La factura por errores médicos se dispara a 34 millones desde 2015

El seguro de la Comunidad pagó hace tres meses la indemnización por un error médico más alta del último lustro: más de un millón de euros por un problema en un parto, según información obtenida por EL PAÍS a través del portal de transparencia. Desde 2015, la factura por estas adversidades asciende a 34 millones, y resume casos dramáticos: operaciones equivocadas, contagios, secuelas... El total supera los 40 millones si se incluyen errores administrativos o en el transporte.

María —nombre ficticio— estuvo todo el verano de 2018 combatiendo la apatía. Con más de 60 años cumplidos, se esf...

El seguro de la Comunidad pagó hace tres meses la indemnización por un error médico más alta del último lustro: más de un millón de euros por un problema en un parto, según información obtenida por EL PAÍS a través del portal de transparencia. Desde 2015, la factura por estas adversidades asciende a 34 millones, y resume casos dramáticos: operaciones equivocadas, contagios, secuelas... El total supera los 40 millones si se incluyen errores administrativos o en el transporte.

María —nombre ficticio— estuvo todo el verano de 2018 combatiendo la apatía. Con más de 60 años cumplidos, se esforzó en una y mil tareas como quien intenta espantar a la muerte con la actividad. Un día recibió una llamada de teléfono convocándole a una prueba médica que confirmó lo más inesperado: hacía seis meses que se había contagiado de hepatitis C durante una prueba rutinaria en el hospital Gregorio Marañón (un TAC), como otras cuatro personas. Desde entonces, y tras tratarse para superar la enfermedad, busca recuperar la normalidad y lograr una compensación “por daños morales”.

“Dos de los cinco pacientes afectados reclamaron una indemnización al Servicio Madrileño de Salud por el daño causado por esta infección”, explican desde la consejería de Sanidad, que dirige Enrique Ruiz Escudero, y que tiene una póliza de seguros para afrontar su responsabilidad patrimonial que en 2019 ascendió a casi nueve millones para atención hospitalaria y a casi dos en atención primaria. “Sin embargo, no llegaron a un acuerdo económico con la compañía de seguros contratada por la Consejería de Sanidad para resolver esta reclamación patrimonial”.

“Hemos presentado el recurso contencioso administrativo y estamos a la espera”, amplía el abogado de María.

Algunos de los acuerdos se alcanzan antes de llegar a juicio, e incluyen cláusulas de confidencialidad que ahora impiden hablar a sus protagonistas. Otros, tras pasar por los tribunales. Los números son abrumadores: en el último lustro se han producido 672 pagos de indemnización, correspondientes a 599 expedientes distintos, ante reclamaciones cuyos motivos podrían considerarse como error médico, sobre un total de 1.160 pagos realizados en ese periodo, que incluyen otros motivos como errores administrativos, problemas en el transporte sanitario, pérdida de objeto. Esto es lo que es seguro: detrás de los 34 millones de euros pagados por el primer concepto hay tragedias personales, pacientes con cara y ojos, vidas rotas por el paso por los hospitales.

A.G.L., por ejemplo, recibió 150.000 euros porque una prueba diagnóstica acabó en una pancreatitis aguda, una fístula pancreática y un cúmulo de abscesos de pus intrabdominales. A este mujer de 42 años le diagnosticaron un cáncer de cérvix, para el que tenían que extraerle los ganglios linfáticos de la pelvis y de la zona de la aorta para examinarlos y determinar si el cáncer se había extendido para aplicar radioterapia en consecuencia. En esa operación, por laparoscopia, se produjo un proceso hemorrágico, que resolvieron en su momento, y una extirpación errónea de parte del páncreas que llevó a todo lo anterior.

La sentencia que condenó a ese hospital, el Clínico San Carlos, dictó que “no se detectó la perforación del páncreas hasta diez días después a la intervención, durante todo ese tiempo estuvo vertiendo sustancias altamente corrosivas a los órganos circundantes, y cuando habían aparecido síntomas que anunciaban esta complicación y podían haber hecho sospechar de su existencia, pudiendo y debiendo ser tratada ya en la segunda intervención o, a lo sumo, tras un análisis urgente de los líquidos extraídos con el drenaje. Es indudable que el diagnóstico y tratamiento precoz de la peritonitis es determinante para garantizar la supervivencia del paciente”.

Meses en el hospital

Esa paciente, de 42 años, tuvo que alargar su estancia hospitalaria durante cuatro meses. En ese periodo, no se llegó a suministrar “el tratamiento quimioterápico de forma simultánea con el radiológico, en la forma que está descrita como conveniente”, explican desde la Asociación El Defensor del Paciente, que llevó el caso. Aquello le ocasionó secuelas permanentes.

Su portavoz, Carmen Flores, asegura que, sea cual sea el caso, “siempre es terrible”. Cree que son las “víctimas menos reconocidas” que hay en la sociedad: “Cuando se muere un paciente, se muere, y nadie viene a darte el pésame, o si hay secuelas en un parto como la parálisis cerebral de un niño, donde la vida cambia por completo, de forma brutal y repentina… Ni políticos ni a veces médicos ni administraciones vienen a nada”.

Para esta mujer con más de dos décadas litigando por malas praxis médicas, eso es lo peor, ese litigio. “Ojalá eso cambie, y haya un cambio legal, que el Gobierno se dé cuenta de que en las negligencias médicas mueren personas y quedan incapacitadas o con una calidad de vida muy por debajo de lo normal, que realmente se encuentran solos e indefensos y que, con todas esas circunstancias, obligan a las familias de los fallecidos o a los propios pacientes a soportar un litigio largo, tedioso, costoso y con muchísimo sufrimiento”.

En el último lustro, 2015 fue el año con una factura más abultada: se rozaron los nueve millones en indemnizaciones. Solo uno se fue en compensar a un paciente por un error en la asistencia. Casi 600.000 se destinaron a otro que sufrió un retraso en el tratamiento que afectó gravemente a su dolencia. Y la misma cantidad se empleó en un tercero por las secuelas de una operación deficiente.

“El porcentaje, sin restar la gran importancia que tiene cada uno de esos errores, es muy reducido sobre el volumen total de actividad”, explica un portavoz de la consejería de Sanidad de la Comunidad. “En Madrid se realizan cada año más de 80 millones de actos médicos”, recuerda.

La abrumadora mayoría de ellos salen bien, mejoran la vida de los pacientes, o directamente se la salvan. Pero una minoría deja un rastro de dolor que no compensa el dinero. Casi 600 en los últimos cinco años.