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La otra crisis de vivienda en Barcelona: los 8.000 pisos con patologías estructurales

“Estamos ante un tsunami”, alertan asociaciones de Vecinos del Besòs, La Pau, Trinitat Vella y El Carmel, que exigen fondos y ayudas en la gestión de fincas, algunas apuntaladas

“Estamos inmersos en una crisis de acceso a la vivienda y se ha puesto el foco en la construcción, pero estamos ante un tsunami de pisos que tienen patologías gravísimas y, si no se aborda su rehabilitación en serio, tarde o temprano caerán en ruina. Y esto también es derecho a la vivienda”. Es la alerta, por boca de Joan Maria Soler, que lanzaron este jueves la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (la FAVB) y cinco barrios de la ciudad donde estiman que hay 8.000 viviendas con “graves defectos estructurales”. El grueso se concentra en el barrio del Besòs (5.000 viviendas, 2.800 en riesgo grave), La Pau (2.500), Trinitat Vella (432), Poblenou (314) y El Carmel (cinco muy graves y decenas no tanto). Comparten que son periféricos, de rentas bajas o muy bajas y que su composición socioeconómica dificulta que las comunidades estén cohesionadas y tengan poder adquisitivo para afrontar grandes obras. Piden una gestión más acorde a la compleja situación social y líneas de crédito públicas y asequibles. Ya hay gente que se ha tenido que marchar de casa, que vive entre puntales o incluso algunos en pisos que han perdido la cédula de habitabilidad.

En el barrio del Besòs, Juan Antonio Amaya (42 años) es de los que se han tenido que marchar. Lleva más de un año en fuera de casa, apuntalada desde que el techo comenzó a ceder. Tras una breve estancia en un albergue, lleva más de un año en una pensión: “Hace un año que no me siento en un sofá ni abro una nevera”, dice sobre la vida que él y su pareja llevan en la habitación de la pensión. “¿Tengo que hacer una locura para que me hagan caso?“, pregunta este vecino cuya familia vivió en las barracas del Somorrostro. Su edificio, en la calle de Catania, lleva apuntalado desde 2019. Los primeros puntales los pagaron los vecinos, están en el sótano y allí siguen. La finca tiene redactado el proyecto de rehabilitación, pero salta a la vista que los vecinos no tienen ni para el aval bancario de la financiación. Lo cuenta Rafa, el presidente de la comunidad. 71 años, “agotado y nervioso después de diez años”. “¿Que cuántos vecinos podrían afrontar la obra? Ninguno. La obra es inejecutable”.

Estamos en las tres secciones censales más pobres de Barcelona. En la calle de Marsala, la paralela a Catania, vive Aurora Jiménez, 52 años y desde 2022 con el piso apuntalado. El piso de su hermana, en la misma escalera, también. Aquí, ya van tres veces en las que del techo se desprenden cascotes. “Una de las veces fue por Navidad, en plena comida a los del segundo les cayó una piedra así encima de la mesa”, gesticula Aurora. “Así no se puede vivir, no son condiciones, a veces piensas que no se arreglará nunca”, dice señalando el techo del baño al descubierto y explicando que, de acuerdo al programa del Ayuntamiento, su finca tiene previsto el proyecto de rehabilitación para 2027. Harta de esperar, en el salón ha puesto pladur para no ver las humedades. El mueble lo tuvo que tirar en la época en que vivió “meses y meses con goteras”.

Desde la FAVB, Soler recordó en la rueda de prensa que en conjunto, en Cataluña, y solo por aluminosis, hay 300.000 viviendas afectadas. El año pasado, en Badalona hubo que desalojar cinco edificios por patologías estructurales. Y en Esplugues, el conocido como El Barco, se tuvo que derribar. Los representantes de las asociaciones relataron este jueves como estos barrios de Barcelona ven pasar alcaldes, promesas, planes y convocatorias de fondos públicos, sin que su situación mejore. Son zonas, además, que han visto pasar de largo la millonada que hubiera representado disponer de Fondos Next Generation. La envergadura de las obras, complejidad de gestión y retrasos imposibilitan acceder a un dinero que, además, exige tener las obras terminadas en junio de 2026.

Con su veteranía como aval, Custodia Moreno, del barrio de El Carmel, explicó que en el barrio están “otra vez con la pancarta”, pese a que la situación no es tan grave como en El Besòs o Trinitat Vella. Y ha puesto el dedo en la llaga: planes bienintencionados y que los vecinos aplauden que existen, pero que acaban generando frustración por retrasos y problemas de gestión: “El Pla de Barris del Ayuntamiento nos ofrece un Mercedes y resulta que, por una mala gestión, una serie de bloques se han quedado sin poder hacer la rehabilitación. Hay que hacer proyectos globales a largo plazo”, exigió.

Así no se puede vivir, no son condiciones", dice Aurora, que vive entre puntales desde 2022 y su finca no tendrá proyecto de reforma hasta 2027

El presidente de la FAVB, Miquel Borràs, constató que, fueran públicos o privados en origen los edificios afectados, “sus vecinos están pagando la falta de actuación de la administración cuando tocaba hacerlo”. Y enumeró el rosario de planes, leyes, fórmulas de gestión, porcentajes de financiación pública, intervenciones, acuerdos con patronales, gremios y agencias públicas... Uno de los grandes escollos, convinieron los representantes vecinales, es la fórmula de la “autogestión con acompañamiento” de la administración, en la que los vecinos deben encargarse del proceso con la ayuda de un “agente rehabilitador” privado. “Muchas veces la vulnerabilidad o precariedad de los vecinos impide cuestiones como conseguir un aval o financiación”, dijo, partidario de hacer trajes a media de cada problemática. La gestión provoca “situaciones rocambolescas”, como que se multe a los vecinos por el estado de fincas donde se han parado planes, o edificios en tan malas condiciones que no pasan la Inspección Técnica necesaria para acceder a subvenciones. Es, dijo, chocar contra “un laberinto burocrático y técnico, que acaba con situaciones desesperadas”, cuando algún vecino se ve obligado a marcharse.

La representante del Besòs, Tereixa Pardo, alertó de la grave situación de un barrio al que las administraciones han prometido proyectos “desde 1977″, y donde hay familias viviendo entre puntales desde hace años y algunas incluso fuera de casa. El plan de rehabilitación va a paso de tortuga reumática. Pardo relató el círculo vicioso en el que están inmersos edificios cuyo mal estado provoca un relevo de vecinos: los que pueden se marchan, los pisos pierden valor y los nuevos vecinos tienen menos posibilidades de afrontar las obras: “Se han generado nichos de pobreza donde hay problemas imposibles de abordar, aquí no se pueden asumir adelantos. No pedimos no pagar, sino una gestión pública y líneas de financiación que se puedan prorratear”. “La situación es alarmante, la famosa autogestión no es viable aquí, por mucho que ahora los pisos sean privados, en origen la construcción fue pública”, dijo. Y repitió, como lleva años haciendo: “El punto actual es de riesgo para las vidas, si un día hay una desgracia, sus responsables tendrán nombre y apellido”.

Miguel Romera, representante de la asociación de vecinos de La Pau, un polígono de los años sesenta “con muy mala calidad constructiva y alto grado de vulnerabilidad” ha explicado que la situación allí “algo más estructurada que en El Besòs”, pero que “todo el barrio se construyó con cemento aluminoso” y que los vecinos están afrontando las rehabilitaciones. “El Instituto Municipal de Urbanismo nos propuso ser área de regeneración urbana, pero casi nada se ha cumplido: se habló de veinte inspecciones y se hicieron solo nueve, y ninguna se ha resuelto, mientras los bloques se degradan”.

Por parte de la Taula de la Trinitat Vella, Roberto Rodríguez, ha relatado el proyecto de regeneración urbana que arrancó en 2018 en este barrio que está en la periferia de la periferia. “Nos prometieron que las dejarían nuevas en 30 años y de las 452 viviendas en 75 fincas, en mayo de este año nos han comunicado que las condiciones cambian: habían prometido una cobertura con fondos públicos del 85% del coste y ha caído al 40%”. “Deja de ser viable en nuestro barrio, no se puede asumir”, aseguró y sobre los Fondos Next Generation lamentó que exijan destinar un 30% a eficiencia energética, cuando las prioridades de estas fincas son otras. ”La rehabilitación urbana no es un lujo, es una necesidad. La oportunidad que representan estos proyectos, por los retrasos, cambios de criterio en las coberturas generan mucha frustración, es una cuestión de justicia", zanjó.

El Ayuntamiento responde que está “sacando adelante el programa de regeneración urbana en la ciudad con el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad urbana y del entorno, con un carácter integral y dirigido a reducir las vulnerabilidades de calidad de vida en la ciudad y reforzar la resiliencia social”. Fuentes municipales aseguran que es “un programa estratégico” y sobre los plazos de los fondos Next Generation, precisa que trabaja con el Gobierno y el Govern para que “el límite temporal de las actuaciones que regulan los fondos marque como válidas las obras iniciadas antes del 30 de junio de 2026″.

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