La familia de Miguel Hernández insta al Gobierno a que anule los sumarios que condenaron a muerte al poeta

La familia de Miguel Hernández insta al Gobierno a que anule los sumarios que condenaron a muerte al poeta de Orihuela y efectúe una declaración de reconocimiento y reparación personal. La solicitud, presentada por registro el pasado 30 de julio ante la secretaría de Estado de Memoria Democrática, parte de una propuesta del investigador hernandiano Joan Pàmies, a la que se han sumado la nuera de Miguel Hernández, Lucía Izquierdo, sus dos nietos, María José y Miguel Hernández Izquierdo, y los dos nietos de Encarnación, la hermana pequeña del autor de El rayo que no cesa, Darío y Rodrigo Terrés. A juicio de los postulantes, “los sumarios de aquellos años”, nada más acabar la Guerra Civil, “no recogen ningún testimonio de defensa del literato y los consejos sumarísimos de urgencia se desarrollan sin garantías jurídicas”.

Pàmies, que actuó como portavoz de la familia por iniciativa de Josefina Manresa, viuda de Hernández, ya mantuvo una conversación con el secretario de Estado, Fernando Martínez, quien aceptó hacer la declaración de reconocimiento el próximo día 31 de octubre. Para completar la propuesta formal, explica el experto hernandiano, “faltaba la presentación de firmas” que respaldara la iniciativa. A la petición se sumó la familia del escritor oriolano y una serie de personas con vínculos directos con el autor, tanto de la provincia de Alicante, con Orihuela y Elche a la cabeza, como investigadores de su figura y su obra. Entre ellos, también constan dos exmiembros del consistorio de Quesada (Jaén), municipio natal de Josefina Manresa, en el que se conserva el legado familiar de Miguel Hernández.

La petición relata el itinerario judicial del escritor oriolano, “perseguido por defender a la II República frente a los golpistas franquistas”, apresado en Moura (Portugal) “y entregado a la Guardia Civil de Rosal de la Frontera (Huelva) el 3 de mayo de 1939″. Tras ser encarcelado y posteriormente liberado en Madrid, Hernández vuelve a ser detenido en Orihuela el 28 de septiembre del mismo año. “En la primera detención se inició el Sumario 21001 y en la segunda, el Sumario 4407″, detalla el documento. “Está demostrado objetivamente que los procesos seguidos contra Miguel Hernández no tienen ningún rigor jurídico y los hechos atribuidos en los citados sumarios nunca se pueden considerar delitos, y la pena de muerte sentenciada se apoyaba en aspectos ideológicos, de opinión o de su clara alineación en la defensa del orden establecido y el apoyo a la elección de la ciudadanía de la II República, así como la utilización de sus palabras y escritos frente a los golpistas franquistas”, expone. El autor de Perito en lunas falleció finalmente en la prisión de Benalúa de Alicante, sede de los actuales juzgados de la ciudad, “como consecuencia de una intencionada inasistencia sanitaria”, dicen los demandantes, “tipificada por nosotros como asesinato por omisión”.

No es la primera vez que los herederos y estudiosos de Miguel Hernández acuden a los tribunales para anular los sumarios judiciales. “En 2010″, recuerda Pàmies, “se presentó un recurso ante el Tribunal Supremo que fue finalmente inadmitido un año después por la Sala de lo Militar”. Ese mismo año, en que se cumplía el centenario del nacimiento del poeta, “el Gobierno, a través de la entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, emitió un reconocimiento de reparación moral” del escritor alicantino, sin validez jurídica. En 2013, se elevó un nuevo recurso de reparación, esta vez “ante el Tribunal Constitucional”, que tampoco obtuvo efecto alguno.

En esta ocasión, los firmantes de la petición cuentan, según Pàmies, con el apoyo de Fernando Martínez, que propuso efectuar una declaración de Reconocimiento y Reparación personal a favor de la familia del poeta el 31 de octubre. No obstante, el escrito de petición formal propone que la fecha “más perfecta sería el 30 de octubre”, ya que coincide con el aniversario del nacimiento del escritor en Orihuela.