La Comunidad de Madrid anuncia que tiene cinco ofertas para construir la Ciudad de la Justicia

Dos meses después del juicio por las irregularidades en la construcción, o mejor dicho, no construcción de la Ciudad de la Justicia durante el segundo mandato de Esperanza Aguirre, su heredera, Isabel Díaz-Ayuso, trata de sacar adelante ese macroproyecto faraónico que promete desde hace dos décadas aunar todas las sedes judiciales de Madrid en un mismo espacio. Este martes, la Comunidad ha anunciado que ha recibido cinco ofertas para llevar a cabo el inicio de las obras, planeado para el primer semestre de 2025. La inversión inicial será de 683 millones de euros en los próximos cuatro años. La Consejería de Justicia ha prometido decidirse por una propuesta u otra antes de que acabe el verano, tras el análisis de las diferentes opciones por parte de un comité de expertos .

En concreto, optan al concurso cinco Uniones Temporales de Empresas (UTE): OHLA-Azvi-Rover, Ortiz-Lantania-Vias y Construcciones, Constructora San José-Avintia, Dragados-Acciona Construcción y Ferrovial-Sacyr-FCC. Todas, salvo la segunda, buscan hacerse con los dos lotes en lo que se divide el nuevo complejo judicial en la capital. En esta primera fase se incluye la construcción de las dos sedes principales: el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) y la Audiencia Provincial.

Para sacar adelante esta iniciativa, el consejero de Justicia, Miguel Ángel García, optó por volver al modelo tradicional de licitación, en la que la Administración pone el dinero para la construcción y luego se hace con la gestión directa de las instalaciones. Para el consejero, este modelo aporta más “seguridad y fiabilidad” que los que se plantearon en otros momentos y que implicaban ceder la gestión de los servicios a la empresa constructora, a cambio de que esta desembolsara la inversión inicial. El consejero ha destacado en esta jornada que la mesa de contratación está compuesta “únicamente por funcionarios”.

Fue Aguirre la que puso en 2007 la primera piedra del complejo, de que solo se ha construido el Instituto de Medicina Legal, que hizo de morgue en la pandemia, pero que en esos primeros años se presentó en diferentes ferias internacionales e incluso tuvo una recreación virtual. En sus tiempos, las arcas públicas llegaron a desembolsar más de 300 millones en planos y proyectos que incluían diseños de Norman Foster, pero que nunca llegaron a materializarse.

El consejero de Justicia y vicepresidente de Aguirre, Alfredo Prada, y otros cinco investigados fueron juzgados en marzo en la Audiencia Provincial por este despilfarro, en el que la Fiscalía consideró que no hubo ni un contrato que se enmarcara en la legalidad. “Pensamos que no nos iba a costar nada y nos costó”, resumió la expresidenta ante el juez cuando declaró como testigo, quien además defendió que esto no fue su “ocurrencia” y que tampoco fue idea suya pagar 10 millones a Foster por el proyecto, que ahora no se va a reutilizar.

Después de muchas idas y venidas y de que los sucesivos presidentes regionales, todos del PP, hayan ido desechando o relanzando el proyecto a su manera, el Gobierno de Ayuso se vio obligado a dejar desierto el concurso el año pasado al no encontrar ninguna oferta que se ajustara a las necesidades requeridas.

Ahora, se analizarán “las propuestas presentadas” y se optará, por las que sean “más ventajosas desde el punto de vista económico, las que garanticen el mayor control de calidad sobre sus proyectos y, algo muy importante, aquellas que presenten unos diseños arquitectónicos innovadores, significativos y eficientes”, ha explicado García.

El Ejecutivo autonómico aspira a unificar en un solo complejo ubicado en el barrio de Valdebebas un total de 27 sedes judiciales repartidas ahora por la capital y que, en la actualidad, dan servicio diariamente a más de 30.000 personas. Se levantarán entre 10 y 13 edificios. La Ciudad de la Justicia de Madrid ocupará alrededor de 236.000 metros cuadrados sobre rasante y 198.000 bajo rasante en un solar con una superficie de 132.000 metros cuadrados, lo que supone un aumento del 61% respecto a la suma de toda el área destinada a estos organismos en estos momentos.

Ahora, en la región hay 28 dependencias judiciales diferentes, casi todas en edificios alquilados, por los que la Comunidad de Madrid paga unos 40 millones de euros al año. Según el plan que tiene sobre la mesa Justicia y que, por ahora, está cumpliendo, es que en 2027 puedan empezar a operar los primeros servicios de esta nueva Ciudad de la Justicia.

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