En la Comunidad de Madrid es tradición que haya más oferta de becas financiadas con dinero público para que los bebés vayan a una escuela privada que solicitantes que cumplen los requisitos, según reconocen en el gobierno regional: “Suelen sobrar fondos”. Eso es lo que parece que ha vuelto a ocurrir con los 50,6 millones de la polémica convocatoria para el curso 2022-2023, la primera en la que han podido optar a estas ayudas familias que ingresan ...

En la Comunidad de Madrid es tradición que haya más oferta de becas financiadas con dinero público para que los bebés vayan a una escuela privada que solicitantes que cumplen los requisitos, según reconocen en el gobierno regional: “Suelen sobrar fondos”. Eso es lo que parece que ha vuelto a ocurrir con los 50,6 millones de la polémica convocatoria para el curso 2022-2023, la primera en la que han podido optar a estas ayudas familias que ingresan más de 100.000 euros: se han otorgado 4.395 becas menos de las 34.193 previstas por la Administración, para un total de 29.798 beneficiarios, según refleja el Boletín oficial de la región. Aunque el Ejecutivo no aclara si se han dejado de dar esos cheques porque se agotó el presupuesto, o porque no había solicitantes suficientes, lo cierto es que todavía está abierto el plazo de reclamaciones y un portavoz reconoce que suele sobrar dinero. Que haya más becas ofertadas que solicitantes, cuando en otras ayudas suele ocurrir lo contrario, refleja una apuesta decidida por consolidar un sistema educativo en el que se financia con dinero público a escuelas privadas en etapas no obligatorias bajo la premisa de defender la libertad de elección de los padres.

“Esos son los datos”, reconoce un portavoz del Gobierno. “Todas las familias que cumplían los requisitos y han optado han logrado la ayuda”, añade. Y sobre el desvío entre la realidad (29.798 beneficiarios) y la previsión del gobierno (34.193), responde: “Se trata del máximo número de beneficiarios estimados posibles por la Comunidad de Madrid para evitar que ninguna familia que pueda optar a la beca se quede sin ella”.

Es innegable que en el presente curso el gobierno hizo los máximos esfuerzos para que el dinero público llegara a los centros privados a través de estas becas para etapas educativas no obligatorias. Así, el Ejecutivo flexibilizó el criterio de renta familiar con el que se restringía el acceso a las becas que concede para cursar en centros privados Educación Infantil, Bachillerato y Formación Profesional. Al conocerlo, la oposición de izquierdas calificó la medida de “atraco”. Como resultado del cambio, el pasado verano pudieron optar a recibir la ayuda aquellas parejas con un hijo que ingresaran hasta 107.739 euros, cuando antes el límite era de 30.000 euros para los que optaban a una ayuda para Bachillerato, de 60.000 para los de Formación Profesional (FP), o de 75.000 para los de Educación Infantil. Del mismo modo, las parejas con dos niños que tuvieran unos ingresos globales de 143.652 euros también podían pedir estas becas; o las que tuvieran tres hijos y unos ingresos en el hogar de 179.565 euros.

Pero el resultado no ha sido el esperado. O al menos no ha llegado a cumplir las expectativas generadas por el gobierno. Desde el curso 2015-2016, solo ha habido dos con menos beneficiarios que el actual. Fueron los de la pandemia (2020-2021 y 2021-2022), con tan solo 28.794 y 29.002 agraciados, según documentación oficial del gobierno a la que accedió EL PAÍS. Quizás por eso el Ejecutivo ha recortado sus expectativas para el curso 2023-2024, cuando espera aprobar 33.750 becas, 443 menos de las que calculó para el curso actual.

Así, de cara al próximo curso “se fija un objetivo específico” en Educación infantil: “Lograr aumentar las ayudas individuales otorgadas (...), pasando de los 29.798 en la convocatoria de 2022-2023 a 33.750, siempre que existan suficientes solicitantes de la ayuda para el curso 2023-2024 y, manteniéndose, en todo caso, los importes a percibir por la beca, que serían con carácter general, de 1.463 euros anuales, y de 2.343 euros para los beneficiarios que hayan obtenido 5 puntos por el criterio de ingresos familiares”.

Sin embargo, el gobierno no explica cómo logrará que las becas lleguen a más familias, y si para hacerlo cambiará los requisitos exigidos para este curso. La Administración tampoco aclara si modificará esos parámetros para restringir las ayudas a familias con menos recursos económicos. Tampoco detalla si introducirá el requisito de la excelencia académica del alumno para optar a las becas, como planteó el pasado verano el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio. Ni apunta si Madrid dejará de darlas exclusivamente para centros privados, lo que convierte a esta región en una excepción en toda España.

Fracaso en la negociación de los presupuestos

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? El proyecto de Presupuestos para 2023 de la Comunidad de Madrid apostaba por incrementar un 28% los fondos destinados a becas para estudiar en centros privados a las que optan familias que ingresan más de 100.000 euros: en ellos se sentaban las bases para que en el curso 2023-2024 aumentara de 127 a 163 millones de euros la partida de dinero público para financiar los estudios de más de 62.000 estudiantes en cuatro enseñanzas no obligatorias a cursar en centros privados (Infantil, Bachillerato, y Formación Profesional de grado superior y medio). Como consecuencia, la cuantía para becas de Educación Infantil aumentaría de 50,6 millones a 67,3; la de Bachillerato subiría de 43,4 millones a 54,3; la de FP de grado superior se elevaría de 30,5 millones a 38,2; y la de FP de grado medio pasarían de 2,43 millones a 3,04.

Sin embargo, Vox votó en contra del proyecto de cuentas públicas, lo que obligó a prorrogar los presupuestos de 2022. Adiós al aumento para el próximo curso. En consecuencia, el gasto queda congelado como poco hasta el curso 2025-2026, según las órdenes publicadas este martes en el BOCM, y salvo cambios posteriores, que son previsibles.

“Lo que se ha publicado es el Plan Estratégico de becas para la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en centros de titularidad privada autorizados para cuatro años, es decir, hasta el curso 2025/26″, explica un portavoz gubernamental. “Se debe hacer de acuerdo con el presupuesto vigente que es el prorrogado de 2022 (50,6 millones de euros)”, añade. “Que sea esta la cantidad incluida en el Plan Estratégico no significa que vaya a ser el presupuesto destinado para convocatorias de próximos cursos”.

Dicho de otra forma: en el futuro habrá más dinero público para becas en centros privados.

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