Los editores recurren el gasto de 17 millones en materiales educativos digitales: “Es un despropósito”

La Asociación de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele) ha interpuesto este miércoles un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid frente a lo que consideran “una adjudicación a dedo e innecesaria que vulnera la normativa de contratación pública”. Se trata del contrato por valor de 14,5 millones de euros firmado entre el Gobierno de Madrid y la ...

La Asociación de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele) ha interpuesto este miércoles un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid frente a lo que consideran “una adjudicación a dedo e innecesaria que vulnera la normativa de contratación pública”. Se trata del contrato por valor de 14,5 millones de euros firmado entre el Gobierno de Madrid y la Editorial Planeta e Informática El Corte Inglés para dotar de materiales digitales desde 5º Primaria a segundo de Bachillerato a través de Educamadrid. Anele ha anunciado que también denunciará ante los organismos de control económico y presupuestario la declaración de emergencia del contrato, que a su juicio no se sostiene. “Es un despropósito”, resume el presidente la patronal del sector, José Moyano, que se suma así a las quejas y a las críticas de los directores de instituto, sindicados y oposición, que ya lo tildaron de “escandaloso”.

En opinión de Anele, que representa a una trentena de editoriales que controlan el 90% del mercado, en este procedimiento, “plagado de irregularidades”, Educación “ha vulnerado principios tan básicos como la neutralidad, la libre concurrencia, la transparencia, la igualdad de condiciones en el mercado e incluso la libertad de cátedra y de enseñanza”. “No es de recibo que una administración pública utilice el dinero público de esta manera bajo el paraguas de una pandemia. Es un momento sumamente delicado en el que lo que se necesita es atender las demandas de sindicatos y profesores”, denuncia Moyano, que critica esta “sospechosa, bastante rara y muy cuantiosa” contratación, tanto por el fondo como por la forma, “a empresas que no son del sector”.

En cuanto al fondo, la adquisición de los contenidos curriculares digitales de aulaPlaneta y de Edebé es “absolutamente innecesaria”, ya que “todos los alumnos disponen al comienzo de curso de todos los materiales y recursos necesarios para la enseñanza presencial y a distancia”, asegura Anele, en referencia a que las editoriales disponen de plataformas digitales cuyas claves de acceso ofrecen a profesores y alumnos junto con la compra o préstamo de los libros. Estas plataformas se enriquecieron con la pandemia y su uso se disparó: a los pocos días del cierre de las aulas “el número de accesos se había incrementado en más de un 250%, llegando a superar el 350%”. Las editoriales, además, dieron durante el confinamiento más de 3,7 millones de licencias gratis, 520.000 de ellas en Madrid. “Nunca se ha producido escasez o falta de recursos online, no es previsible que ocurra en el futuro y además son de una gran amplitud, variedad y riqueza”, sostiene Anele.

La asociación recuerda que “la Comunidad financia desde hace dos años los materiales impresos y digitales dentro del programa de gratuidad ACCEDE, con una dotación de 150 euros por alumno en Primaria y 270 en Secundaria”, en total casi la misma suma que el nuevo contrato. “La consejería se está saltando su propio acuerdo marco, al que está adherido casi 50% de los centros públicos y fuera del cual está prohibida la compra de material con dinero público”, critica Moyano.

Sobre la forma, el contrato “incurre en irregularidades al tramitarse por la vía de emergencia sin que esté justificado ni existan circunstancias excepcionales” y “no se han publicado los pliegos administrativos y técnicos”. “No solo se condiciona y orienta a los centros, profesores y alumnos sobre los recursos más adecuados, sino que quiebran principios como los de la libertad de empresa, la defensa de la productividad y de la libre concurrencia de los que la Administración debe ser garante”, continúa la patronal, que afirma que se diseñó ad hoc para que solo pudieran ganarlo las dos adjudicatarias. “Todo el sector funciona con otro sistema y se exigía LTI, es decir, que te hago una licitación para ti”, explica Moyano, que también muestra su sorpresa en cuanto a los plazos: el límite era el día 15 de septiembre y se aprueba el 16.

Educación defiende en cambio la legalidad del procedimiento “por la situación de crisis sanitaria”. Según la consejería, “es una tipología de contrato válida en estas circunstancias". "Se invitó a todas las editoriales y se respondió a todas las que contactaron con nosotros”, explica un portavoz de Educación. “No se ha contado con ninguna, solo se invitó a cuatro empresas, algunas desconocidas y otras ajenas al sector”, replica Anele. Al respecto, el consejero del ramo, Enrique Ossorio, ha puntualizado en Twitter que el 24 de julio, la directora de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, Mercedes Marín, informó a Anele de los planes del Gobierno regional “y se le ofreció que presentase oferta económica”.

Sin embargo, Anele no lo considera válido, ya que “las invitaciones a licitar se hacen a empresas, no a asociaciones”, que como tales no pueden hacer ninguna oferta, en el email “no se informó del precio ni de las condiciones” y tampoco “se anunció ningún contrato de emergencia", de hecho la orden data de agosto. La patronal tilda de “falso” que “se invitase en el marco del procedimiento de contratación de emergencia recurrido a empresas de Anele". Las invitadas aparecen en la memoria justificativa y son cuatro, ninguna de ellas miembro de la asociación [páginas 7 y 8 de la orden].

Ante las críticas del sector el consejero afirmó la semana pasada que el material digital, que Planeta había cedido gratis en abril, es “un instrumento de ayuda enorme”. “Si nos vamos a un confinamiento es muy importante tener un currículo digital para ayudar a los docentes a que enseñen a distancia”, sostuvo Ossorio. Anele, que espera que la justicia paralice el contrato, recuerda al Gobierno regional que el 95% de las editoriales educativas de España, entre ellas las principales y todas líderes tanto en España como en Iberoamérica en contenidos digitales, están radicadas en Madrid y “debería defenderlas”.

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