Junts quiere fijar por ley el grado de “catalanidad” de los nuevos inmigrantes

El acuerdo entre Junts per Catalunya y el Gobierno para dejar en manos de la Generalitat la gestión de las competencias sobre inmigración ha colocado el foco sobre las exigencias que pone el partido de Carles Puigdemont para regularizar a los ciudadanos extranjeros que pretenden instalarse en Cataluña. El objetivo es fijar por ley el grado de “catalanidad” que debe acreditar una persona para poder acceder a los permisos de residencia y trabajo...

El acuerdo entre Junts per Catalunya y el Gobierno para dejar en manos de la Generalitat la gestión de las competencias sobre inmigración ha colocado el foco sobre las exigencias que pone el partido de Carles Puigdemont para regularizar a los ciudadanos extranjeros que pretenden instalarse en Cataluña. El objetivo es fijar por ley el grado de “catalanidad” que debe acreditar una persona para poder acceder a los permisos de residencia y trabajo. Se trata de un aspecto crucial, conceden en Junts. “Sin inmigración no hay progreso”, señaló Carles Puigdemont en la presentación del pacto con los socialistas, al tiempo que advirtió que “sin integración, no hay nación”. El texto acordado con el PSOE no define ninguna exigencia de conocimiento sobre el catalán y remite al marco legal vigente, pero los de Puigdemont tiene la intención de que, una vez el Congreso de los Diputados haya validado la transferencia de las competencias, el Parlament reglamente un listado de requisitos, más severos de los que ya están en vigor ahora.

Durante su congreso político del pasado mes de octubre, cuando Carles Puigdemont fue elegido presidente de la formación, Junts aprobó una ponencia que alude a “la supervivencia de la catalanidad”. El mismo concepto se introduce en la exposición de motivos de la proposición de ley para transferir a la Generalitat las competencias sobre inmigración, en el punto donde se recoge que “el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera”. El partido posconvergente plantea la gestión de la inmigración como un elemento nuclear para tener una incidencia transversal en Cataluña, y contempla el traspaso de la carpeta como un comodín con valor múltiple. De un lado, le sirve para contrarrestar los recientes acuerdos sobre financiación e infraestructuras alcanzados por ERC con el Gobierno, y del otro pretende ser un parapeto para diluir el discurso falaz de la ultraderecha identitaria. Además, Junts quiere usar el acuerdo con Pedro Sánchez para presionar a Salvador Illa, y situarle en la diana si llegan las dudas sobre la eficacia del traspaso. “Hemos cerrado un acuerdo estando en la oposición”, destacó Puigdemont. “Al Parlament se le viene mucho trabajo encima”, abundó Turull.

Si se logra alcanzar la mayoría en el Congreso de los Diputados para oficializar el traspaso, en el plan de Junts está la idea de llevar al Parlament un boceto normativo, con exigencias concretas para las personas migrantes. El objetivo es condicionar la expedición de permisos y documentos a poder acreditar un conocimiento de la lengua catalana. “En los informes de arraigo, el catalán ya es un elemento para valorar si aquella persona ha adquirido un grado de arraigo suficiente que acredite la renovación de su residencia en Cataluña, pero esto no pasa”, manifiesta Puigdemont.

En Cataluña, los extranjeros en situación irregular que quieren optar a un permiso de residencia por arraigo —una de las vías que prevé la Ley de Extranjería— han de obtener previamente, de forma obligatoria, un informe que acredite cierto nivel de arraigo en la sociedad. Los interesados han de acudir en primer lugar al ayuntamiento de la ciudad en la que viven, aunque finalmente es la Generalitat la que, desde 2012, tramita el informe. En 2017, la Generalitat aprobó una instrucción para unificar los criterios a la hora de medir ese nivel de integración. Uno de los requisitos que se exige para obtener un informe favorable es el lingüístico.

La norma prevé que, durante una entrevista con los técnicos, los extranjeros demuestren una “competencia lingüística básica” tanto en catalán como en castellano. O sea, que entiendan “palabras cotidianas” y “frases simples” y “puedan interactuar de manera muy sencilla siempre que la otra persona hable poco a poco y con claridad”. Si no acredita ese desempeño lingüístico “en las lenguas oficiales de Cataluña (catalán y castellano), tanto el documento de propuesta como el consiguiente informe de arraigo deben ser “desfavorables”.

Pero la persona que solicita el arraigo dispone de otra vía: la formación. La norma distingue aquí en función de la lengua. Para el catalán, exige o bien un certificado que acredite el nivel A1 (el más básico) o bien una formación mínima, oficial y reglada, de 45 horas. Para el castellano, exige solamente ese curso de 45 horas. Con una nota al pie de página: por muchos cursos que haya seguido, si a lo largo de la entrevista los técnicos constatan “que la persona solicitante no habla y no entiende ninguna de las dos lenguas oficiales”, el informe deberá ser desfavorable.

Fuentes conocedoras de esos trámites explican que, en la práctica, cuando el motivo del informe desfavorable es solamente el desconocimiento del catalán, la Oficina de Extranjería —encargada de tramitar la autorización del permiso de residencia— sigue adelante con el proceso.

El Defensor del Pueblo presentó un recurso al Tribunal Constitucional en 2010 para impugnar la exigencia, en Cataluña, de una serie de requisitos lingüísticos que afectaban a las personas migrantes porque, según se resolvió entonces, ataca el objetivo común de integración social del extranjero en la sociedad española.