan, pero la decisión no la ha tomado solo. Para ella ha contado con una serie de letrados penalistas de alto nivel que le han aconsejado gracias a extensos informes elaborados durante meses. Y una de esas abogadas claves han sido Amal Clooney.

La británica, de 46 años, era conocida en su círculo laboral desde hace años por sus pleitos a alto nivel, aunque con su apellido de soltera, Alamuddin. Sin embargo, empezó a entrar en la escena internacional de las celebridades cuando arrancó su relación con el archiconocido actor George Clooney en 2013, y especialmente desde su boda, celebrada en Venecia entre grandes fastos en septiembre de 2014. Desde entonces, ambos siempre se han posicionado del lado de los demócratas —con frecuentes y duras críticas contra el expresidente Donald Trump— y se han implicado en diferentes causas políticas y humanitarias, pero no muchos sabían que la abogada llegaba a tales cotas de influencia.

De hecho, desde hace meses algunos se preguntaban dónde estaba el matrimonio y por qué no se había pronunciado respecto a la guerra entre Israel y Gaza que arrancó el pasado 6 de octubre, en especial ella, por su profesión y por el hecho de ser libanesa de nacimiento, aunque criada en el Reino Unido (estudió Derecho en la Universidad de Oxford). La pareja tiene una fundación, la llamada Clooney Foundation for Justice (Fundación Clooney por la Justicia, o CFJ, por sus siglas en inglés) y se había comprometido, por ejemplo, con las víctimas de la guerra de Ucrania, pero había permanecido en silencio con respecto al conflicto de Oriente Próximo. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando se ha sabido que durante todos estos meses la jurista estaba dedicada en preparar un complejo trabajo para el TPI.

En la nota que acompaña al informe, difundida por su fundación, la abogada explica que hace más de cuatro meses que el fiscal Khan —con el que colabora desde 2021— le pidió “ayuda para evaluar las pruebas de posibles crímenes de guerra y contra la humanidad en Israel y Gaza” junto a un panel de asesores “expertos en leyes internacionales, entre ellos en leyes humanitarias y derecho criminal internacional”. “Acepté y me uní a un panel de expertos legales internacionales para llevar a cabo la tarea”, explica este lunes 20 de mayo en un comunicado en su web. “Juntos hemos llevado a cabo un amplio proceso de revisión de pruebas y de análisis jurídico”.

“A pesar de nuestros distintos antecedentes personales, nuestras conclusiones jurídicas son unánimes”, afirma Clooney. “Hemos determinado por unanimidad que el Tribunal tiene competencia sobre los crímenes cometidos en Palestina y por ciudadanos palestinos. Hemos concluido de forma unánime que hay motivos razonables para creer que los dirigentes de Hamás Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh han cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluida la toma de rehenes, asesinatos y crímenes de violencia sexual. Hemos concluido de forma unánime que hay motivos razonables para creer que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, han cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, entre ellos la inanición como método de guerra, el asesinato, la persecución y el exterminio”.

Explica la abogada que tomó la decisión de participar en este panel porque cree firmemente en la ley y en “la necesidad de proteger las vidas de los civiles” y que ese derecho para proteger a la población civil en época de guerra, como explica, se desarrolló hace más de 100 años y se aplica en todos los países del mundo, “independientemente de los motivos del conflicto”. “Como abogada de derechos humanos, nunca aceptaré que la vida de un niño tenga menos valor que la de otro. No acepto que ningún conflicto quede fuera del alcance de la ley, ni que ningún criminal esté por encima de la ley. Por eso apoyo el paso histórico que ha dado el fiscal de la Corte Penal Internacional para hacer justicia a las víctimas de las atrocidades cometidas en Israel y Palestina”.

Como ella dice, no quiere hacer comentarios al respecto de las conclusiones, sino “dejar que el trabajo hable por sí mismo”. “Espero que los testigos cooperen con la investigación en curso. Y espero que prevalezca la justicia en una región que ya ha sufrido demasiado”.

Desde hace más de 20 años, Amal Clooney está implicada en muchas y muy diversas causas. Trabaja en una prestigiosa firma de abogados londinense especializada en derechos humanos llamada Doughty Street Chambers y es también profesora adjunta en la facultad de Derecho de Columbia, en Nueva York. Colabora con el fiscal Khan desde hace tres años, cuando este le pidió que actuara como consejera especial para observar la crisis humanitaria de la región de Darfur. Además de crear en 2016 junto a su esposo —padre también de sus gemelos, Ella y Alexander, de casi siete años— la fundación que lleva su apellido, juntos han realizado numerosas donaciones a través de la misma, como el millón de dólares que dieron en 2017 para luchar contra los crímenes racistas y de odio en Estados Unidos, el proyecto de ayuda para escolarizar a 3.000 niños sirios refugiados en Líbano, el control de armas o la acogida en su casa de un refugiado iraquí que huía del Estado Islámico. La abogada también ha trabajado en casos internacionales, como la larga disputa de la frontera entre Vietnam y Camboya, en 2011; el de la devolución de los mármoles griegos del Museo Británico a Grecia; o en el reconocimiento del genocidio armenio.