El PP maniobra para convertir la investigación por fraude fiscal que afecta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una trama diseñada por el Gobierno central contra el partido y su mandataria regional. Tras ...

El PP maniobra para convertir la investigación por fraude fiscal que afecta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una trama diseñada por el Gobierno central contra el partido y su mandataria regional. Tras reconocer Alberto González, novio de Ayuso, dos delitos fiscales valorados en 350.951 euros, los portavoces de la formación se lanzaron este lunes a denunciar una campaña “machista” que supuestamente explota los recursos del Estado con filtraciones interesadas para dañar a la presidenta autonómica a través de su compañero, ajeno a la política. Así, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está detrás de un plan urdido contra Ayuso para tapar el caso Koldo, que afecta al PSOE; y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pidió la dimisión del fiscal general del Estado. Una estrategia con precedentes: Mariano Rajoy vio “una trama contra el PP” en el estallido del caso Gürtel, por cuya instrucción el partido se querelló contra el juez Baltasar Garzón. Ocurrió igual cuando el PP de Madrid (entonces presidido por Esperanza Aguirre) denunció al fiscal general por el caso Majadahonda (ambas denuncias se archivaron).

El miércoles 13, un día después del estallido del escándalo, la primera en caminar de nuevo ese camino ya transitado fue Ayuso. La política conservadora coloca entonces en la diana a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez (”una señora que fue directora general en el Ministerio de Justicia con Zapatero”, escribe en sus redes sociales). Apunta que con la polémica sobre su pareja se intenta tapar la trama de comisiones ilegales para conseguir contratos de suministro de mascarillas a la Administración en lo peor de la pandemia que se investiga en el caso Koldo. Y sobre la investigación al comisionista con el que convive, señala: “Aquí no hay un caso político, hay un caso turbio de todos los poderes del Estado contra un ciudadano anónimo”.

Casi una semana después de aquella intervención, Díaz Ayuso apostó el lunes por perseverar en la tesis de la conspiración. Para entonces, Hacienda había detallado que considera que la pareja de la presidenta tuvo “una conducta consciente, deliberada y claramente dolosa que amerita su reproche penal”. El propio empresario ha reconocido los delitos a través de su abogado y ha pedido alcanzar un acuerdo. Y tanto el Gobierno central como la Fiscalía han asegurado que la investigación siguió los cauces habituales. No obstante, el PP en bloque sale en defensa de la tesis de la presidenta de Madrid, la avala y multiplica.

“Lo que está pasando es que se están utilizando todas las herramientas y los poderes del Estado contra un particular para intentar hacer daño a un político, a un adversario, algo que me parece chavista, y gravísimo”, afirma Díaz Ayuso ante el público entregado que la acompaña durante una visita a una fábrica en Arganda del Rey (Madrid), y que rompe en aplausos y ríe cuando minusvalora el requerimiento de un periodista sobre el caso (“me pincho y no sangro con la pregunta”).

“Ha habido un gravísimo escándalo de filtraciones”, denuncia sobre que se conozcan los datos y el expediente de su pareja, que estudia querellas contra Hacienda, la Fiscalía y la ministra María Jesús Montero. Y remata: “Entiendo que hay que intentar destruirme por tierra, mar y aire, como hace la izquierda y sus terminales mediáticas, para intentar desprestigiar. Pero a estas alturas es muy sorprendente que con la trama de corrupción que está sufriendo el Gobierno a manos del que era su secretario de organización [en referencia a José Luis Ábalos y el caso Koldo], implicados ministros, comunidades autónomas, organismos de todo tipo, con detenidos, pistolas, prostíbulos... [se hable del caso de su pareja]”.

Esa conexión con el caso Koldo alcanza la categoría de argumento oficial del PP a través de su presidente. Con el partido deseando centrarse en el exigente ciclo de las elecciones vascas (abril), catalanas (mayo) y europeas (junio), y en la denuncia de la ley de amnistía como piedra angular de su labor de oposición, Feijóo argumenta que Sánchez “está en el centro de esta trama mediática en contra de la señora Ayuso” con el objetivo de tapar el escándalo que afecta al PSOE.

“¿Quién ha filtrado? ¿La Fiscalía? ¿La Agencia Tributaria? ¿Quién de la Fiscalía? ¿Quién de la Agencia Tributaria?”, lanza una pregunta tras otra en una entrevista con Okdiario. “El caso Ayuso se puede convertir en el caso Montero porque contó a las cinco de la tarde, dando información fiscal y tributaria, lo que no se publicó en los medios hasta las nueve de la noche”, argumenta para colocar a la ministra de Hacienda como origen de la filtración. “[Sánchez] quiere empatar, una cortina de humo”, insiste sobre el caso Koldo, culpando directamente al presidente del Gobierno del estallido del caso que afecta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. “Tengo claro que el señor Sánchez lo sabía, lo consiente y aceptó que se montase este paripé contra la señora Ayuso, no tengo ninguna duda”, opina. “Es consentidor”, recalca. “Y prueba de ello es que me pide que yo la haga dimitir. Por tanto, debe estar en el centro de esta trama mediática en contra de la señora Ayuso”.

Pero Feijóo no llega a pedir dimisiones por esas supuestas filtraciones. Ese es un papel que queda reservado para el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, encargado de ejecutar una estrategia que engarza al PP de hoy con el PP de ayer, al de Feijóo con el de Rajoy y Esperanza Aguirre, a través de poner en duda la independencia de jueces y fiscales.

“No podemos admitir en una democracia que el fiscal general del Estado haga una operación política que suponga violar el secreto profesional”, dice Almeida, que atribuye a Álvaro García Ortiz la orden que motivó el comunicado de la Fiscalía aclarando que había sido la pareja de Díaz Ayuso quien había pedido alcanzar un pacto (y reconocido los delitos), y no al revés, como había filtrado la Comunidad de Madrid. El comunicado detallaba, además, que ese ofrecimiento se produjo el 2 de febrero, más de un mes antes de que se conociera el caso. Que ese dato se hiciera público fue considerado “de extrema gravedad” por el Colegio de la Abogacía de Madrid.

Precedentes

En su conjunto, todas esas quejas del PP contra fiscales, investigadores y rivales políticos sonaron a música conocida.

Por ejemplo, tras estallar el caso Gürtel, en febrero de 2009, Mariano Rajoy compareció en rueda de prensa para denunciar la existencia de “una trama contra el PP”, en la que incluyó a jueces, fiscales y policías. “Nunca, ni con [Adolfo] Suárez, [José María] Aznar o [Felipe] González, se hizo un uso tan partidista de la Fiscalía”, dijo el entonces presidente de los populares: “Se detiene a militantes del PP con policías encapuchados a los que se les hace un daño irreparable, y luego son puestos en libertad. Es evidente el distinto rasero. El 100% de los casos afectan al PP. No al PSOE. Esto no casa con el Estado de derecho”. El caso Gürtel, que aún tiene pendientes varias ramas por juzgar, acumula actualmente cerca de 80 condenados a cárcel (entre ellos, decenas de cargos, asesores y familiares de la formación conservadora). Algunas de las personas que acompañaron a Rajoy en esa comparecencia acabaron salpicadas por la trama.

Por su parte, cuando Esperanza Aguirre presidía el PP de Madrid, el partido denunció al fiscal general del Estado por comunicar que abría investigación por el caso Majadahonda, lo que según la propia Aguirre fue el origen del caso Gürtel. Al tiempo, el PP se querelló contra el juez Garzón por la instrucción del caso Gürtel. Todo acabó siendo archivado.

Finalmente, Francisco Camps, expresidente valenciano (PP), también mantiene una intensa guerra contra la Fiscalía Anticorrupción, que lo sentó en 2023 en el banquillo por su presunta implicación en Gürtel —un juicio que se encuentra pendiente de sentencia—. Camps y su abogado, que hablan de la “Fiscalía Anticorrupción del PSOE”, han acusado al ministerio de someterlo a una “persecución inmisericorde” para intentar “destruirlo”, fruto de una obsesión “psicopatológica” que “desborda” la legalidad.

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