El cierre de grupos escolares impacta de lleno en la ESO

El cierre de grupos educativos empieza a cebarse ya con la secundaria. A mediados de febrero, el Departamento de Educación anunciaba el cierre de 111 grupos para el próximo curso: 43 de Infantil3 y 68 de 1º de ESO. Es la primera vez que la secundaria se ve más afectada en infantil; hace un año se anunciaron 57 grupos menos en infantil y 31 en 1º de ESO. Educación lo justifica, principalmente, en el descenso de alumnos por la caída de la natalidad, aunque de momento las estadísticas cuestionan esta versión: el curso pasado había 346.500 alumnos en la ESO, 2.000 más que un curso atrás y 9.000 más que hace dos años, según consta en las estadísticas de Educación. Ello se explicaría por la matrícula viva, los alumnos que llegan a mitad de curso: solo de septiembre a principios de febrero se habían incorporado 12.000 nuevos alumnos en todas las etapas.

Este es precisamente uno de los argumentos de las familias para oponerse al anuncio del cierre preventivo de aulas, ya que Educación realiza una previsión conservadora en la oferta inicial de plazas y tras la matriculación acaba ampliando para dar respuesta a toda la demanda. Estos días se están empezando a conocer algunos de los centros afectados por la pérdida de aulas y en algunas ciudades como Terrassa, Granollers o Mataró ya se están produciendo protestas.

Terrassa es precisamente el caso más controvertido conocido hasta el momento, ya que desaparecen dos grupos de Infantil3 y siete de 1º de ESO (el 10% del total de Cataluña), la mayoría en centros de máxima complejidad. Destaca especialmente el caso del instituto Santa Eulàlia, que pierde los dos grupos de 1º de ESO porque empieza su transformación progresiva para convertirse en un centro especializado de FP de aquí a dos años, según explica en su web. Para compensar, se crea solo un grupo en el instituto Can Jofresa.

“Es un recorte brutal de la pública, mientras que la concertada se mantiene y además se rompe el pacto para reducir las ratios, de manera que la concertada saldrá con una oferta superior a la pública”, espeta Tiago Ferreira, portavoz de La Pepeta, la plataforma de AFA de la escuela pública de Terrassa. Ferreira rechaza el argumento del descenso de natalidad para justificar el cierre de aulas. “Terrassa está ganando población y hay que contar con la matrícula viva, que son unos 1.500 alumnos que llegan a mitad de curso. Además, las estadísticas muestran que faltan plazas de ESO en la ciudad”, añade.

De hecho, tres de los siete grupos de ESO que desaparecen son los llamados “bolets” habilitados el año pasado, es decir, grupos que se abren de forma puntual para dar respuesta a la alta demanda y que este curso, de momento, no se ofertan. Para protestar por el recorte de grupos, unas 500 personas, según la Policía local, se han manifestado este miércoles por la tarde ante la Oficina Municipal de Escolarización.

Terrassa no es la única ciudad que saldrá a la calle para protestar. Este jueves las familias de Mataró también han convocado una concentración ante el Ayuntamiento. En la capital del Maresme se han programado dos aulas menos de I3 y tres de ESO. A pesar de que hace años que puso en marcha una reducción de ratios generalizada y más acusada de la marcada por la Generalitat, la ciudad no ha podido evitar la desaparición de grupos.

Las familias de las dos escuelas afectadas -Rocafonda y Camí del Mig, ambas con alta concentración de alumnos vulnerables- califican el anuncio de “inesperado e injustificado” y lamentan que, el hecho de conocerse pocos días antes del inicio de la preinscripción “puede condicionar a la baja” el número de solicitudes que reciba el centro. Asimismo, consideran que ello pone en riesgo el proyecto de escuela. “Tenemos las mejores instalaciones de la ciudad, tres bibliotecas, un gran patio, un potente proyecto educativo y varios programas de innovación… no se entiende a nivel de recursos”, expresa Jordi Esquerra, miembro del AFA de Rocafonda. Las familias también censuran que la decisión rompe el pacto municipal de evitar cierres de grupos de escuelas de alta complejidad, como las suyas.

En Granollers preocupa especialmente la escuela Joan Solans, porque en marzo no abrirá inscripciones para Infantil3 y solo se podrán matricular los alumnos con hermanos mayores en el centro, que son siete. Las familias, que protagonizaron una protesta el martes y han convocado otra para este jueves, consideran que esto implica un “cierre encubierto” del centro, ya que a parte de no permitir que accedan nuevas familias, provocará que muchas familias actuales cambien de escuela por temor. El Departamento lo niega. “Hacemos esto para no cerrarlo, es una medida de protección”, aseguran. Y añaden que si hay familias de índole diversa que se quieran apuntar se abrirá el grupo, aunque inicialmente la oferta inicial será de cero plazas. Hace unas semanas, la Fundación Bofill presentó un estudio donde alertaba que 116 escuelas estaban en riesgo de cierre por la falta de alumnos.

Pero también hay casos en que se ha corregido la decisión inicial de cerrar grupos, como Lleida, donde la Mesa local de planificación decidió en noviembre la reducción de dos aulas de I3 de las escuelas Alba y Espiga. Entonces, se argumentó que mantener las plazas con el descenso demográfico provocaría “una sobreoferta” que “debilitaría los centros con menos demanda” y que provocaría que “la concentración de familias con más recursos en determinados centros”, según consta en las actas de las reuniones consultadas por este diario. Pero debido al revuelo generado por el anuncio, la Mesa se reúne un mes después y decide “hacer un estudio más exhaustivo” y en enero concluye mantener todos los grupos de I3 públicos.

Desde la Affac denuncian que “se está manteniendo los grupos en la concertada a costa de cerrar en la pública”. “Hay que proteger la pública, especialmente porque donde sobran plazas es en la concertada”, defiende su directora Lidón Gasull, quien también critica el hecho de que gran parte de los centros afectados sean de máxima complejidad. “En lugar de hacer políticas valientes de escolarización equilibrada, lo que se está haciendo es reducir las plazas en escuelas segregadas. Esta no es una forma de solucionar la segregación. Y al final, los alumnos vulnerables de ese barrio se verán obligados a trasladarse a otras escuelas”, afirma Gasull.

El sindicato Ustec considera que “se está desmantelando la red pública” y pide que se aproveche el descenso de alumnos para reducir las ratios, también en ESO, donde las aulas están más masificadas.

Bronca política

Los recortes de grupos escolares están generando también una agria bronca política, especialmente en Terrassa. La concejal de Educación, Patricia Reche, cuestiona los datos del Departamento: “Dicen que hay baja natalidad y una sobreoferta, pero eso no se ajusta a la realidad de Terrassa, ya que tenemos mucha matrícula viva y hay previstos crecimientos de población en breve en varias zonas de la ciudad”. A pesar de ser conocedor de los cierres desde finales de noviembre, el Ayuntamiento no se ha pronunciado públicamente en contra hasta hace unos días, después de que las AFA y los medios de comunicación locales publicaran los centros afectados. Reche lo justifica en la “lealtad institucional” y que esperaban a la publicación de las actas, “que no reflejan los debates reales y dice que hay un acuerdo, pero no es así”. Con todo, la concejal también admite que la polémica ha cogido al gobierno local “en un momento de cambio” (tres concejales diferentes de Educación en menos de dos años). Por su parte, Educación descarta polemizar sobre el tema, pero recuerda que las actas las elaboran técnicos.

En Mataró también ha causado una polémica política particular, ya que en un primer momento, la concejal de Educación, Bea Delgado, justificó y apoyó la medida del cierre de líneas por el descenso de natalidad. Pero tras las protestas de las familias, el Gobierno local (PSC) ha dado un giro de 180 grados y ha enviado una carta a la Generalitat pidiendo que replantee la decisión.