La Moncloa rebaja la exigencia de Puigdemont sobre un mediador

El primer intento de acercamiento entre el Gobierno central y el de la Generalitat tras la etapa más dura del procés embarrancó en 2019 por una polémica figura que vuelve a estar ahora encima de la mesa: la del relator. Entonces y ahora la parte catalana consideraban que, ante la falta de confianza entre las dos partes, era necesaria la presencia de un tercer actor que ejerciera un cierto rol de coordinación y seguimiento de los eventuales acuerdos y hasta hace poco desde Junts se defendía ...

El primer intento de acercamiento entre el Gobierno central y el de la Generalitat tras la etapa más dura del procés embarrancó en 2019 por una polémica figura que vuelve a estar ahora encima de la mesa: la del relator. Entonces y ahora la parte catalana consideraban que, ante la falta de confianza entre las dos partes, era necesaria la presencia de un tercer actor que ejerciera un cierto rol de coordinación y seguimiento de los eventuales acuerdos y hasta hace poco desde Junts se defendía que esta figura debería tener un carácter internacional.

Hace cuatro años, barones del PSOE como Guillermo Fernández Vara levantaron la voz en contra de un formato que recordaba más las negociaciones de un conflicto armado de larga duración que uno de encaje territorial en una democracia asentada. La idea de nombrar dicho relator cayó junto con la primera mesa de diálogo y ERC rechazó apoyar los Presupuestos Generales, lo que derivó en unas elecciones anticipadas en abril de 2019. En esta ocasión, sin embargo, fuentes de La Moncloa creen que el escenario es diferente e insisten en que hay más espacio a explorar después de que el expresident Carles Puigdemont replanteara la cuestión como un “mecanismo de mediación y verificación” en su conferencia de Bruselas el pasado martes.

Mediador, relator, notario, coordinador, verificador... Entonces, como ahora, todas las palabras se han usado indistintamente aunque tengan significados distintos. Conceptualmente, cada una de esas figuras apelan a escenarios muy diferentes e implican papeles diversos. Por eso desde el Gobierno, aún a la espera que fracase el intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo, creen que hay camino a recorrer para modular esa exigencia del expresident huido de la justicia española en Bélgica. Esa visión positiva se sustenta en el hecho de que Puigdemont no planteara directamente la necesidad de un mediador internacional, como ocurrió en 2019, sino que se refiriera a un indeterminado “mecanismo”.

En el pasado, Junts había dejado por escrito y algunos de sus líderes se habían referido a la necesidad de que existiera el mediador y fuera una personalidad o una entidad de carácter internacional. Una de las más trascendentes, por ejemplo, fue la ponencia política aprobada en el último congreso de la formación, en 2022. Allí se establece que “la necesaria mediación internacional entre Cataluña y España” tiene que venir de “organismos internacionales o estados que hayan mantenido una posición neutral”. En el programa electoral de las pasadas elecciones catalanas abogaban por un gran resultado que forzara “la aceptación de una mediación internacional como elemento facilitador y garante de la negociación”. Ambas referencias se enmarcan, eso sí, dentro de una negociación sobre el conflicto político y no sobre las condiciones de una investidura.

Con todo, Puigdemont fue deliberadamente cuidadoso durante su conferencia del pasado martes en dejar abiertos los escenarios y no hacer un primer planteamiento maximalista. Imponer de entrada una condición que impidiera que ni los vascos pudieran ejercer ese papel, por ejemplo, implicaría frenar en seco cualquier negociación de una condición ya muy difícil de aceptar por el lado de socialistas y Sumar. De hecho, el enlace de la plataforma de Yolanda Díaz con el expresident, Jaume Asens, ya ha quitado en varias ocasiones hierro a esa posibilidad. “Cuando se habla de un relator internacional, neutral, me parece que es difícilmente asumible porque alargaría mucho el proceso y no deja de ser una negociación entre partidos”, defendió el exdiputado de En Comú Podem en unas declaraciones a Onda Cero, el pasado miércoles.

El espíritu de lo que Puigdemont engloba en ese “mecanismo de mediación y verificación” es lograr una manera de sortear la complicada crisis de confianza entre el Gobierno y Junts. Para los independentistas, esa figura externa es la única manera de tener certeza “en procesos que requieren una larga tramitación o ejecución”. La duda que aún no responden desde ese partido es si debería tener un papel meramente notarial —hacer una relación de los acuerdos— o de desatascador de la negociación, teniendo un papel incluso de arbitraje en el caso de que una de las partes no cumpla alguno de los acuerdos.

Acuerdos

La falta de cumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno hacia Cataluña ha sido una de las quejas más recurrentes tanto de ERC como de Junts. El ejemplo más paradigmático es el de las inversiones que se destinan a Cataluña dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Por ejemplo, en las cuentas de 2021, a Cataluña llegaron en forma de obras 739 millones de euros frente a los 2.068 millones consignados en las cuentas. Esas reclamaciones se podrían hacer en el marco de las diversas comisiones bilaterales que establece la ley, pero todo queda en acta sin un mecanismo real que fuerce la ejecución.

Entidades independentistas como Òmnium Cultural plantean la necesidad de que ese relator exista en cualquier negociación con el Ejecutivo y, de hecho, su presidente, Xavier Antich, cree que debe ser internacional, aunque sin decantarse sobre si debe ser una persona o una entidad. “Cuando los conflictos se enquistan y no se encuentra la fórmula o el lenguaje es habitual que haya una persona fuera del ámbito del litigio, que no tenga posición, que ayude en la resolución del conflicto”, defendió este viernes durante una entrevista concedida a TV3.

En 2019, cuando la Generalitat hizo público que el Gobierno aceptaba esa figura, incluso voces del PSOE salieron a criticar la decisión y el PP, entonces liderado por Pablo Casado, llegó a amenazar con una moción de censura ante lo que consideraba el cruce de una línea roja. La entonces vicepresidenta Carmen Calvo se vio obligada a intentar matizar el planteamiento pero defendiéndolo: “No, no hacen falta mediadores, ni para el Gobierno ni para el PSOE. Sí, acaso, alguien que pueda tomar nota. Que pueda convocar, que pueda coordinar porque hay diferentes partidos. Pero no hacen falta mediadores para estar dentro de la ley”. Y ahondó posteriormente: “Alguien que sea capaz de decir: ‘nos convocamos, tomo nota de lo que vamos hablando’. La figura de lo que hace un relator en el Congreso, alguien que entiende lógicamente de política, no vamos a sentar a alguien ajeno a la situación de Cataluña en España”.

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