ERC y Junts retoman la batalla independentista a sus dominios

El procés tiene fecha de nacimiento: 20 de septiembre de 2012. El portazo del Gobierno del PP al pacto fiscal pedido por el president Artur Mas dio alas a la idea de que solo quedaba la vía del embate unilateral, sobre todo tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Pero también, desde el pasado jueves, hay fecha de deceso....

El procés tiene fecha de nacimiento: 20 de septiembre de 2012. El portazo del Gobierno del PP al pacto fiscal pedido por el president Artur Mas dio alas a la idea de que solo quedaba la vía del embate unilateral, sobre todo tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Pero también, desde el pasado jueves, hay fecha de deceso. Los 14 votos de Junts y ERC a Pedro Sánchez a cambio de la amnistía han consumado el giro que entroniza al marco constitucional como el único posible para solucionar el conflicto político. La carrera hasta las próximas elecciones catalanas, en 2025, será el palacio de invierno para unos partidos que no renuncian a su ideología pero se enfrentan a la gran duda de cómo digerirá un electorado, ya de por sí desmovilizado, el cambio de rasante y el temor a que surjan nuevos competidores.

El preámbulo de la ley de amnistía que el PSOE cocinó en mesas separadas con Junts y ERC certifica el cambio de naturaleza en lo que hasta ahora había marcado el procés, aunque el fondo del conflicto siga sin resolverse. “Las metas a perseguir dentro del marco constitucional son plurales. No obstante, todos los caminos deben transitar dentro del ordenamiento jurídico nacional e internacional”, asegura un texto lleno de referencias a la Constitución. No es el único movimiento. Junts, principal crítico del acercamiento de ERC a los socialistas desde la moción de censura a Mariano Rajoy, ahora se apunta también a explorar las posibilidades de un diálogo donde la única diferencia palpable a lo hecho por los republicanos es la figura de un verificador internacional.

La lucha entre la estrategia posibilista de ERC y la confrontacional de Junts ha condicionado el último lustro en la política catalana. Pero ambos partidos insisten en que no renuncian “a ninguna vía” para lograr su meta y se refugian en elementos más retóricos que efectivos. En su conferencia en Bruselas, el propio Carles Puigdemont advirtió en septiembre a Sánchez que si buscaba a Junts como socio tendría que aceptar que era un partido que jamás descartaría la unilateralidad “como recurso legítimo para hacer valer sus derechos”. El secretario general de Junts, Jordi Turull, aseguró la semana pasada en TV3 que su formación era responsable “de más de la mitad” del texto, sin aclarar si también implicaba dar por buenos planteamientos que eran considerados hasta hace poco heréticos en la formación neoconvergente.

“ERC hace cuatro años puso una música a sonar y todo el mundo ahora la está bailando”, le espetó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a su homóloga de Junts, Míriam Nogueras, en su intervención el pasado jueves en el debate de investidura. No solo fue una bienvenida al diálogo, sino también a la digestión con sello republicano de lo ocurrido en 2017. Ya en las elecciones del 21-D, convocadas por el 155, mientras que Junts veía un mandato en el referéndum ilegal del 1-O, el programa de ERC izaba la bandera de la “negociación bilateral” y aparcaban la vía unilateral al constatar que no había ni la fuerza ciudadana sostenida en el tiempo ni el reconocimiento internacional para defenderla.

Trabajo pedagógico para ERC y Junts

La dependencia del PSOE de las dos formaciones independentistas asusta en ciertos sectores, que recuerdan cómo la feroz competencia entre Junts y ERC hizo temblar en varias ocasiones el acuerdo de investidura. Y nada hace creer que el día a día parlamentario sea inmune a la misma dinámica. Sin embargo, mientras que existan los foros de diálogo puestos en marcha y se gestione la previsible pugna jurídica por la amnistía, todos seguirán en el mismo barco y el tono de confrontación no parece tener mucho encaje. Empatadas a siete escaños cada una, todo parece indicar que de momento en el Congreso la prioridad pasa por que cada uno organice su casa: ERC trabaja en asumir que ya no arbitra en solitario los pasos de Sánchez y Junts se vuelca en reforzar un vaporoso relato del socio intransigente.

“En este momento el independentismo tiene más fuerza en Madrid que en Cataluña. Y esto a mí me preocupa mucho”, aseguró el pasado viernes Artur Mas en una entrevista a TV-3. El expresident ponía así el dedo en que ERC, Junts y CUP suman 73 diputados en el Parlament, superando con creces la mayoría absoluta de 68 pero sin incidencia real ni a nivel sectorial o de ambición nacional. El último barómetro del CIS catalán, también conocido la semana pasada, incluso alerta que esa mayoría sostenida en el tiempo está por primera vez en peligro de no repetirse, algo que abriría la puerta a que el PSC llegue al Palau.

A la unidad independentista no se le espera. Incluso ahora hay quien en Junts insiste en la idea de que ERC ha claudicado en su apuesta independentista -esa idea centró el debate de ruptura del Govern, en 2022- y hay quien se mofa directamente de que los republicanos defiendan que es posible “ampliar la base” independentista enarbolando la bandera del diálogo. Pero ahora esas mismas críticas se vierten sobre Puigdemont y los suyos, y viniendo de sectores antes afines. “Sabe mal que los que habían mantenido el estandarte de la resistencia ante la política represiva del Estado hacia el independentismo finalmente hayan pensado que valía la pena dar sus votos para investir a un presidente español”, se lamentó la eurodiputada Clara Ponsatí, el pasado viernes, en una entrevista a RNE.

La que fuera consejera de Educación durante el 1-O y que huyó junto a Puigdemont a Bruselas para evitar responder ante la justicia española también se ofreció para arrimar el hombro en la creación de “nuevas herramientas políticas” que permitan relanzar “el independentismo”. La retórica llega hasta donde llega y Junts ya no puede monopolizar la defensa nítida de la unilateralidad. ERC lleva años de ventaja en el proceso de que su electorado entienda sus virajes y ahora es Junts quien tiene que pasar por ese trago. En la consulta interna de la semana pasada sobre los acuerdos se impuso el sí con un 86% de los votos de los participantes (el 67% del censo), pero casi un 14% se mostró en contra.

Con un incierto potencial electoral, es ese espacio al que Ponsatí quiere llegar. Pero no es la única interesada. También ha levantado la mano la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que no desiste de su idea de presentar listas cívicas propias. “Si los partidos no hacen la independencia, estamos determinadas a hacerla nosotras, utilizando las elecciones, y con nuevos actores si fuera necesario”, clamó la presidenta de la entidad durante la pasada Diada, Dolors Feliu. La ANC, con una dirección dividida, ve en la traición de Junts y ERC el momento para poner en marcha su plan. También espera en capilla el partido xenófobo Aliança Catalana. Su cara visible, la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, ve posible capitalizar el desencanto social y nacional a su favor y ya maniobra para crear una red territorial que le apoye.

Caída del independentismo

Pero con la unidad independentista bailando por pocos escaños, una nueva candidatura que arañe apoyos pero no se imponga puede cambiar radicalmente el resultado. Los de Puigdemont, por ejemplo, recuerdan aún los 77.000 votos que obtuvo el partido del que se escindieron, el PDeCAT, en las catalanas de 2021… Si hubiera habido coalición neoconvergente, Junts habría mantenido la primacía en el bloque independentista y la historia sería muy diferente.

Pero el fantasma que realmente ronda las reuniones de análisis y perspectiva de republicanos y juntaires es otro. En las municipales, 300.000 votantes independentistas se quedaron en casa o votaron a otras formaciones, y el 26-J esa cifra se duplicó. La desmovilización de ese electorado genera una gran preocupación. ERC de momento quiere apostar por vender su gestión. Un discurso hasta ahora satanizado de “autonomista”. Pero la Generalitat, con un presupuesto de más de 41.000 millones de euros y más de 360 cargos de confianza (con un sueldo promedio de 84.000 euros, consejeros incluidos), podría parecer un mero palacio de invierno, pero es mucho más que eso.

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