De los pisos turísticos al ‘caso Begoña Gómez’: el popurrí del último pleno de Madrid antes del parón de verano

Respuestas cortas ―prácticamente monosílabos― para los problemas de Madrid. Largos y tendidos discursos contra el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y el proceso judicial contra su esposa, Begoña Gómez. Esa ha sido la dinámica del último pleno del Ayuntamiento de Madrid antes del parón del verano.

―¿Piensa cerrar los pisos turísticos ilegales que operan en la ciudad de Madrid?―, pregunta Rita Maestre, de Más Madrid.

―A diferencia de ustedes, sí―, responde el Alcalde José Luis Martínez Almeida y cierra el micrófono.

―¿Qué compromiso tiene con la regeneración democrática?―, demanda Reyes Maroto, del PSOE.

―Tengo un compromiso absoluto con la regeneración democrática―, replica Almeida y termina su turno.

El alcalde ha conseguido, así, no responder a las preguntas de control de los otros partidos en su primer turno de intervención para, en el segundo, desplegar su estrategia: referirse brevemente al tema y aprovechar para arremeter contra la oposición madrileña y contra el Gobierno nacional. Sobre los pisos turísticos, a Maestre le ha respondido que, desde abril, cuando dejó de dar nuevas licencias para Viviendas de Uso Turístico (VUT) y anunció mayores controles, han impuesto “176 sanciones por valor de 30.000 euros”. La cifra está muy lejos de la que dio su delegado de Urbanismo, Borja Carabante, hace apenas un mes en el pleno de junio, cuando aseguró que solo se había abierto un proceso de sanción por 60.000 euros a un piso turístico. Por lo demás, Almeida cuestionó: “¿Qué hacen desde el Gobierno de España para detener las viviendas turísticas ilegales?”.

A su vez, el regidor municipal ha aprovechado la pregunta de Maroto sobre el plan de regeneración democrática para referirse a la citación de Sánchez el próximo 30 de julio para declarar como testigo por un supuesto delito de tráfico de influencias. “Preguntar por la regeneración democrática en la semana en que el presidente va a tener que declarar ante un juez tiene un verdadero mérito”, le ha dicho Almeida a la exministra de Comercio. “Tengo un compromiso absoluto con la regeneración democrática, pero no con el plan Begoña”, ha añadido. El alcalde ha demandado que el presidente de Gobierno responda a las preguntas del juez Juan Carlos Peinado y no ha perdido oportunidad para llamar a Sánchez y Gómez “el fango y el cash” de la política española.

En menos de una hora, el pleno ha despachado la parte de control. Otros altos cargos del Ayuntamiento han sido algo más generosos en sus respuestas sobre temas como la construcción de vivienda, los servicios para atender la violencia de género y el plan especial de hospedaje, algunos de los temas clave de este primer año de la legislatura del PP municipal con mayoría absoluta. Eso sí, no todos han entrado en detalle. A una pregunta del PSOE sobre los planes de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) para enfrentar el déficit habitacional, el presidente de la EMVS solo ha recordado que actualmente hay 6.4000 unidades en proyecto y que están trabajando para llegar a las 12.000 viviendas prometidas en esta legislatura.

Sobre la modificación del plan general para reglamentar los pisos turísticos ―por una pregunta hecha por Vox― que se conocerá en septiembre, el delegado de Urbanismo apenas ha dado pinceladas sobre los objetivos de la nueva norma, como evitar la pérdida de residentes en el centro y ordenar la oferta turística, sin que eso signifique su cierre, como ya planea Barcelona. “El 30% de los turistas que vienen hoy se quedan en una VUT”, ha asegurado Carabante y ha agregado que plantearán un modelo que sea compatible con la convivencia vecinal. Luego, en declaraciones fuera del hemiciclo, el alcalde ha asegurado que la nueva norma estará lista en junio de 2025.

Con respecto a la red de atención a la violencia de género, el delegado de Políticas Sociales, José Fernández Sánchez, ha asegurado que van a intensificarla para garantizar la prevención y la reparación. Ha hablado de aumentar el horario de la unidad móvil, ampliar la plantilla que hace valoración en las unidades de emergencia, de incorporar psicólogos infantiles en dos observatorios contra la violencia de género, entre otras medidas. El primer año de legislatura cierra, sin embargo, sin resolver la situación de las trabajadoras de la Red de Violencia de Género que llevan una protesta y una huelga desde el ocho de marzo por las condiciones del servicio y por la precaria situación laboral.

El PP pasa el rodillo

Las proposiciones de los otros partidos tampoco han tenido mucho éxito. El PP de Madrid ha pasado el rodillo de su mayoría absoluta ―aunque también respaldado por Vox― y ha rechazado propuestas como la garantía de continuar el servicio de Casas Grandes como existe hoy y de ampliarlo a los 21 distritos (Más Madrid), porque ha argumentado que el nuevo modelo de contrato amplía de cuatro a ocho las sedes de este servicio de apoyo a la crianza. También ha rechazado la proposición de un protocolo que incluya medidas para prevenir episodios de alta concentración de ozono (Más Madrid), algo de lo que ya había advertido Ecologistas en Acción, porque Madrid 360 “ha sido una estrategia exitosa” que ha permitido tener los niveles de dióxido de nitrógeno bajo los límites permitidos ―40 microgramos por metro cúbico, según ordenaba la anterior norma europea― y porque, dice, la estrategia debe ser nacional, y no local. A su vez, ha descartado realizar un estudio en colaboración con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) para diagnosticar los puntos críticos en problemas de convivencia e inseguridad (PSOE).

La única proposición que ha sacado adelante la oposición, aunque parcialmente, ha sido una para protección del pequeño comercio en Madrid. La concejala Sara Ladra (Más Madrid) ha pedido un diagnóstico del estado del pequeño comercio de la mano de las asociaciones, que “se limiten los establecimientos con usos que no sean comerciales ni de interés para el barrio” y que se intervenga en los ejes comerciales que pierdan el tejido comercial con la compra y rehabilitación de los locales cerrados. Los dos primeros puntos han sido aprobados.

El PP, en cambio, ha sacado adelante, sin mayor problema, su propuesta para adoptar “medidas de compromiso, impulso, promoción, revisión y fomento de la transparencia [...] en defensa de la igualdad entre españoles y en contra de privilegiar a unas comunidades autónomas frente a otras”. El turno del partido de gobierno para defender la propuesta ha sido más bien un espacio en que el que ha sacado a relucir todos los choques que ha tenido con el nacional en el último año: la condonación de parte de la deuda a Cataluña, el acuerdo con Junts para la investidura, la ley de Amnistía, entre otros.

El pleno, de hecho, ha dado hasta para sacar a colación al productor musical de Malinche, Nacho Cano, investigado por un delito de favorecimiento de la inmigración irregular y contra los derechos de los trabajadores. Más Madrid lo ha mencionado en el debate de la proposición por la igualdad de todos los españoles y, un punto más adelante, el Delegado de Políticas Sociales, ha salido en su defensa: “Señores de la izquierda, me gusta Nacho Cano. Déjenle en paz. No se escandalicen por Nacho Cano, me extraña que no se escandalicen por una señora que no tenía pasado profesional alguno hasta que llegó su marido a La Moncloa. Nacho Cano es un genio de la música”. También ha habido ocasión para que la concejal de Vox Carla Toscano llamara “filoetarra” al delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Aunque el PSOE ha pedido que se llamara al orden, el presidente del pleno, Borja Fanjul (PP), se ha negado.

Vox ha cerrado la puerta antes de las vacaciones de verano. Su portavoz, Javier Ortega Smith, ha tratado de colar una propuesta para instar a la Comunidad de Madrid al rechazo del reparto de menores migrantes desde Canarias; pero se ha encontrado con el voto en contra de todos los demás grupos políticos: PP, PSOE y Más Madrid. Sin embargo, sí ha conseguido que el pleno condenara unánimemente el atentado contra el expresidente Donald Trump. Pero, de alguna manera, la intervención de cada uno de los grupos políticos ha derivado en referencias al gobierno de España y a los choques entre formaciones: el destino ineludible de los plenos en Madrid.

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