La justicia obliga a la Comunidad de Madrid a devolver 34 millones a OHL por el tren fantasma de Esperanza Aguirre

Es 2008, y Esperanza Aguirre empuña con mano firme una máquina amarilla con la que coloca la primera traviesa de lo que deben ser las vías para unir con un tren los municipios de Móstoles y Navalcarnero. “Tenemos la costumbre sana de cumplir lo que prometemos”, dice sobre una de sus promesas electorales estrella. “Antes de que termine esta legislatura vendremos en tren a Navalcarnero”. Trece años después, la obra sigue sin estar terminada y causa cada poco un agujero en las cuentas públicas autonómicas.

La Comunidad de Madrid acaba de recibir una sentencia en su contra que le obliga a d...

Es 2008, y Esperanza Aguirre empuña con mano firme una máquina amarilla con la que coloca la primera traviesa de lo que deben ser las vías para unir con un tren los municipios de Móstoles y Navalcarnero. “Tenemos la costumbre sana de cumplir lo que prometemos”, dice sobre una de sus promesas electorales estrella. “Antes de que termine esta legislatura vendremos en tren a Navalcarnero”. Trece años después, la obra sigue sin estar terminada y causa cada poco un agujero en las cuentas públicas autonómicas.

La Comunidad de Madrid acaba de recibir una sentencia en su contra que le obliga a devolver 18.285.845,60 euros a la constructora OHL. Al sumarse a una decisión previa, el Gobierno regional se ha visto abocado a devolver los 34 millones de euros que el Ejecutivo de Cristina Cifuentes le cobró a la concesionada entre ejecución de sus avales y penalizaciones por no terminar el recorrido, según confirma un portavoz de la Consejería de Transportes.

La línea, de 14,8 kilómetros de longitud, debía haberse inaugurado en 2013. OHL ganó el concurso de 360 millones de euros para hacerla realidad. Pero los trabajos fueron abandonados en 2010, cuando solo quedaban unos cuatro kilómetros para culminar la infraestructura. Desde entonces se suceden los litigios. Económicos y penales.

De un lado, la Comunidad y la constructora pleitean en los tribunales para dirimir de quién es la culpa de los cambios en el proyecto (con el soterramiento no previsto de un túnel) y la financiación (50 millones que reclamaba OHL).

Y del otro, el magistrado Manuel García-Castellón ha abierto juicio oral en el marco del caso Lezo contra el expresidente Ignacio González al ver “indicios racionales de criminalidad” en la concesión de las obras, ya que presuntamente habría cobrado parte de una comisión de casi 2 millones de euros. La sombra de la corrupción planea sobre una obra inacabada que ha perjudicado la vida de cientos de familias.

Porque la paralización de las obras no ha penalizado solo a las arcas públicas. De un lado afecta a los 200.000 habitantes de Móstoles. Del otro, a los más de 100.000 que suman los residentes en Navalcarnero, Arroyomolinos y otras poblaciones de la zona. Hay, además, cientos de familias atrapadas por el sueño del tren que nunca llegó. Muchas compraron su casa atraídas por la promesa de que un tren vertebraría su día, yendo y volviendo del trabajo, acortando la distancia entre su residencia y su puesto de trabajo.

Del sueño a la pesadilla

Hoy esa infraestructura no existe, los precios por los que compraron sus viviendas se han desplomado, y como todo recuerdo queda la cicatriz del surco por el que iba a pasar el tren. Del sueño a la pesadilla.

“La política de infraestructuras del PP siempre ha respondido a dos criterios fundamentales: cuestiones puramente electorales y su corrupción sistémica”, opina Sol Sánchez, diputada de IU integrada en el grupo de Podemos a la Asamblea, que conoce los juicios pendientes de la Comunidad a través de la comisión de Presupuestos y Hacienda. “Llevamos décadas viviéndolo; de la ampliación de la línea 7 al tren de navalcarnero pasando por la M-45 o la autovía MP-203 aún sin inaugurar”, añade en referencia a algunas de las infraestructuras más polémicas de la región. “Ignoran el más mínimo análisis riguroso de necesidad y, lo que debería ser una apuesta por un región sostenible centrada en el transporte público, acaba siendo una apuesta por la sostenibilidad de las constructoras centrada en su cuenta de resultados. Qué casualidad que luego salgan en ciertos papeles de ciertos casos de corrupción”.

La del tren fantasma de Aguirre no es la única decisión judicial sobre una infraestructura pública que puede golpear duramente a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid. Durante el primer trimestre de 2021, el Gobierno regional recibió la notificación de una demanda de más de 244 millones de euros por parte de una de las tres concesionarias de la carretera M-45. Pendiente aún del fallo, ya es seguro que esa vía ha sido un negocio ruinoso para las arcas públicas.

Así, los 37 kilómetros de la M-45 pueden acabar costando más de 2.000 millones de euros cuando acabe la concesión, en 2032. Todo, para que la utilicen 78.721 vehículos al día, según cifras para 2019 del Gobierno, que asegura que esta es la vía regional con mayor intensidad media diaria de tráfico.

¿Cómo puede costar ese dinero una carretera que no iba a llegar a los 400, según anunció en su día el Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón? Porque el Gobierno ha perdido decenas de litigios con las tres concesionarias por discrepancias en el cálculo de las expropiaciones —que costaron más de lo previsto— y del canon que cobran las concesionarias —que se aumentó—.

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