La Comunidad deriva unos 3,5 millones de euros anuales a siete clínicas privadas para garantizar el aborto

Dice Sonia Lamas que alrededor de nueve de cada diez mujeres que llegan a la clínica donde trabaja lo hacen derivadas desde un hospital público de Madrid. Esta psicóloga atiende a las mujeres de Dátor, el primer centro privado que fue acreditado en España para practicar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Es también portavoz de ACAI, la asociación de clínicas acreditadas de IVE y afirma que esta situ...

Dice Sonia Lamas que alrededor de nueve de cada diez mujeres que llegan a la clínica donde trabaja lo hacen derivadas desde un hospital público de Madrid. Esta psicóloga atiende a las mujeres de Dátor, el primer centro privado que fue acreditado en España para practicar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Es también portavoz de ACAI, la asociación de clínicas acreditadas de IVE y afirma que esta situación, la derivación desde la red pública, está extendida por toda la comunidad. ¿La razón? “Por un lado la objeción de conciencia de los profesionales y por otro la falta de medios, de formación, entre esos profesionales”. Así, desde 2010 a 2019, según datos de la Comunidad, en Madrid se han realizado 1.608 abortos en centros del sistema madrileño de salud y 210.755 en clínicas privadas derivados de la red pública. Y ese servicio para garantizar el derecho al aborto de las mujeres le cuesta alrededor de 3,5 millones de euros anuales al Ejecutivo regional.

En 2016, las arcas madrileñas pagaron 3.454.849 euros a las siete clínicas con las que tiene concierto. En 2017 fueron 3.760.199 euros y en 2018, 3.899.580, según la respuesta que la Comunidad dio a Gádor Joya, de Vox, que hizo una petición de información en la Asamblea sobre la facturación emitida por los centros acreditados para la práctica de IVE de esos tres años.

También en esa respuesta de la Comunidad “se hace constar que se ha abonado al Hospital Fundación Jiménez Díaz, en concepto de IVE”, 331.176,48 euros en 2016 y 325.886,40 en 2017. La Fundación realizó cinco interrupciones en 2016 y ninguna en 2017, pero un portavoz de la Consejería explica que “en principio sería de la facturación que reclama la FJD por las facturas emitidas por las clínicas concertadas y que han remitido al hospital en relación a las mujeres atendidas en estas clínicas cuyo hospital de referencia es la FJD y que ha derivado la FJD. Porque cada hospital paga como centro gestor a las clínicas por cada caso que deriva. No es un pago centralizado”. Sobre estos conciertos, el gasto que suponen y la posibilidad de la creación de equipos en los hospitales públicos, la Consejería de Sanidad no ha respondido.

Cuando España legalizó el aborto, en 1985, lo hizo bajo tres supuestos: grave peligro para la vida o la salud física y psíquica de la embarazada, cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación o cuando se presumiera la existencia de graves taras físicas o psíquicas en el feto. Todavía ni las instituciones, ni la sociedad, estaban preparadas, ni dispuestas, a una despenalización total.

Llegó en 2010, cuando una nueva regulación lo hizo hasta la semana 14. Desde entonces, la mujer puede decidir hasta ese momento libremente si quiere, o no, ser madre. Han pasado 36 años desde la primera y 11 desde la segunda. En todo este tiempo, el desarrollo de esas normas nunca se ha completado, ni se aplican de forma generalizada en ninguna autonomía. En Madrid, ese contexto está aún más agudizado, y mientras que la tendencia en la media nacional es a ir aumentando el número de interrupciones voluntarias del embarazo de las que se ocupan los hospitales públicos —ha crecido del 1,8% al 14,3% entre 2010 y 2019—, la Comunidad ha ido reduciéndolos, del 1,8% al 1%.

“La pandemia ha puesto sobre la mesa que la sanidad pública está deteriorada, pero es que en Madrid esta deterioradísima”, alega Lamas: “Y como funciona en cuanto al aborto es una muestra más de ese desgaste”. En 1985, en un contexto de estigma y tabú, fueron estos centros los que asumieron esta práctica. “Muchos se marcharon de España para formarse, en otros países, porque aquí era complicado”, cuenta la portavoz de ACAI. Hubo quien lo intentó dentro del sistema público, pero las presiones y la falta de seguridad jurídica unida a denuncias, quejas y ambientes enrarecidos y tensos en los servicios de Obstetricia y Ginecología, hicieron que algunos de los profesionales que en principio quisieron apostar por llevar este derecho desde el sistema público, acabaran por desistir y se marcharon a lo privado.

El espíritu de la ley: llevar la IVE a la red pública

En 2010, cuando la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva entró en vigor, la normativa estableció que “la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma”, pero daba preferencia al sistema público y lo concretaba así en el artículo 19: “Si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación”.

No ocurrió entonces y en la última década en ninguna autonomía se ha desarrollado por completo esa parte de la legislación y los gobiernos regionales prefirieron continuar con los conciertos. También Madrid. “Más en Madrid”, espeta Lamas. “¿No está en el espíritu de la ley que esto vaya a la red pública? Está, pero no se hace nada. Y la cuestión no es que de una vez vaya todo a los hospitales, sino que esos hospitales cumplan con los mismos criterios que tienen que cumplir las clínicas desde 1985″. Porque la atención a las mujeres que toman esta decisión “no es solo la práctica médica”: “Es el seguimiento, el acompañamiento, con equipos especializados que ni van a tener una actitud maternal ni paternal sino que van a acompañar en el proceso y hacer lo posible por blindar la intimidad y la decisión de las mujeres”.

Se pregunta Lamas cómo van a garantizar todas esas cuestiones los hospitales públicos si la objeción de conciencia, “porque no se está de acuerdo con el aborto”, está tan extendida en Madrid: “Y los profesionales, las médicas y médicos y enfermeras y enfermeros que sí están dispuestos, saben que eso es a lo único a lo que se van a dedicar en el hospital, y eso cuenta para el currículo académico”. Varios especialistas de este ámbito, en la última semana, han contado a este diario que ese “estigma” sobre el aborto sigue existiendo en los servicios de Obstetricia, que “se sigue mirando mal a quienes están de acuerdo con realizar abortos” y que las presiones están ahí, a veces más “sutiles” y a veces más directas.

“Quienes de verdad creemos en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y en que esto tiene que realizarse desde una perspectiva feminista, tenemos que seguir insistiendo a las instituciones que si se quiere trasladar a la pública, tiene que haber la misma calidad asistencial que dan las clínicas”, dice Lamas. Y no es solo formación —que es otra parte de la ley en la que nunca se ha avanzado, introducir en el ámbito académico toda la información relativa a la IVE—, sino “unidades específicas, conocer el proceso de acompañamiento que necesitarán ellas y sus familias”. Ese es “un momento en el que se toma una decisión vital, además por todo lo que nos atraviesa a las mujeres, sobre maternidades y no maternidades, y como por fin es una decisión nuestra, necesitamos recursos que garanticen ese derecho”.

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