Un juez da la razón a un restaurante de San Sebastián que cobró 510 euros a tres comensales por no presentarse el día de la reserva

El juzgado de Primera Instancia número dos de San Sebastián ha desestimado la demanda presentada por un cliente contra el restaurante Amelia de San Sebastián después de que el establecimiento le cobrara 510 euros como penalización por no haberse presentado, él y otros dos comensales, el día de la reserva. “Estamos contentos. Nuestro sistema ha quedado avalado. Es una regla de funcionamiento básico de esta casa desde que abrió en 2017″, comenta Xabier de la Maza, gerente del grupo Amelia, al que pertenece el restaurante comandado por Paulo Airaudo y con dos estrellas Michelin.

En la sentencia, con fecha 1 de marzo y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se recoge cómo el cliente decidió demandar al restaurante después de que este le cargara en la cuenta del banco 510 euros al no haberse presentado a cenar el día de la reserva, el 16 de julio de 2021, pese a que cuatro días antes había confirmado su asistencia a través de email. El cliente en cuestión, que se alojó en el hotel Villa Favorita, en el que se ubica el establecimiento, acudió la mañana del 17 de julio al local para solicitar la confirmación de la reserva y fue entonces informado de que la había efectuado para la noche anterior, invitándole a aprovechar la reserva 15 días después, algo que no aceptó. En el texto se recoge que el demandante reconoce que cambió la fecha de la reserva para pernoctar en el hotel, pero que olvidó hacer lo mismo con la del restaurante y alega que la política de cancelación de Amelia no queda clara ni visible ni a la hora de efectuar la reserva, ni en las posteriores comunicaciones, y que la cifra debitada era desproporcionada. Dos argumentos que han quedado desestimados con la decisión del juez.

Tal y como señala De la Maza, antes de acceder al sistema de reservas, en la web del restaurante se indica la política de cancelación. “Operamos bajo una política de cancelación muy estricta para proteger nuestro pequeño negocio”, advierte el establecimiento, aclarando que cualquier cancelación o modificación después de las 96 horas previas a la reserva o no presentarse el día escogido, estará sujeta —en la actualidad— a una tarifa de 291 euros por persona. Por el contrario, el desistimiento no tiene coste en el caso de que el cliente avise antes de dicho plazo. “Damos de comer máximo a 20 personas. Si el cliente tiene algún problema, siempre cobramos los menús reservados, pero solemos gestionar con él un bono para venir durante el resto del año, incluso para que lo pueda regalar. Si hay buen entendimiento, intentamos negociar”, aclara el gerente. Sobre la proporcionalidad de la penalización aplicada al cliente que les demandó, De la Maza señala que “en aquel momento el ticket medio era de 283,50 euros”, por lo que cobrar 170 euros “no era abusivo”.

No es la primera vez que las condiciones de cancelación establecidas por un restaurante generan debate en el sector y entre los consumidores. En 2021, la organización Facua denunciaba al restaurante El Invernadero, en Madrid, por cobrar 100 euros a los clientes que cancelaban la reserva con menos de 24 horas de antelación. Una política que, en su momento, el chef Rodrigo de la Calle defendió. “La medida es un mecanismo de defensa contra los irresponsables que no se presentan en los restaurantes”, argumentó entonces el cocinero, quien decidió establecer dicha política cinco años atrás “cansado de las cancelaciones a última hora y de los no-shows”. De hecho, en la actualidad la penalización ha aumentado a 130 euros.

Rubén Sánchez, portavoz en Facua, defiende que “hay que ver caso a caso” y que, el de Amelia es bastante singular por tratarse de un establecimiento gastronómico “no es un restaurante que tenga garantizado que el consumidor que cancela mesa sea sustituido por otro cliente sobre la marcha”, porque no trabaja con lista de espera. “El restaurante sí podría estar sufriendo un perjuicio”, apunta Sánchez, que, sin embargo, cree que las condiciones actuales de cancelación del local —en las que se cobra 291 euros, la totalidad del precio del menú— sí pueden ser abusivas para los consumidores. “¿De verdad el hecho de que una de sus mesas no se llene supone una pérdida económica total? Es decir, ¿toda esa comida se va a tirar a la basura o no se va a utilizar para otro comensal en otro momento?”, cuestiona. “No decimos que por sí mismo establecer una penalización sea ilegal, sino solo cuando es desproporcionada y cuando el plazo de cancelación también lo sea”.

La decisión judicial no ha pasado desapercibida en redes sociales, donde parte del sector hostelero ha acogido de buen grado el fallo. Así lo manifestaba en Twitter, por ejemplo, Fernando Sáenz, dueño de la heladería dellaSera, en Logroño, quien ha manifestado que “ir a un restaurante es igual que ir al teatro, cine o un concierto”. “Sacas la entrada y si no vas, la vendes o la pierdes”, razonaba. Por su parte, el presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía, Luis Suárez de Lezo, ha asegurado que la sentencia “es un precedente importante para la hostelería española”.

Para De la Maza, gerente del grupo Amelia, establecer una penalización en caso de no show —algo así como no aparecer, en castellano— es una práctica habitual en el extranjero, por lo que los clientes no nacionales están más acostumbrados y suelen mostrar menos reticencias al respecto. “Una o dos veces al mes hay que gestionar problemas con clientes cabreados y la conflictividad es mayor en el cliente nacional. Está habituado a no aparecer y no dar explicaciones”, apunta. “Hay que ir terminando con la mala educación”.