Los mayores con seguro privado sí fueron trasladados de residencias a hospitales en Madrid

En los días en que los mayores de residencias enfermos de covid-19 eran rechazados por los hospitales públicos sus compañeros con seguro privado gozaron de un salvoconducto para ser atendidos en una cama de hospital en Madrid. La Comunidad impuso su triaje de admisión solo en la red de hospitales públicos, dando una vía de escape a quienes tienen capacidad para pagar por la sanidad privada.

Operadores de la re...

En los días en que los mayores de residencias enfermos de covid-19 eran rechazados por los hospitales públicos sus compañeros con seguro privado gozaron de un salvoconducto para ser atendidos en una cama de hospital en Madrid. La Comunidad impuso su triaje de admisión solo en la red de hospitales públicos, dando una vía de escape a quienes tienen capacidad para pagar por la sanidad privada.

Operadores de la red privada y sus clientes confirman a EL PAÍS que gracias a esa cobertura pudieron sortear la exclusión diseñada por la Comunidad de Madrid durante lo peor de la pandemia de coronavirus, entre mediados de marzo y mediados de abril.

Para evitar el colapso de sus hospitales públicos, la Consejería de Sanidad elaboró protocolos que excluían a mayores de residencias que estuvieran en fase terminal y con dependencias como moverse en silla de ruedas. Esos documentos asignaban a los 475 centros de Madrid un geriatra de referencia en un hospital público de su zona, para decidir por teléfono si era posible derivar a los enfermos. Pero ese triaje no fue impuesto a la extensa red de más de 40 clínicas y hospitales privados en Madrid, a pesar de que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, gozaba de un mando único sobre la sanidad pública y privada desde el 12 de marzo.

“Tuvimos cinco o seis casos de residentes que llegaron de residencias en zonas tensionadas”, dice el gerente de la Clínica Santa Elena y presidente de Hospitales Católicos de Madrid, Miguel Ortegón.

Asisa, una aseguradora que gestiona el Hospital de Moncloa, con 235 camas, dice que la Consejería de Sanidad nunca les dijo que tuvieran que seleccionar a los mayores de acuerdo a los criterios del protocolo de exclusión. “Afortunadamente en ningún momento tuvimos que denegar un ingreso”, afirma una portavoz. Tampoco fue rechazado ningún cliente de Sanitas, con tres hospitales en Madrid, o QuirónSalud, con siete centros propios, según sus portavoces.

La hija de una residente en un centro de Madrid capital cuenta que ella misma llamó a Sanitas para que fueran a recoger a su madre, una persona con una gran dependencia que no hubiera pasado el corte de la Sanidad pública. Fue el 3 de abril, uno de los días más críticos de la crisis sanitaria en la región. Cuenta que en una hora de reloj la recogió una ambulancia. Fue una suerte que no tuvieron otros en ese geriátrico, según esta familiar que ruega anonimato porque no quiere exponerse a la atención pública. Ingresó con neumonía bilateral y pasó un mes en el hospital. Cree que su madre hubiera fallecido de no haber sido por esa cobertura privada. Así se lo han dicho las trabajadoras de ese centro. “Lo tengo clarísimo. Me imagino que un montón de gente que no ha tenido mi oportunidad ha perdido la vida”.

Cuando un paciente enfermaba gravemente, los empleados de residencias tenían que llamar al geriatra de enlace del hospital público de referencia para valorar el traslado de acuerdo a sus síntomas, a la saturación de las urgencias y a los criterios del protocolo. Si el enfermo tenía cobertura privada, los cuidadores simplemente llamaban a su seguro para pedir una ambulancia.

Los pacientes del Sistema de Salud público dependían de la evaluación de una red de 22 geriatras de enlace creada por la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Se encontraban en el 12 de Octubre, Alcorcón, Clínico San Carlos, Cruz Roja, El Escorial, Fuenlabrada, Getafe, Gregorio Marañón, Infanta Cristina, Infanta Elena, Infanta Sofía, Fundación Jiménez Díaz (privado con concierto público), La Paz, La Princesa, Móstoles, Príncipe de Asturias, Puerta de Hierro, Ramón y Cajal, Rey Juan Carlos, Severo Ochoa, Sureste y Villalba.

¿Sanidad sin apellidos?

Durante el período aproximado de rechazos hospitalarios, desde el 8 de marzo y hasta el 17 de abril, perdieron la vida en las residencias madrileñas 5.272 personas con covid-19 diagnosticado o síntomas. Esto supone cerca del 90% de los 5.975 fallecidos por la enfermedad en esos centros hasta este martes. Alrededor de 300 familias de fallecidos se han unido ya a varias querellas colectivas contra el Gobierno regional y las residencias.

No hay datos oficiales del número de mayores en residencias que fueron atendidos por la red de hospitales privada durante el período crítico, pero sí hay cifras disponibles que son un indicio de que los de más renta sortearon más fácilmente el triaje. Según datos de la Comunidad del 25 de marzo, solo un 20% de los 102 fallecidos durante la pandemia (21 personas) que vivían en las 25 residencias públicas del Gobierno regional lo hicieron en un hospital. Mientras, el 36% de los 301 muertos que residían en geriátricos privados (108 personas) había sido hospitalizado.

Esta diferencia de trato entre hospitales privados y públicos pone en cuestión que durante la pandemia haya funcionado por completo una “sanidad sin apellidos”, como la han llamado algunos. La sanidad privada, con 6.068 camas en Madrid, ha hecho un gran esfuerzo. El 14 de abril había admitido a más de 1.250 pacientes derivados desde la red pública de hospitales, según datos que dio el consejero Escudero. Pero la intervención de Sanidad no consistió en imponer una contribución a las empresas, sino que eran los propios hospitales privados quienes proponían a diario a la consejería su cuota de camas disponibles.

El grupo que coordinaba los traslados de la red pública a la privada estaba integrado por 12 personas, dos de ellas representantes de la privada, que a diario celebraban una videoconferencia matutina, según el presidente de Hospitales Católicos de Madrid. Los hospitales privados daban su parte de camas disponibles, siempre asegurándose de que quedaría espacio disponible para los clientes de seguros privados. Sanitas tuvo sus índices de ocupación en torno al 95% en los peores días. Hospitales de la red católica como la Clínica Santa Elena, que añadió unas 20 camas a sus 76 habituales, estuvieron casi al límite. A veces Sanidad les enviaba de madrugada autobuses cargados de pacientes enfermos.

“Nos llamaban de la pública y les decíamos que podíamos darles 3, 4, 5, 7 camas, pero siempre tenías que reservar espacio para el paciente que llegaba con seguro”, dice Ortegón.

¿Conoces casos de discriminación o irregularidades en una residencia de la Comunidad de Madrid? Contacta con los reporteros de la sección de Madrid fpeinado@elpais.es o jdquesada@elpais.es o mándales un mensaje por Twitter a @FernandoPeinado o @jdquesada

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