España en los programas electorales | Agua: los votos de la sequía

El partido que gane las próximas elecciones generales deberá enfrentarse a una sequía que tiene a gran parte de España en alerta o emergencia, pero en realidad este es solo el desafío más urgente de un problema todavía mucho mayor con el agua, en un país con un alto riesgo de desertificación de un planeta que se calienta. La gran pregunta a la hora de analizar los programas de los partid...

El partido que gane las próximas elecciones generales deberá enfrentarse a una sequía que tiene a gran parte de España en alerta o emergencia, pero en realidad este es solo el desafío más urgente de un problema todavía mucho mayor con el agua, en un país con un alto riesgo de desertificación de un planeta que se calienta. La gran pregunta a la hora de analizar los programas de los partidos para el 23-J es hasta qué punto están dispuestos a profundizar en las causas de fondo de la escasez hídrica para encontrar soluciones de largo plazo que garanticen la disponibilidad de este recurso esencial de forma sostenible en España, más allá de medidas de choque para responder a la crisis coyuntural o promesas políticas irrealizables para cosechar votos.

El último informe mensual de seguimiento de la sequía del Ministerio para la Transición Ecológica situaba al 39,9% de la superficie del país en alerta o emergencia por escasez de agua. Esto era antes de que el mes pasado se registrara el segundo junio más lluvioso de lo que llevamos de siglo XXI, sin embargo, no resulta previsible que haya grandes cambios en el próximo informe que saldrá en unos días. Así lo muestra el indicador de los embalses, donde el agua ha seguido bajando. Esta semana, se encuentran al 45,8% de su capacidad, un nivel muy por debajo de la media de los últimos 10 años, aunque mejor que el verano pasado en estas mismas fechas. Ahora bien, este es el porcentaje medio del conjunto. Las reservas embalsadas de las cuencas hidrográficas en situación más comprometida, como la del Guadalquivir (al 22,7% de su capacidad), la Guadalete-Barbate (21,7%) o las Internas de Cataluña (30,6%) sí están peor que en julio de 2022. Al igual que la Mediterránea Andaluza (31,9%), la del Segura (34,5%) o la del Ebro (53%)

Este panorama es muy preocupante, en especial, para los agricultores, pero también para otros muchos ámbitos económicos (como el turismo, la energía…), el abastecimiento de poblaciones o la propia naturaleza. Pero todavía lo son más los escenarios futuros para un país como España como consecuencia del calentamiento del planeta. Trabajos de organismos como el CEDEX o la Oficina Española de Cambio Climático apuntan a un aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos hidrometeorológicos extremos, como sequías e inundaciones, y a una reducción de la disponibilidad de agua. En el tercer ciclo de planificación hidrológica para el periodo 2022-2027, el Gobierno admitía la necesidad de plantear “disminuciones de la utilización del agua del orden del 15% cuando hablamos del horizonte del año 2050″.

La obligación de usar de forma más eficiente los recursos hídricos en España se hace todavía más evidente si se tiene en cuenta que el 44% de las masas de agua subterráneas se encuentran en mal estado, ya sea por estar sobreexplotadas o contaminadas, según ha alertado la organización ecologista Greenpeace apoyándose en documentos oficiales, o que el 74% del país está en riesgo de desertificación, según la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación.

Todo esto impacta de forma especial en el campo español y la agricultura, un sector estratégico por su importancia social y vertebradora del territorio, que aporta cerca del 3% del Producto Interior Bruto (PIB) del país, el 9%, si se contabiliza el conjunto del sistema agroalimentario. Pero, al mismo tiempo, de los 30.000 hm³ de agua que demanda el país en un año, el 80% va al riego de campos agrícolas (y el 15,5% al abastecimiento urbano). Así pues, está claro que la producción de alimentos es la pieza clave para conseguir una gestión sostenible de los recursos hídricos a largo plazo.

A pesar de la escasez de agua, España sigue siendo el país europeo con mayor superficie de cultivos de regadío, 3,8 millones de hectáreas, la mayoría en Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León. En las últimas décadas se ha avanzado en eficiencia de los sistemas de riego, pero la última planificación hidrológica para 2022-2027 mantiene la fuerte presión de los cultivos sobre las reservas hídricas del país. Este es un puzle difícil de resolver, pues hay muchos votos en juego. En términos electorales, no es buena idea enfadar a los agricultores, sobre todo, cuando la sequía ya está recortando sus cuotas de riego en muchas zonas del país y ocasionándoles cuantiosas pérdidas. Una situación muy delicada en la que la extrema derecha ha sembrado bulos muy efectivos como que el Gobierno de Pedro Sánchez está derribando cientos de embalses, en un momento que caen las reservas de agua, una mentira que Vox mantiene de una forma matizada en su programa electoral. La realidad es que lo que se están eliminando son pequeñas barreras obsoletas, sobre todo azudes, que fragmentan de forma inútil los ríos europeos, sin que esto haya supuesto una reducción de las reservas de agua.

Es en este campo agrietado por la sequía en el que Vox está consiguiendo pescar muchos votos, cargando contra las políticas ambientales o climáticas. El partido de Santiago Abascal no tiene pudor en prometer en su programa electoral los trasvases que hagan falta para llevar “agua en abundancia a todos los rincones de España” para recuperar el sector primario, una estrategia con unos altísimos costes económicos y sociales, con escasas posibilidades de fructificar.

Sin ponerse la venda en los ojos frente al cambio climático, Partido Popular y PSOE también ofrecen en sus programas más agua, pero desde postulados mucho más realistas, por medio de la eficiencia, la reutilización de aguas residuales regeneradas o la desalación. En el pasado, estos dos partidos ya se enfrentaron por el intento del Gobierno de José María Aznar de construir un gran trasvase que llevara agua desde el Ebro al sudeste español. Este proyecto que provocó manifestaciones multitudinarias en contra no llegó a realizarse. Sin embargo, entre 2004 y 2011, sí se construyeron las desaladoras propuestas como alternativa por el partido socialista. La capacidad actual de desalación en España es de cerca de cinco millones de metros cúbicos al día, un potencial solo superado en el mundo por Arabia Saudí, otros países del golfo Pérsico y Estados Unidos.

Sumar es la única de las cuatro principales formaciones que se atreve a abrir el melón del regadío, y propone en su programa una “reformulación de la planificación hidrológica en clave de emergencia climática”. Este partido plantea incluso una moratoria del regadío intensivo y una reducción progresiva del regadío superintensivo.

Este es un resumen de las propuestas sobre la gestión del agua de los cuatro principales partidos que concurren a las elecciones el 23 de julio.

PSOE: el doble de agua desalada

El apartado de agua del programa del PSOE recalca la necesidad de adaptar el país a lo que está por venir con el calentamiento del planeta: “Los escenarios climáticos previstos para España indican una mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos, como las sequías e inundaciones”. No obstante, su propuesta para las elecciones es bastante continuista. De cara a los próximos años, su programa lo fía todo a los planes hidrológicos del tercer ciclo aprobados de forma reciente, hasta 2027, que asegura que ya incluyen medidas para hacer frente a “escenarios más extremos”. Según el partido de Sánchez, en estos planes hidrológicos se han comprometido 5.000 millones de euros para infraestructuras hidráulicas y 2.130 millones de euros para la modernización y nuevos regadíos. “Actuaciones que en su mayor parte ya se están desarrollando y que suponen el volumen de inversiones en regadíos más ambicioso en lo que llevamos de siglo”.

Una de las promesas más destacadas del PSOE es duplicar para 2027 la capacidad de las desaladoras, dotándolas además de fuentes de energías renovables, y duplicar también la reutilización. Además, también proponen reformar el marco tarifario, impulsar la digitalización en la gestión del agua para mejorar la recopilación y análisis de la información o potenciar una mayor participación ciudadana y transparencia en el acceso a la información hídrica.

PP: un pacto nacional del agua

El programa del Partido Popular también tiene en cuenta la variable ambiental para “realizar una adecuada gestión” de los recursos hídricos, aunque en sus páginas se muestra algo más diluida. Hay una frase que aparece de forma idéntica en las propuestas del PP y del PSOE: “Impulsar un regadío moderno y sostenible”. Otras coincidencias son la llamada a la investigación en agua y el compromiso para aumentar la disponibilidad de recursos hídricos. No obstante, en general el programa popular es mucho menos concreto y no se especifica cómo esperan hacerlo. El partido de Alberto Núñez Feijóo también incluye algunas medidas grandilocuentes, como “desarrollar un pacto nacional del agua, desde el diálogo y el consenso, con participación de todas las comunidades autónomas y los sectores afectados”, que no queda claro para qué se necesita dentro del actual modelo de planificación por cuencas hidrográficas. Además, el programa prevé otras medidas como la creación de una Autoridad Nacional del Agua para el conjunto del territorio o un plan de modernización de las infraestructuras del Estado, presas y canales.

Vox: interconexión de todas las cuencas

El partido de Abascal propone un cambio radical en materia de agua, pero no para aliviar las causas que amenazan la disponibilidad de este recurso básico, sino para dar todavía más peso a la agricultura. Vox se desmarca por completo de lo que denomina “la religión climática” y realiza una defensa cerrada del sector primario del país, frente a la legislación europea. “La gestión del agua siempre debe abordarse desde una concepción nacional, porque es un recurso de todos los españoles”, defiende Vox, que promete “la inversión en las infraestructuras hidráulicas necesarias para almacenar y llevar agua en abundancia a todos los rincones de España”. Para ello, Vox propone “la interconexión de todas las cuencas que permita una gestión más eficiente del agua y pueda servir para reactivar económicamente a nuestro sector primario”. El partido ultra no da detalles sobre los costes de estos trasvases de agua de un lado a otro. Pero sí plantea una consulta a los ciudadanos para que decidan “si quieren un Plan Nacional del Agua que garantice el derecho de los españoles a disfrutar de sus bienes naturales en todo el territorio nacional o si, por el contrario, quieren mantener un modelo que empobrece a las familias y a los trabajadores del campo”.

Sumar: la batalla contra el desierto

El programa de Yolanda Díaz plantea una ruptura con la situación actual y propone una “reformulación de la planificación hidrológica en clave de emergencia climática”. Para la coalición Sumar, la cultura del agua imperante en España “ya no se adapta a la nueva realidad del siglo XXI, con tres cuartas partes de la superficie del país en riesgo de desertificación”. Por ello, propone un pacto de Estado que marque las líneas generales de la batalla contra el desierto, estableciendo una hoja de ruta para la racionalización, el ahorro y el reparto equitativo de los recursos adaptada a la nueva realidad climática. Entre otras medidas, Sumar propone una moratoria del regadío intensivo y reducción progresiva del regadío superintensivo; un plan nacional de preservación de aguas subterráneas que impulse un inventario de pozos en España y la clausura de aquellos ilegales que no cumplan las normativas para ser regularizados; así como una moratoria a la construcción de grandes instalaciones demandantes de agua, como campos de golf o megaproyectos urbanísticos, como el megacasino del Hard Rock en Tarragona o la llamada “ciudad del ocio” en Extremadura.

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